Señores:

MAGISTRADOS TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE __________

SALA DE FAMILIA DE DECISIÓN.

Mag. Ponente: Dr.___________

1. S.   D.

Referencia: PROCESO DE EXISTENCIA Y DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD

            MARITAL DE HECHO.

                     Demandante    :   _________

                     Demandado     :   _________

                     Radicación      :   __________

____________, mayor de edad y vecino de ________ –__________ identificado como se dice al pie de mi firma, de manera respetuosa me permito manifestar a usted, que a través del presente escrito estoy sustentando el recurso de apelación que en tiempo interpuse ante el Juzgado de Primera Instancia contra la sentencia que el mismo profirió el día ___ de ____de _____, en la forma que pasa a exponerse:

1. El señor Juez de primera instancia declara prospera la excepción de prescripción de la acción de la referencia en cuanto a la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes. No obstante el suscrito encuentra que a esa conclusión llega el fallador merced a la incursión en errores como los siguientes: a) echó de menos en el plenario la fecha en que se hizo la solicitud de conciliación, empero, ello se debió a que  desconoció que el suscrito tenía poder expreso de la demandante para admitir hechos, lo que lo llevó a afirmar en el fallo(pag. __) que es carente de respaldo jurídico probatorio la precisión que hice en los alegatos de conclusión en el sentido que la mencionada petición se hizo el __º de ___ de _____, con lo que no solo desconoce el contenido del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, sino que le reconoce un inexistente valor de tarifa legal a la constancia de que trata el articulo 2º de la ley 640 de 2001, lo que no encuentro jurídicamente cierto, no solamente por que dicha norma no dice por parte alguna que sólo con ese documento se pueda demostrar el intento conciliatorio, y menos cuando ese acto está probado, tanto a través del acta que se allegó como por confesión del mismo excepcionante en su escrito respectivo, quedando por establecer únicamente lo relacionado con la fecha de la solicitud de conciliación, sino por que el inciso 3º del articulo 35 de la ley 640 de 2001, ordena que el requisito de procedibilidad se “entienda” cumplido….en cualquiera de los eventos que él menciona, con lo que queda claro que el intento de conciliación como requisito de procedibilidad se puede demostrar por cualquier medio, y con mayor razón aún algún aspecto de esa diligencia; b) no tuvo en cuenta que, tal cual lo manda el articulo 35, parágrafo 2º, de la mencionada ley, a la solicitud conciliación debía acompañarse copia informal de las pruebas documentales o anticipadas que tenga el interesado en su poder  y que pretenda hacer valer en el eventual proceso, siendo unas de ellas los certificados de tradición del inmueble y del vehìculo, aportados al expediente que nos ocupa(fls. _, _ y __), los cuales tienen como fechas de expedición las de ____y _de ____, en su orden, habiéndose podido utilizar esos documentos, al menos, como respaldo de mi versión dada en los alegatos de conclusión en los que señalé que la citada solicitud se formuló el día _º de ____de _____, atendiendo  no solamente a que las fechas de expedición de esos certificados es anterior a la que señale como día de la mencionada solicitud, sino a que la lógica enseña que en efecto los documentos primero se obtienen, luego se elaborar los escritos pertinentes y por último se presentan, siendo el tiempo comprendido entre la fecha de impresión de tales medios de prueba y aquella en que se dijo haber hecho la aludida solicitud, el que normalmente se emplea en tales actuaciones, y por lo demás que de todas maneras es anterior a la fecha señalada en el fallo que se impugna como día de caducidad de la acción(____ ____ de :____), lo que quiere decir que la solicitud si se presentó antes que se produjera el fenómeno de la prescripción, interrumpiéndose la misma;  c)no cumplió con el mandato contenido en los numerales 2º y 4º del artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, en la medida en que tampoco hizo uso de las facultades que le confiere el artículo 180 del mismo libro, si era que en efecto no tenía claro lo relacionado con la fecha de la solicitud de conciliación mencionada, a pesar de lo dicho, y por alguna razón jurídica no podía admitir la confesión del suscrito como medio demostrativo del mencionado aspecto, sobre todo teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 15 de la mencionada ley 640, los conciliadores deben conservar los respectivos archivos de las constancias, actas y antecedentes de las audiencia que celebren.

1. Adicional a lo anteriormente mencionado, noten señores Magistrados, como el fallador de primera instancia no solamente desconoció la lógica dentro del procedimiento normal de la conciliación, de la cual es fácil colegir que necesariamente antes de celebrar la audiencia han de pasar 20 días, pues la solicitud requiere estudio previo, que según lo sugiere el artículo 2º, numeral 3o, de la ley 640 mencionada, requiere de diez(10)días; citación y tiempo suficiente para que las partes puedan concurrir, lo que demora alrededor de otros diez(10); sino que además olvido analizar el contenido del artículo 20 de la ley 640 de 2001, el cual es claro al consagrar el término de tres(3)meses como lapso máximo, a partir de la solicitud, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, lo que se presenta como solución jurídica para casos como este, en el cual sólo basta probar la fecha en que se realizó la diligencia y contar tres(3)meses hacia a tras, para obtener la fecha probable de la solicitud previa de conciliación, la cual debe prevalecer mientras la parte interesada no demuestra otra diferente, siendo claro que el señor Juez además de descocer los elementos antes mencionados invirtió la carga de la prueba al exigirle a la demandante que demostrara la fecha de la mencionada solicitud, tal cual se lo sugirió el señor apoderado de la parte demandada, que tenía la obligación de demostrar era que dicha audiencia no se había realizado dentro del mencionado lapso, si era que quería derivar algún provecho de esa discusión.

