Muchos comerciantes se encuentran ante esta pregunta una vez han decidido emprender un negocio de carácter mercantil, pues lo que si se conoce claramente es que la ausencia de este requisito puede ocasionar sanciones pecuniarias de gran proporción que definitivamente nadie quiere verse en la obligación de pagar por desconocer este requisito legal, es por esta razón que a continuación se explicara qué es y en que consiste el registro mercantil:

Dice el artículo 26 del código de comercio que el registro mercantil tiene por objeto “llevar la matrícula de los comerciantes t de los establecimientos de comercio, así, como la inscripción de todos os actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad”. Agrega que tal registro será público y que cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos.

Coinciden unánimemente la doctrina y la jurisprudencia en reconocer que el registro mercantil es un instrumento de publicidad para la vida comercial, cuyo objeto es permitir al público el conocimiento de ciertos datos relevantes para el tráfico mercantil, algunos hechos y actividades de esta naturaleza producen efectos no solo entre las partes si no también frente a terceros, por lo cual por razones de seguridad jurídica es menester que exista un mecanismo para su conocimiento público, por ellos, la ley impone al comerciante la obligación de dar publicidad a tales hecho so catos, así como su propia condición de comerciante. La ley mercantil distingue entre la matricula mercantil, que es el registro de la condición de comerciante, y el registro mercantil que es la anotación de os actos, libros t documentos respecto de los cuales la ley exige publicidad. Este interés de terceros es un interés concreto, es decir no todos los hechos de la vida profesional del comerciante se llevan a la publicidad, pues hay sectores de su actividad que permanecen completamente cerrados a publicidad legal, como lo suque se refieren a los negocios que lleva a cabo, a sus posibilidades de venta etc. Otras actividades o situaciones tampoco son objeto de publicidad sin motivo suficiente, aun cuando su conocimiento afecte el interés general, como sucede con la situación financiera del negocio, el legislador en principio protege el secreto de la contabilidad mercantil y solo excepcionalmente su publicación. En cambio, cuando el legislador impone la obligación de registrar determinado acto, lo hace en defensa del interés concreto de u tercero que puede verse afectado con él.

A diferencia de otro registro que son de naturaleza real, como el registro inmobiliario, el registro mercantil es de naturaleza personal porque lo inscrito es la persona misma en su condición de comerciante y los hechos y actos que a él lo afectan frente a terceros. Usualmente se le reconoce un carácter meramente declarativo, en cuanto es simplemente un mecanismo de publicidad de ciertos hechos o actos relevantes en el tráfico mercantil. Es decir, la inscripción en el registro no es un requisito de aquellos que son necesarios para la existencia o para la validez de los actos jurídicos inscritos, sino que únicamente los hace conocidos y por lo tanto oponibles a los terceros, así una vez hecho el registro el acto surtirá efectos no solo entre las partes si no ante terceros por lo cual en adelante nadie podrá alegar su desconocimiento.

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En cuanto a la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho donde toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado por una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad de acto administrativo y se le restablezcan sus derechos, también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase o la devolución de los que indebidamente entre otras.

En cuanto a la acción de reparación directa que la persona interesada podrá demandar directamente la reparación de daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una  operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o el servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

De los anterior se deduce claramente que para una y otra acción las causas que originan su ejercicio son distintas.” (Consejo de estado. Sección tercera. Sent.ag. 30/2001. Cp. María Elena Giraldo Gómez)La conducta administrativa, como causa, que origina la acción de nulidad y restablecimiento de un acto administrativo en firme, que se considera ilegal, se persigue con esta acción no solo la nulidad de ese acto sino también el restablecimiento y la indemnización de lo indebidamente pagado. Para la acción de reparación directa varias son las causales que permiten su ejercicio, como son: causa un hecho, una omisión, una operación administrativa ilegal, la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa por parte de la administración, que ocasiona un daño; y las conductas materiales provenientes de los particulares que le causen daños a la administración, se persigue también con dicha acción a más de la declaratoria de responsabilidad extracontractual la reparación del perjuicio.”

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El estado civil es un concepto que nos concierne a todos y que está inmerso en la mayoria de las actuaciones civiles que realizamos las personas que pertenecemos a un país con un ordenamiento jurídico determinado y soberano, a continuación se explicara en que consiste este importante concepto así :

Los artículos 14 y 44 de la constitución política establecen que toda persona tiene el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, y que el nombre y la nacionalidad son derechos fundamentales del niño. Con ello, el ordenamiento reconoce que la persona humana, por el solo hecho de existir, goza de ciertos atributos que se consideran inseparables de ella y que le permiten por tanto, ser sujeto de derechos y obligaciones.