1. Lo anteriormente mencionado llevó al señor Juez de primera instancia a in aplicar por partida doble el artículos 228 constitucional, el cual con el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, ordena que en la interpretación de las normas procesales se coloque por encima de los procedimientos el derecho reconocido por la ley sustancial, y a la vez consagra el acceso a la administración de justicia por parte de los gobernados como un derecho fundamental, cuya inobservancia se traduce en flagrante violación del derecho al debido proceso, pues de esa forma se obstaculiza la solución jurídica de los conflictos por parte de la justicia del Estado, permitiendo que una simple formalidad, por cierto demostrada como antes se dijo, desplace totalmente el derecho material de la demandante en este caso. En torno a estos temas de interpretación jurídica en la cual se involucran derechos humanos, es bien claro hoy día, cuando se ha decantado en buena parte y con sapiencia suma de los señores Magistrados de las altas cortes, que nuestros Jueces y Magistrados deben fomentar el principio de interpretación pro hinmine, el cual impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea mas favorable al hombre y a sus derechos, esto es la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana, y consecuencialmente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos(arts. 1º y 2º de la carta), en cuanto estas normas consagran el respeto por a dignidad humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes insertos en la Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades. En efecto, el principio pro hinmine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en los que encontramos los fundamentales, en virtud del cual se debe acudir a la norma mas amplia, o a la interpretación mas extensa, cuando se trate de reconocer derechos protegidos en ese listado de valores, e inversamente a la norma o a la interpretación mas restringida cuando se trate de establecer restricciones al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria.

MEDIOS DE PRUEBA: De manera respetuosa me permito sugerir a ustedes, señores Magistrados, con sumo respeto, en caso necesario, y si lo considerar pertinente,  que en acatamiento de los derechos y garantías antes mencionados, se sirvan hacer uso de las facultades que les confiere el artículo 180 del Còdigo de Procedimiento Civil, librando oficio a la Dra. Ana María Gutiérrez Jaramillo, quien practicó la diligencia de conciliación prejudicial en este asuntio, a fin de que allegue copia autentica de los antecedentes de la mencionada diligencia, con lo que se demostraría una vez mas  la fecha en que se hizo la solicitud del agotamiento del mencionado requisito de procedebilidad. Estaré presto a recibir el respectivo oficio y hacerlo llegar a la mencionada profesional.

SOLICITUD.

Con fundamento en lo anteriormente mencionado, respetuosamente me permito solicitar a ustedes, se sirvan revocar la providencia mencionada, y en su lugar disponer la improcedencia de la excepción de prescripción, dándole vía libre a las demás actuaciones  que siguen en este proceso.

Cordialmente,

___________

5. c. No. __________ de _________
6. P. No. _________del C. S. J.

DIGNIDAD HUMANA Y RETENCIÓN DE BIENES PERSONALISIMOS

 Deuda de arriendo y retención de bienes por la parte arrendadora

¿Le han retenido sus bienes y pertenencias con el fin de que pague el dinero fruto del contrato de arrendamiento? ¿es legal esta retención  siendo los bienes  de propiedad del arrendatario  para garantizar el pago?

la ley 820 no dice nada al respecto, el código civil (norma complementaria en la materia que nos ocupa), sí lo hace en el artículo 2000, que reza lo siguiente:

«El arrendatario es obligado al pago del precio o renta.

Podrá el arrendador, para seguridad de este pago y de las indemnizaciones a que tenga derecho, retener todos los frutos existentes de la cosa arrendada, y todos los objetos con que el arrendatario la haya amueblado, guarnecido o provisto, y que le pertenecieren; y se entenderá que le pertenecen, a menos de prueba contraria.»

Según lo anterior, el arrendador, en efecto, sí puede llevar a cabo la retención mencionada, hasta tanto el arrendatario le cancele la deuda. Esto lo puede llevar a cabo sin necesidad de acción judicial ni de la voluntad del deudor, pues es una especie de garantía jurídicamente reconocida para constreñir el cumplimiento, así como correlativamente la ley también prevé la posibilidad de que el arrendatario pueda retener la cosa arrendada, cuando es el arrendador el que le adeuda por concepto de mejoras necesarias invertidas que en principio le correspondían a él y que por no llevarlas a cabo debió hacerlas el primero, caso en el cual el arrendatario estará en facultad, al momento de terminar el contrato, de seguir detentando el inmueble hasta que el arrendador le pague dicha inversión.

No obstante lo anterior, y aunque el artículo 2000 no lo mencione, consideramos que las pertenencias personalísimas del arrendatario, es decir, aquellas como su ropa, documentos, títulos profesionales, etc. que son inherentes a su dignidad, no deben ser retendidas por el arrendador.

En el caso concreto, entonces, el arrendador estará amparado por la ley para retener aquellos bienes de la arrendataria que no siendo de caracter personalísimos, esta posea en el bien arrendado, con el fin de garantizar el pago de la deuda de los cánones adeudados,lo cual debe llevar a cabo, obviamente, sin ninguna clase de violencia o actuación que conlleve necesariamente la violación de normas penales o policivas.

Como ya se han iniciado las acciones de esta índole, serán las autoridades competentes las que definan lo pertinente en su momento.

«Una de las modalidades que puede asumir el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, a la luz de la ley 820 de 2003, es la PENSIÓN. Según el literal d) del artículo 4, esta se presenta, cuando el objeto del arriendo «versa sobre parte de un inmueble que no sea independiente, e incluya necesariamente servicios, cosas o usos adicionales y se pacte por un término inferior a un (1) año».

Por lo anterior, todas las reglas que sobre el arrendamiento de vivienda urbana consagra dicha ley y el código civil, complementariamente, resultan aplicables al momento de regular el contrato de pensión, salvo aquellas que contraríen los lineamientos de la norma transcrita.

Así las cosas, y por ser la pensión una manifestación de la voluntad de dos o más personas que genera obligaciones recíprocas entre estas, el incumplimiento de lo pactado será una causa justa para dar por terminado sus efectos.

En ese sentido, el numeral 1 del artículo 22 de la ley 820, consagra como causa de terminación del contrato, el no pago de la renta o sus reajustes dentro del término pactado, lo que legitima al arrendador para iniciar las acciones judiciales pertinentes de restitución, si esta no se da voluntariamente por parte del arrendatario.»

Artículo 4º. Clasificación. Los contratos de arrendamiento de vivienda urbana se clasifican de la siguiente forma, cualquiera que sea la estipulación al respecto:

1. d)De pensión.Cuando verse sobre parte de un inmueble que no sea independiente, e incluya necesariamente servicios, cosas o usos adicionales y se pacte por un término inferior a un (1) año. En este caso, el contrato podrá darse por terminado antes del vencimiento del plazo por cualquiera de las partes previo aviso de diez (10) días, sin indemnización alguna.

Parágrafo 1º. Entiéndese como parte de un inmueble, cualquier porción del mismo que no sea independiente y que por sí sola no constituya una unidad de vivienda en la forma como la definen las normas que rigen la propiedad horizontal o separada.

Artículo 26. Derecho de retención. En todos los casos en los cuales el arrendador deba indemnizar al arrendatario, éste no podrá ser privado del inmueble arrendado sin haber recibido el pago previo de la indemnización correspondiente o sin que se le hubiere asegurado debidamente el importe de ella por parte del arrendador.

Artículo 5. Término del Contrato. El término del contrato de arrendamiento será el que acuerden las partes. A falta de estipulación expresa, se entenderá por el término de un (1) año.

Artículo 6º. Prórroga. El contrato de arrendamiento de vivienda urbana se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el mismo término inicial, siempre que cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo y, que el arrendatario, se avenga a los reajustes de la renta autorizados en esta ley.

Sentencia T-881/02

PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Naturaleza

Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo.

DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO-Protección por conexidad con derechos fundamentales

PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Contenido material

La Sala concluye que el referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de vida). Estos tres ámbitos de protección integran, entendidos en su conjunto, el objeto protegido por las normas constitucionales desarrolladas a partir de los enunciados normativos sobre “dignidad”. Considera la Corte que ampliar el contenido de la dignidad humana, con tal de pasar de una concepción naturalista o esencialista de la misma en el sentido de estar referida a ciertas condiciones intrínsecas del ser humano, a una concepción normativista o funcionalista en el sentido de completar los contenidos de aquella, con los propios de la dimensión social de la persona humana, resulta de especial importancia, al menos por tres razones: primero, porque permite racionalizar el manejo normativo de la dignidad humana, segundo, por que lo presenta más armónico con el contenido axiológico de la Constitución de 1991, y tercero, porque abre la  posibilidad de concretar con mayor claridad los mandatos de la Constitución. Los ámbitos de protección de la dignidad humana, deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural, sino como contenidos concretos, en relación con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente.

PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Respeto

En aras de la identificación de las normas constitucionales a partir de los enunciados normativos constitucionales sobre el respeto a la dignidad humana, se afirmará la existencia de dos normas jurídicas que tienen la estructura lógico normativa de los principios: (a) el principio de dignidad humana y (b) el derecho a la dignidad humana. Las cuales a pesar de tener la misma estructura (la estructura de los principios), constituyen entidades normativas autónomas con rasgos particulares que difieren entre sí, especialmente frente a su funcionalidad dentro del ordenamiento jurídico.

SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y HOSPITAL-Continuidad en la prestación/SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y HOSPITAL-Suspensión y racionamiento del servicio/SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y HOSPITAL-Principio de solidaridad

La Sala reiterará la jurisprudencia sobre las características del servicio público de energía, especialmente en lo relativo al imperativo de continuidad de la prestación, dada la existencia de una especial relación entre la necesidad de garantizar los fines del Estado, la eficacia del principio de la dignidad humana y el goce cabal de los derechos fundamentales. Especial relación que se hace evidente dada la situación en la que se encuentran, las personas privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de Cartagena, y las personas del municipio del Arenal, que se vieron privadas del servicio de salud y de agua. Sobre todo cuando es imperativo, como parte integrante de una adecuada administración de justicia, el deber de velar por el correcto funcionamiento y la seguridad del centro penitenciario, y, cuando es imperativo, como parte integrante de una adecuada administración pública, el deber de velar por el normal funcionamiento del centro hospitalario, del acueducto y de los establecimientos de seguridad en el municipio.  

SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y HOSPITALARIO-Consecuencias cuando el usuario se atrasa en el pago de facturas

La Sala considera que, en el ámbito de los servicios públicos, recargar o imponer toda la responsabilidad al particular encargado de su prestación, resulta contrario a la Constitución. Es claro que la posibilidad de prestación efectiva de los servicios está condicionada a la viabilidad financiera de las empresas privadas o públicas encargadas de su prestación, de tal forma que la reiteración de prácticas ilegales de no pago deterioran no sólo el interés económico de las empresas, reflejado en la depauperización de su patrimonio, sino que pueden incluso conducir al colapso de las mismas y por esta vía a la imposibilidad material de la prestación general del servicio público. En consecuencia, el pago de las facturas correspondientes a la prestación de los servicios públicos por parte de los usuarios y directos beneficiarios se impone como un deber de rango constitucional, en tanto y en cuanto del mismo depende el normal funcionamiento de los mecanismos de solidaridad constituidos como el sustrato irremplazable del sistema, y de cuya operatividad depende la prestación efectiva de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional.

CONDUCTA LEGITIMA DE PARTICULAR-Alcance del adjetivo “legítima”

Para la Sala el adjetivo “legítima” que califica la conducta del particular contra el cual se ejerce la acción de tutela, se refiere a la posibilidad de identificar el origen de la conducta en las normas de autorización vigentes al momento de la realización de la misma, de tal forma que exista armonía entre la conducta y el ordenamiento jurídico entendido como un todo normativo. De esta forma la conducta no se puede considerar como legítima si la misma encuentra sustento en una norma de autorización de rango legal pero al mismo tiempo se encuentra en abierta contradicción con normas de prohibición de rango constitucional. 

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO-Prestación ininterrumpida del servicio de energía

Es evidente la existencia de una estrecha relación entre la posibilidad del goce efectivo del derecho a la dignidad humana y la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía eléctrica al centro penitenciario como bien constitucionalmente protegido. No sólo porque de la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía  dependa la posibilidad del mantenimiento de las condiciones materiales de existencia de los actores, sino también porque frente a la interrupción del servicio, el centro de reclusión por sus especiales características sufre una grave alteración en sus condiciones ordinarias de funcionamiento, lo cual se traduce en una vulneración del derecho a la dignidad humana en el sentido social o funcional, en los términos de la parte motiva de esta sentencia, si se tiene en cuenta que los reclusos están en imposibilidad de adelantar normalmente sus actividades ordinarias.