Sobre el derecho a la personalidad jurídica, la corte acogiendo los criterios de la doctrina moderna, ha precisado que el mismo no se reduce únicamente a la capacidad de las persona humana a ingresar en el trafico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende además la posibilidad de que toso ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica individualidad como sujeto de derecho. En este mismo orden de ideas, señal a la doctrina constitucional que el derecho a la personalidad jurídica guarda íntima relación con los derechos de la libre personalidad y a la e identidad personal, en cuanto ambos representan  expresiones de libertad, proyectada en valores o atributos de la o individualidad personal y de la so distinción del sujeto frente a los demás. Teniendo en cuenta lo anterior tenemos que los atributos o calidades jurídicas de las personas que permiten identificarlas y diferenciarlas en el conglomerado social, es el estado civil. Por su intermedio los seres humanos definen ciertos hechos fundamentales de su personalidad logran una ubicación jurídica en su núcleo familiar y social. Así en lo que toca con la personalidad, se puede establecer s se trata de un hombre o muer si es menor o mayor de esas y si está vivo o si ya ah fallecido. Por le lado de la familia y la sociedad, se determina si es hijo legitimo o extramatrimonial y si está casado o es soltero. De conformidad con lo dispuesto por el articulo primero del decreto 1260 de 1970, el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determinada por su identidad objetiva, sus relaciones de familia y por su interrelación con la sociedad. En efecto el estado civil es la posición jurídica de la persona vista en su doble condición: individuo y elemento social.

Como se explicó el estado civil es un atributo de la personalidad de cada persona que permite su individualización en familia y en sociedad, por esta razón todos los actos jurídicos que la persona realice a lo largo de su vida, quedaran plasmados en su estado civil.

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El pacto arbitral es un negocio jurídico que tienen origen privado, el cual tiene por objeto fundamental, la renuncia al derecho fundamental a obtener la tutela de los jueces y tribunales para la resolución de los conflictos y desplazarlo a un particular para que sea el, el competente para resolverlo, vía laudo arbitral.

Dicho enfoque es compartido por la mayoria de los doctrinantes colombianos al afirmar que el convenio arbitral no es más que un pacto o una cláusula contractual de la que se desprende la opción de las partes por el arbitraje, se puede definir entonces este pacto diciendo que el convenio arbitral es el acuerdo que soporta la estructura del arbitraje, y tiene como finalidad que las partes consientan y expresen su voluntad de resolver la controversia utilizando este medio de naturaleza heterocompositiva.

Por su parte canturías Salaverry (canturías Salaverry Fernando. Arbitraje comercial de las inversiones. Editorial universidad peruana de ciencias aplicadas.2007.pag320.) Señala los elementos esenciales del convenio arbitral. 1. El compromiso inequívoco y claro de que las partes desean someterse al arbitraje. 2. La fijación de la relación jurídica respecto de la cual se arbitraran los conflictos.

El estatuto de arbitraje nacional e internacional colombiano establece dos definiciones, una cuando se habla de arbitraje nacional y otra respecto de arbitraje internacional. En arbitraje nacional, el pacto arbitral es un negocio jurídico por medial del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas y precisa que el pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. Mientras que en arbitraje internacional, habla de acuerdo de arbitraje como aquel por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no.

En ambos casos se establece las dos modalidades en que puede materializarse ese acuerdo uno es la cláusula compromisoria y otra el compromiso o el acuerdo independiente.

Queda claro entonces que el pacto arbitral es un negocio jurídico que puedo ir inmerso en un contrato o puede ir separado del mismo, donde las partes en acuerdan renunciar a la vía ordinaria y aceptan dirimir su conflicto por medio de un tribunal arbitral que decidirá la controversia a través de un laudo arbitral que hace tránsito a cosa juzgada y presta merito ejecutivo al igual que una sentencia judicial ordinaria.

Siendo la acción de petición de herencia aquella en virtud en la que el demandante, invocando a titulo preferente o concurrente de heredero Contra el que a su vez ostenta el demandado, intenta excluir a este, total o parcialmente, de la participación de los bienes hereditarios, es claro entonces que dicha acción da origen a una controversia en que se ventila entre el demandante y el demandado a cuál de ellos le corresponde en todo o en mas parte el título de legitimo sucesor del causante en calidad de heredero y pos consiguiente la universalidad de los bienes herenciales o un parte de estos.