ACCION DE TUTELA-Hecho superado por acuerdo de pago con empresa de energía

 

DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA DEL INTERNO-Riesgo por encontrarse la cárcel en “zona roja”

La Sala también encuentra fundada la amenaza al derecho fundamental a la integridad física y a la vida de los habitantes del municipio del Arenal, y sobre todo de los miembros de la fuerza pública, debido a la verosimilitud de la potencialidad del riesgo, ya que al estar ubicado el municipio del Arenal en «zona roja», la posibilidad de incursiones de grupos al margen de la ley y en general de actos de violencia se incrementa, los cuales pueden degenerar en la lesión física o incluso en la muerte de los miembros de la fuerza pública o incluso de los demás habitantes del municipio. La conducta contractual de Electrocosta S.A. E.S.P., tuvo una grave y directa incidencia en la posibilidad real del goce de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio del Arenal a la dignidad humana (ámbito de las condiciones materiales de existencia), a la salud en conexidad con la vida, y a la vida y a la integridad física, por lo cual la Tutela sería procedente.

 

Referencia: expedientes T-542060 y T-602073.

Acciones de tutela instauradas por Austreberto de Ávila Ríos y otros, y Edwin Campo Vega (personero de El Arenal (Bolívar)) contra Electrocosta S.A. E.S.P.

Magistrado Ponente:

Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil dos (2002).

La Sala Séptima de revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Eduardo Montealegre Lynett, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º, de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente

 

 

SENTENCIA

 

dentro del proceso de revisión de los fallos, proferidos por la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en primera y segunda instancia respectivamente, dentro del expediente de tutela T-542060; y de los fallos proferidos por el Juez Promiscuo Municipal de Morales (Bolívar) y el Juez Promiscuo del Circuito de Simití (Bolívar), en primera y segunda instancia respectivamente dentro del expediente de tutela T-602073.

 

1. ANTECEDENTES.

 

Expediente T-542060

 

Circunstancias previas al problema jurídico que plantean las sentencias de tutela objeto de revisión.

1. En el segundo semestre del año 2000, el Instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, celebraron el convenio interadministrativo No. 1580 de 2000, mediante el cual el INPEC se obligó, entre otras, a recibir en la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena a los contraventores enviados por las autoridades del Distrito de acuerdo con las leyes vigentes en la materia; a su vez, el Distrito de Cartagena se obligó entre otras, a “cubrir el pago de los servicios públicos que demande la utilización del pabellón designado por el INPEC para los contraventores en proporción equivalente al uso del mismo…” (folios 62, 63 y 64).

2. En virtud de la ejecución del referido convenio, la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena, desde el mes de marzo del año 2001, inició la atención de los contraventores cuyo número había oscilado hasta el mes de septiembre de 2001 entre 180 y 200 personas. Esta situación encareció los costos de funcionamiento del plantel carcelario, entre ellos el rubro a pagar por concepto de energía eléctrica (folios 57, 94 y 95).

3. A pesar de que el INPEC hasta la fecha de los hechos (Septiembre de 2001), había cumplido todas las obligaciones contractuales, el Distrito de Cartagena se desentendió por completo del asunto, iniciando una cadena sucesiva de incumplimientos, entre los cuales se encuentra el no pago proporcional de los servicios públicos en función del uso de los mismos por parte de los contraventores (folios 57,58, 86).

4. Simultáneamente, la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena, por diversas circunstancias, entre las que se cuentan la insuficiencia de la partida presupuestal para el pago de los servicios públicos y el encarecimiento de los precios de los mismos, por lo referido en los numerales anteriores, omitió el pago oportuno de las facturas por concepto de energía eléctrica a la empresa Electrocosta S.A. E.S.P. (folio 28).

5. A pesar de la situación de incumplimiento, la Directora de la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena, Dolores Guerra Millán, adelantó todas las conductas necesarias para evitar el inminente racionamiento en el suministro de energía a la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena: ofició al Alcalde del Distrito, exigiendo cumplimiento al Convenio interadministrativo 1580 de 2000, mediante la asignación de la partida presupuestal correspondiente; se reunió en varias oportunidades con funcionarios de la empresa Electrocosta S.A. E.S.P., con el fin de llegar a un acuerdo de pago; por vía telefónica se comunicó con el Director seccional del INPEC y con la Dirección nacional del mismo con el fin de obtener la partida presupuestal para cancelar las sumas adeudadas; y atendiendo a la disponibilidad presupuestal realizó pagos parciales del capital adeudado a la empresa Electrocosta S.A. E.S.P. (folios 66, 77, 84, 85, 90-93).

6. Por otro lado y de manera simultánea diversas autoridades encargadas de la seguridad tanto en el Distrito de Cartagena como en el Departamento de Bolívar oficiaron copiosamente a la dirección de la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena solicitando la toma de medidas de seguridad: traslado de presos, reentrenamiento del personal, fortalecimiento de las medidas internas de seguridad, estudios de vulnerabilidad del penal, etc., todo con el objetivo de prevenir, ante los graves problemas de orden público, tanto la sublevación como la posible fuga de algunos reclusos (folios 68-72, 73-75,  78-83).

7. A su vez la empresa Electrocosta S.A. E.S.P., amparada en el artículo 140 de la ley 142 de 1994, y en virtud del incumplimiento del contrato de condiciones uniformes celebrado con el INPEC, inició desde el mes de agosto de 2001, una serie de racionamientos diarios en el suministro de energía prestado a la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena, por espacio de 5 a 6 horas diarias (folios 1, 5-8).

8. A partir de esta situación irregular, predicable tanto de la situación presupuestal de la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena, como del incumplimiento de las obligaciones surgidas a partir del Convenio interadministrativo por parte de las autoridades del Distrito de Cartagena, que desembocó en los racionamientos de energía por parte de la empresa prestadora del servicio el día 9 del mes de septiembre de 2001, el señor Austreberto de Ávila y 10 personas más, recluidas en la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena “San Sebastián de la Ternera”, presentaron acción de tutela contra la empresa Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. Empresa de servicios públicos (ELECTROCOSTA ESP) (folio 1).

Hechos motivo de la demanda, derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

 

9. A partir del racionamiento de energía se empezaron a presentar los siguientes hechos que constituyen el fundamento de la demanda: Primero. En la Cárcel de la Ternera, el suministro de agua para usos sanitarios se opera mediante el uso de motobombas, para que éstas funcionen se requiere energía eléctrica. Segundo. Por razones de seguridad carcelaria, no existen fogones de gas, por tanto la cocción y preparación de los alimentos al interior del penal se realiza mediante estufas eléctricas. Tercero. Por el lugar geográfico (costa caribe) las situaciones ambientales son en ocasiones insoportables y ante el calor excesivo se hace necesario el uso de abanicos, que también funcionan con energía eléctrica. Cuarto. Por el estilo y la época de la construcción de la cárcel, existen zonas muy oscuras en las que se hace indispensable la iluminación artificial, la cual opera por razones de seguridad mediante energía eléctrica. Quinto. El número de personas recluidas es cercano a 1200 (folios 1-3).

1. Los actores señalan como derechos fundamentales vulnerados: El derecho a la vida (artículo 11). El derecho a ser protegido por el Estado por la indefensión física derivada de la privación de la libertad (artículo 13). El derecho a la salud (artículo 49). El derecho a gozar de un ambiente sano (artículo 79). (folio2).

Decisiones de instancia.

 

Primera instancia.

 

1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena tuteló los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de los actores, en consecuencia ordenó a Electrocosta S.A. E.S.P., abstenerse de realizar cortes o racionamientos de energía en la cárcel San Sebastián de la Ternera.

2. Consideró el Tribunal “…que efectivamente el corte o racionamiento del servicio de energía eléctrica, por parte de la sociedad demandada, al centro carcelario San Sebastián de la Ternera, aunque justificado, afecta o pone en peligro la vida la integridad personal y por ende la dignidad de los reclusos…” Y continua “…Si bien es cierto, que el corte, suspensión o racionamiento del servicio de energía… se encuentra amparado por la ley, no es menos cierto, que esta medida resulta desproporcionada en este caso concreto, pues el interés económico de la empresa prestadora del servicio domiciliario, debe ceder ante el interés superior y concreto del estado, que se materializa en el efectivo funcionamiento y seguridad de los centros penitenciarios, contando en todo caso, la empresa prestadora del servicio domiciliario, con los medios judiciales pertinentes, para obtener la cancelación de la deuda.” (folio 110)

Segunda instancia.

 

3. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia decidió revocar la sentencia del a quo y en su lugar denegó la tutela invocada. Afirmó el ad quem que en casos similares la Corte Suprema había sostenido que la acción de tutela “no procede para debatir temas referentes a la instalación suspensión y reinstalación de servicios públicos, toda vez que normalmente los derechos allí involucrados emanan de una relación contractual y no, por tanto, de rango fundamental, de donde aflora que los conflictos que de allí puedan emerger, deben ventilarse a través de los mecanismos de defensa en la vía gubernativa o a través de las acciones judiciales pertinentes.” (folio 8 segundo cuaderno).

4. Para el ad quem es claro que existe un incumplimiento contractual por parte de la administración del centro penitenciario, y que tal circunstancia en virtud del artículo 140 de la ley 142 de 1994 da lugar a la suspensión del servicio. Sobre el particular afirmó: “En este orden de ideas, no se vislumbra proceder arbitrario de la entidad accionada, ya que su actitud encuentra soporte en la relación contractual existente y naturalmente en las disposiciones legales que la gobiernan, destacando a propósito de los derechos invocados por los accionantes que la supuesta vulneración no aflora del comportamiento de Electrocosta S.A., que según lo reseñado es legítimo y por consiguiente la protección reclamada se torna improcedente, siguiendo la preceptiva que consagra el artículo 45 del decreto 2591 de 1991.” (folio 10 segundo cuaderno).

5. Concluyó el ad quem que, “los cuestionamientos vertidos en el escrito de solicitud de tutela no provienen de un comportamiento aislado, voluntarioso o arbitrario de la entidad accionada”, sino que recaen en la “actitud injustificable y negligente relacionada con el no pago del servicio público dispensado por los períodos facturados”, imputable a la administración del centro penitenciario, por lo cual no resulta “desproporcionado el proceder de la accionada, quien, por lo demás se ha limitado a disponer racionamientos con la esperanza de generar una actitud que se acompase con las obligaciones nacientes de la relación contractual incumplida.” (folio 11 segundo cuaderno).

Expediente T-602073

 

Circunstancias previas al  problema jurídico que plantean las sentencias de tutela objeto de revisión.

1. En el segundo semestre del año 1992, la antigua electrificadora de Bolívar (Electribol) y el Municipio de Río Viejo (Bolívar), celebraron un convenio interadministrativo, mediante el cual Electribol se obligó, entre otras, a prestar suministro de energía eléctrica al Municipio de Río Viejo y a sus corregimientos; a su vez, el Municipio de Río Viejo se obligó entre otras a, “cancelar oportunamente los valores de la factura mediante giro directo”, a “implementar un sistema de contabilización de los ingresos obtenidos por la venta de energía, alumbrado público y demás conceptos inherentes a la prestación del servicio de energía”, y a “prestar el servicio de elaboración de las facturas de cobro a los usuarios del servicio en Río viejo y en los corregimientos de Regidor, San Antonio y Santa Teresa” (folios 173 a 179). Un convenio similar se celebró entre el Municipio de Morales y Electribol. Para entonces El Arenal era un corregimiento del Municipio de Morales (folio 189). Los referidos convenios nunca se cumplieron en su totalidad.

2. En el Primer semestre de 1997, Electribol y los municipios de Morales, Regidor, Río Viejo y El Arenal (antiguo corregimiento del municipio de Morales) suscribieron un acta de acuerdo, en la que se obligaron a independizar «la facturación y cobro de la energía consumida en los municipios de Morales, Arenal, Regidor y Río Viejo», y a celebrar un nuevo convenio con el fin de «establecer la forma de mantenimiento, pagos, manejo de alumbrado público etc., en estos municipios.» (folios 180-181). El municipio del Arenal nunca celebró nuevo convenio (folio 191 y 197).

3. En el mes de septiembre de 2001, los municipios de Río Viejo y Arenal del Sur debían a la empresa Electrocosta E.S.P. cerca de dos mil millones de pesos ($ 2.000.000.000.oo) por concepto de venta de energía eléctrica (folios 182 y 183).

4. En el mes de noviembre de 2001, Electrocosta informó a los alcaldes de los municipios de Río Viejo y del Arenal que de no cancelarse las sumas adeudadas, a partir del día 22 de noviembre de 2001, procedería, «en cualquier hora, de cualquier día» mientras subsistiera la mora en el pago, «a la suspensión del servicio de energía eléctrica.» Igualmente, señaló que el servicio sólo sería restablecido cuando se hubiese celebrado convenio de pago y cancelado el valor de la cuota inicial. Así mismo, ofreció reconsiderar tales medidas si antes del plazo los municipios proponían una solución efectiva de pago (folios184 y 185).