Así como la reivindicación representa la sanción de la propiedad singular, la acción de petición de herencia constituye la sanción de todo llamamiento hereditario se legal o por razón de disposición testamentaria, y su objeto de acuerdo con los artículos 1321 y 1322 del código civil es el de permitirle al heredero demandante hacer reconocer su calidad con todas las prerrogativas a ella inherentes, enfrente de quienes pretendan obtener ventajas que se funden también en títulos sucesorales pero incompatibles con tales prerrogativas, de manera que si el que entabla la acción es heredero de mejor derecho puede demandar la correspondiente declaración  y pedir la restitución de la herencia que el o los demandados ocupan, mientras que si es únicamente heredero de cuota podrá demandar tan solo el reconocimiento de su calidad respecto de esa cuota y la restitución pro indiviso de los efectos herenciales que proporcionalmente correspondan, todo ello en el bien entendido que debátase el uno o el otro de estos casos, es lo cierto que al vindicar el actor su calidad de heredero con los atributos que de su vocación dimanan, lo que propugna es por su posición en la herencia  y consecuencialmente, la satisfacción de reintegrum del interés patrimonial que en la misma corresponda. Pero si tanto el actor como el demandado son herederos legítimos, entonces al encontrarse poseído de acervo en su totalidad por el demandado, que lo pretende hereditariamente para sí, el demandante tendrá derecho, en virtud del propio artículo 1321, a que se le adjudique la herencia en la cuota que le corresponda, esto es, a que se le reconozca su derecho en esa parte de la universalidad sucesoria y por tanto a que se verifique que la partición  entre el demandado y el demandante con arreglo a la ley y se le entreguen a este por aquel con su respectivos frutos, los bienes de la herencia que aquel   en la misma partición le sean adjudicados en pago de su cuota.

La acción de petición de herencia esta en cabeza entonces de aquel persona que pretenda se le adjudique un legado hereditario en su totalidad o parcialmente desplazando a uno o a varios herederos en la partición de la universalidad hereditaria.

La idea de que todos los ciudadanos del común quieren jueces con toga negra, abogados bien vestidos y tribunales bien revestidos como marco para resolver sus disputas no es del todo cierta. La gente del común con problemas, lo mismo que la gente con enfermedades, quiere remedios, y los quiere lo más rápido posible y lo más barato que sea posible. Con base en lo anterior destacado, se ha creado el concepto de resolución alternativa de conflictos, que otros denomina equivalentes jurisdiccionales. En la búsqueda de una definición completa de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, necesariamente se debe considerar el contenido actual de acceso a la justicia y el fin fundamental de la función pública de administrar justicia, donde la participación ciudadana, el pluralismo ideológico y la misma dignidad del hombre constituyen pilares fundamentales de un estado social de derecho. En esta perspectiva, una opción de definición es la manejada internamente y que hace referencia básicamente a toda forma de resolución de conflictos que no pase por la sentencia judicial, uso de la fuerza o el abandono del conflicto.

Para otros lo mecanismos alternativos de resolución de conflictos podrían definirse como un conjunto de fórmulas legalmente reglamentadas por medio de las cuales es posible administrar justicia, aunque no están integradas a la justicia ordinaria y sin que el estado imponga sus actos de manera coactiva.

Sin embargo la denominación de alternativos de este mecanismo se fundamenta en el hecho de ser unas formas diferentes y distintas a la justicia permanente ordinaria. Sin que ello implique que no estén integrados dentro del sistema de administración de justicia, función esencial del estado, a que es la ley la que los institucionaliza y les confiere poder de solucionar conflictos.

Tenemos entonces que como características principales de los métodos alternativos de solución de conflictos podemos nombrar: a. tienen consagración legal. B. los operadores de estos mecanismos no están dentro de la justicia ordinaria, ni funcionan al ni jerárquicamente. c. generan economía de tiempo, procesos y dinero. d. otorga celeridad en la resolución del conflicto. e. la decisión o acuerdo, al igual que una sentencia o providencia judicial, tienen vocación de permanencia.

En el ordenamiento colombiano encontramos varios métodos de solución alternativa de conflictos que cobran mayor importancia que otros, la conciliación por ejemplo está legalmente constituida como una figura de suma importancia en os procesos judiciales de nuestro país, pues en muchos casos, la conciliación existe como requisito de procedebilidad, es decir, en procesos como el laboral, la conciliación hace a parte integral de las etapas del mismo y debe agotarse tal etapa para continuar con el proceso ante la vía ordinaria.

Como se ve estos procedimientos vienen ganando fuerza y aceptación por la comunidad en general al demostrarse con hechos los beneficios que otorgan a los usuarios y al ordenamiento e general al proveer soluciones rápidas y económicas que descongestionan los juzgados ordinarios y permiten poco a poco acabar con la filosofía litigiosa que existe actualmente en el mundo y mirar hacia una nueva forma de soluciones amigables.

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