5. El día 27 de noviembre de 2001, Electrocosta suspendió el suministro de energía eléctrica en todo el municipio de El Arenal (Bolívar) (folio188).

6. Electrocosta ha comercializado la energía con los municipios (Regidor, Morales, El Arenal y Río Viejo) en punto de red (subestación Santa Teresa), sitio en el cual sólo existe un medidor para registrar el consumo de los cuatro municipios (folios 194 y 195). Igualmente, Electrocosta nunca ha comercializado directamente la energía con los habitantes del municipio del Arenal. (folio192).

7. El día 5 de diciembre de 2001, Edwin Campo Vega actuando en calidad de personero del Municipio El Arenal, presentó acción de tutela contra la empresa Electrocosta (trámite objeto de revisión) por considerarla responsable de la violación sistemática de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio del Arenal debido a los prolongados racionamientos y la posterior suspensión del servicio de energía (folios 1 a 10).

8. El día 15 de enero de 2002, El Tribunal Superior de Cartagena a raíz de otra acción de tutela presentada por el Alcalde del Arenal en representación del Municipio, decidió ordenar a la empresa Electrocosta el restablecimiento del servicio de suministro de energía eléctrica, al considerar que la mencionada empresa vulneró el derecho fundamental al debido proceso del Municipio, por tres razones: primero, al oponerle una obligación (la del pago por concepto de prestación de servicio de energía) sin existir título alguno (se pudo establecer que El Arenal no había celebrado convenio alguno que la obligara con Electrocosta); segundo, que el monto de la obligación era incierto, y tercero, que efectivamente las autoridades del municipio del Arenal habían manifestado tales inconsistencias aun antes del corte del servicio (folios 198 a 201)). Esta decisión fue posteriormente revocada por la Corte Suprema de justicia el día 22 de febrero de 2002, y al no mediar pago alguno por parte del municipio del Arenal, Electrocosta reinició la suspensión del suministro de energía a todo el municipio (folio 265).

Hechos motivo de la demanda, derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

 

9. A partir de los prolongados racionamientos y de la suspensión en el servicio de energía que sufriera la totalidad del Municipio del Arenal, empezaron a derivar las siguientes consecuencias que constituyen los hechos de la demanda: Primero. En el centro hospitalario del Arenal, debido a los razonamientos y a fallas en el fluido eléctrico, varios equipos médicos se dañaron (la incubadora, el electrocauterizador y el espectronic, entre otros) y por otro lado, debido a la suspensión del servicio de energía se hizo imposible la prestación del servicio médico. Segundo. El acueducto del Arenal requiere energía eléctrica para su funcionamiento, y como es la única fuente de agua potable cercana debido a que, afirma el Personero: “la quebrada que bordea a Arenal se encuentra contaminada (envenenada) por uranio y mercurio”, se ha puesto en grave peligro la salubridad de todo el municipio. Tercero. Por el lugar geográfico (sur de Bolívar) las situaciones ambientales hacen necesario el uso de refrigeradores que funcionan con energía eléctrica, situación que ha hecho imposible la conservación de alimentos perecederos. Cuarto. La alcaldía con todas sus dependencias está paralizada, al no funcionar los computadores, ni la iluminación. Quinto. La iluminación en las horas de la noche es nula, situación que sumada a la ubicación del municipio (sur de Bolívar), considerada como «zona roja», ante la inminencia de un ataque subversivo, ha incrementado las condiciones de vulnerabilidad de la población (folios 2-4, 36-39).

9. Bajo las anteriores circunstancias fácticas, el Personero señaló como derechos fundamentales vulnerados: El derecho a la vida (artículo 11), el derecho a la salud. (artículo 49) y el derecho al trabajo (Artículo 25) de los habitantes del municipio El Arenal (folio 1).

DECISIONES DE INSTANCIA.

 

Primera instancia.

 

2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Morales (Bolívar) denegó la tutela de los derechos fundamentales invocados, por considerar que la acción de tutela no era el mecanismo judicial apropiado para la defensa de los intereses de los habitantes del Arenal, habida cuenta que lo que se afectaba con la medida de suspensión del servicio de energía, eran intereses colectivos, comunes a todos los habitantes del Municipio, para cuya defensa judicial fue consagrada la acción popular regulada por la ley 472 de 1998. Agregó el a quo que la presente acción de tutela «podría haber prosperado» como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, situación que no es el caso al no establecerse los requisitos estructurales de la «irremediabilidad del perjuicio» (inminencia, urgencia y gravedad), necesarios para la procedibilidad excepcional de la acción (folios 148 y 149).

Segunda instancia.

 

3. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití (Bolívar), reiterando las consideraciones del a quo confirmó en su totalidad el fallo de primera instancia (folios 209 a 211).

 

1. CONSIDERACIONES.

Competencia.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9, de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales referidas.

 

Pruebas solicitadas por la Sala.

 

Expediente T-542060

2. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre el día de presentación de la demanda y la adopción de este fallo, y con el objeto de tener información acerca de la continuidad en la prestación del servicio de suministro de energía por parte de la empresa Electrocosta S.A. E.S.P., así como del comportamiento contractual frente a la realización de los pagos por parte del INPEC-Cárcel Distrital de Cartagena a la Empresa Electrocosta S.A. E.S.P., se solicitó oficiar a la Cárcel Distrital de Cartagena.

Recibido el informe el día 7 de mayo de 2002, esta Sala tendrá por probado que: (i) A pesar de no encontrarse suspendido el servicio de suministro de energía eléctrica a las instalaciones de la Cárcel Distrital de Cartagena, se continúan presentando “cortes de energía repentinos y prolongados en varias oportunidades.” (ii) A pesar de haberse efectuado algunos abonos a la deuda contraida por el INPEC-Cárcel Distrital de Cartagena, aun no se encuentra satisfecha la obligación. (iii) La Dirección General del INPEC con sede en Bogotá está gestionando un “cruce de cuentas con Electrocosta para agilizar los pagos futuros.”

 

 

Expediente T-602073

 

3. En el mismo sentido, y con el objeto de tener información acerca de la continuidad en la prestación del servicio de suministro de energía por parte de la empresa Electrocosta S.A. E.S.P., así como del comportamiento contractual frente a la realización de los pagos por parte del municipio El Arenal. Se solicitó, oficiar a la alcaldía del Arenal y a Electrocosta.

Recibido el informe el día 27 de agosto de 2002, está Sala tendrá por probado que (i) Desde el 16 de julio de 2002, no se han efectuado racionamientos en el suministro de energía por parte de Electrocosta, al municipio de El Arenal. (ii) Que a pesar de que Electrocosta expide cuatro facturas a cargo del Arenal, según la división del municipio en cabecera municipal y tres corregimientos, no existen medidores individuales para los mismos. (iii) Que definitivamente no existen medidores que permitan individualizar el consumo de los habitantes del municipio. (iv) Que el día 16 de julio de 2002 se celebró, bajo el auspicio del Departamento de Bolívar, Asosipaz y la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios, un acuerdo de pago entre Electrocosta y los municipios de Río Viejo, Regidor, Morales, y El Arenal, en el que las partes se comprometieron a, nombrar y acatar lo resuelto por una comisión que revisaría la facturación y establecería el monto de la deuda, a abonar a la deuda la suma de ciento ochenta millones de pesos ($180.000.000.oo), y a reunirse nuevamente para revisar el acuerdo de pago. Igualmente, Electrocosta se comprometió con los municipios a asesorarlos acerca de la forma en que estos deben distribuir entre los habitantes el costo del consumo de energía (fls. 259 a 271).

 

Presentación de los casos, problemas jurídicos por resolver y  temas jurídicos por abordar.

 

Expediente T-542060.

 

4. La empresa Electrocosta S.A. E.S.P., entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios de carácter privado, en virtud de una norma de autorización con rango de ley (artículo 140 ley 142 de 1994, modificado por el artículo 19 ley 689 de 2001), y motivada por el incumplimiento contractual en el pago de las facturas del servicio de energía por parte del INPEC-Cárcel Distrital de Cartagena, decidió efectuar racionamientos diarios de cinco a seis horas en el suministro de energía al centro penitenciario.

Como consecuencia directa del racionamiento se han visto alteradas las condiciones ordinarias de funcionamiento en el centro penitenciario (especialmente lo relacionado con el suministro de agua potable, la cocción de los alimentos y la seguridad interna), situación que constituye una fundada amenaza a los derechos fundamentales de los reclusos. Igualmente, al ser el hecho que motiva la acción de tutela consecuencia de conducta aparentemente legítima de particular, la Sala decidirá sobre la misma, en relación con los principios de dignidad humana y de eficacia de los derechos fundamentales.

 

Expediente T-602073

 

5. La empresa Electrocosta S.A. E.S.P., entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios de carácter privado, en virtud de una norma de autorización con rango de ley (artículo 140 ley 142 de 1994 modificado por el artículo 19 ley 689 de 2001), y motivada por el incumplimiento contractual en el pago de las facturas del servicio de energía por parte del Municipio del Arenal (Bolívar) decidió suspender el suministro de energía a la totalidad del Municipio.

 

Como consecuencia directa de la suspensión del suministro de energía se han visto alteradas las condiciones ordinarias de funcionamiento del municipio, especialmente las relacionadas con la salud (funcionamiento del hospital y el acueducto,) y con la seguridad (iluminación de las instalaciones militares y de policía), esta situación constituye una fundada amenaza a los derechos fundamentales de los habitantes del municipio del Arenal. Igualmente, al ser el hecho que motiva la acción de tutela consecuencia de conducta aparentemente legítima de particular, la Sala decidirá sobre la misma, en relación con los principios de dignidad humana y de eficacia de los derechos fundamentales.

 

Temas jurídicos por abordar.

 

6. En el marco de los problemas jurídicos planteados, la Sala estudiará: (a) la procedencia de la acción de tutela contra particulares y la legitimación en la causa por pasiva. (b) La naturaleza jurídica de la expresión constitucional “dignidad humana” y las consecuencias normativas de su determinación. (c) Las características del servicio público de suministro de energía eléctrica en el contexto del Estado social de derecho. (d) Los deberes constitucionales: la obligación de pago en el ámbito de los servicios públicos y el principio de solidaridad. (e) La situación de incumplimiento y las relaciones contractuales con efectos directos sobre terceros. (f) La prestación de los servicios públicos esenciales, los derechos fundamentales y los establecimientos constitucionalmente protegidos. (g) El alcance del enunciado normativo del artículo 45 del decreto 2591 de 1991 y la aparente legitimidad de la conducta de Electrocosta. Y (h) las implicaciones constitucionales de las llamadas “relaciones especiales de sujeción.”

1. Procedencia de la acción de tutela contra particulares. La legitimación en la causa por pasiva.

 

7. Ante la evidencia de la procedencia de la acción de tutela contra particulares que prestan servicios públicos y por tratarse en este caso de una sociedad cuyo objeto social principal es la prestación de los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica, la Sala considera que conforme a la Constitución y a la ley, (art. 86 inciso 5º de la Constitución Nacional y numeral 3° del art. 42 del decreto 2591 de 1991), es procedente la acción de tutela.

Sin embargo, de la sola condición de “prestador de servicios públicos” no se extrae la consecuencia normativa de la procedencia de la acción «contra acciones u omisiones de particulares”. Considera la Sala que, debe existir una estrecha relación entre la actividad objeto de la prestación del servicio público, la acción u omisión del particular prestatario del servicio, y la amenaza o vulneración al o a los derechos fundamentales. O en otros términos, la amenaza o vulneración del derecho fundamental debe estar relacionada con una conducta u omisión del particular  desarrollada dentro del objeto propio que constituye la prestación del servicio público. De esta forma la procedibilidad de la acción de tutela cobra verdadero sentido, en atención a la importancia del servicio público de que se trate y su relación con los derechos fundamentales, independientemente de que el servicio sea prestado por entidades estatales o por particulares.

Por otro lado, el hecho del racionamiento, suspensión o corte en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, como un acto propio del desarrollo del objeto de prestación del servicio público que afecta a terceros, pero que constituye una conducta contractual en ocasiones prohijada y permitida por la ley, ofrece lugar a ciertas dudas sobre la certidumbre de la legitimación por pasiva de la acción de tutela, debido a que la afectación de los terceros no será como tal imputable al particular prestador del servicio, sino que sería, en principio, responsabilidad del incumplido.

A pesar de que la conducta del particular esté en principio, legalmente avalada y además esté justificada por el incumplimiento contractual, la situación es clara: se conserva la legitimidad por pasiva. A esta conclusión llega la Sala a partir de la diferenciación de las dos ópticas desde las cuales se pueden analizar y resolver los temas y los problemas jurídicos del caso: la órbita legal y la órbita constitucional. Esta diferenciación es útil porque permite identificar los marcos jurídico-conceptuales en los cuales se analiza el fenómeno bajo estudio y además porque permite presentar una solución armónica con cualquiera de los dos programas.

8. En la órbita constitucional, propia de los derechos fundamentales y de los mecanismos especiales para su protección, se impone el principio de la eficacia de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales; así mismo, en la órbita legal contractual, se impone el principio de responsabilidad personal patrimonial; de tal forma que cuando las dos órbitas se tocan en un caso concreto, este último principio deberá ceder ante el principio de la eficacia de los derechos fundamentales. En sede de tutela no se aborda el estudio de un asunto de responsabilidad patrimonial, predicable de un incumplimiento contractual, sino un asunto de responsabilidad constitucional, predicable del incumplimiento del principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre otros.

De tal forma que al concurrir un problema jurídico de orden constitucional (la posible vulneración o amenaza de derechos fundamentales originada en la suspensión de la prestación de un servicio público), con un problema jurídico de orden legal (el incumplimiento de obligaciones contractuales con efectos sobre terceros), y por ser la acción de tutela un mecanismo procesal para que cualquiera persona reclame ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales por la acción u omisión de un particular encargado de la prestación de un servicio público (art., 86 superior). El juez de tutela deberá darle trámite a la respectiva acción toda vez que los casos bajo estudio involucran una posible vulneración de derechos fundamentales, y además porque en ambos se perfecciona una de las hipótesis de procedibilidad de la acción de tutela, en consecuencia la Sala reafirma la existencia de legitimidad en la causa por pasiva.

 

1. Naturaleza jurídica de la expresión constitucional “dignidad humana”. Consecuencias normativas de su determinación.

 

9. El estudio de la naturaleza jurídica de la expresión constitucional “dignidad humana” tiene relevancia a partir de la existencia de una estrecha relación^[1] entre los conceptos normativos de, prestación eficiente y continua de los servicios públicos (artículo 365), Estado social de derecho (artículos 1 y 365) y eficacia de los derechos fundamentales (artículos 2 y 86).

Así mismo esta relevancia se pone de manifiesto frente a los casos concretos, en los que, las condiciones materiales, de los actores y de los demás reclusos en un caso, y de los habitantes del municipio del Arenal en el otro, obligan al juez de tutela a considerar el concepto normativo de dignidad humana, ya como fundamento de los derechos invocados (derecho al ambiente sano, derecho a la protección por parte del estado, derecho a la salud y derecho a la vida), o como entidad normativa autónoma, ya sea como derecho fundamental o como principio constitucional.

Síntesis de la configuración jurisprudencial de la naturaleza jurídica de la dignidad humana.

1. Para la Sala una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa.

Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).

 

De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo.

 

1. Estos seis aspectos no representan de manera alguna una postura definitiva y restringida del objeto protegido, del mandato de acción, de las razones normativas o de la configuración de los límites, en que el enunciado normativo de la «dignidad humana» se concreta. Por el contrario encuentra y reconoce la Sala, la riqueza tanto conceptual como funcional de la dignidad humana como concepto normativo, de tal forma que el énfasis o el acento que resulte puesto en uno de los sentidos expresados para efectos de la argumentación y en general de la solución jurídico constitucional de los casos concretos, no implica la negación o la pérdida de validez de los demás, incluso de las que no aparecen en este fallo relacionadas. En este sentido no importará para efectos de la validez-existencia de la norma jurídica implícita en el enunciado normativo “dignidad humana”, que la misma se exprese como derecho fundamental, como principio constitucional o como valor; y en el mismo sentido, que aparezca como expresión de la autonomía individual, como expresión de ciertas condiciones materiales de existencia, o como expresión de la intangibilidad de ciertos bienes.

 

Objeto de protección o contenido material del enunciado normativo “dignidad humana”.

 

2. A Partir de la idea de un objeto de protección o de un cierto contenido material de la dignidad humana como concepto normativo, la Sala ha identificado en la jurisprudencia de la Corte, tres ámbitos diferenciables y más o menos delimitados: la dignidad humana como autonomía individual, como condiciones de existencia y como intangibilidad de ciertos bienes. Estas líneas jurisprudenciales se conforman así:

Primera línea jurisprudencial: la dignidad humana y la autonomía individual.

 

3. En la sentencia T-532 de 1992, la Corte señaló la estrecha relación^[2] entre la libertad individual y la dignidad humana. A su vez, en la sentencia C-542 de 1993, en la cual se pronunció sobre la constitucionalidad de normas antisecuestro, la Corte recurrió al imperativo categórico kantiano, para reforzar la idea según la cual no pueden^[3] superponerse los intereses generales a los derechos fundamentales, especialmente los de la libertad y la vida que son “inherentes” a la dignidad del ser humano. De igual manera la Corte insistió^[4] en que la dignidad se “logra” con el pleno ejercicio de la libertad individual. En la sentencia C-221 de 1994, la dignidad constiuyó uno de los fundamentos constitucionales para la despenalización del consumo de dosis personal de drogas ilícitas, la Corte consideró la dignidad humana como el fundamento de la libertad personal, que se concreta en la posibilidad de elegir el propio destino^[5], cuando dicha elección no repercuta de manera directa en la órbita de los derechos ajenos. En la sentencia T-477 de 1995, la Corte al estudiar el caso de la readecuación de sexo de un menor, decidió proteger los derechos fundamentales del menor con fundamento en la caracterización^[6] de la dignidad humana como autonomía personal. En la sentencia T-472 de 1996, la Corte estableció que las personas jurídicas no son titulares de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, debido a que los mismos constituyen una “derivación directa del principio de dignidad humana”, en esta oportunidad se pronunció sobre el contenido^[7] de la dignidad asociándola a la autonomía individual. En la sentencia C-239 de 1997, la Corte creó una causal de justificación o eximente de responsabilidad, en el caso del homicidio pietístico; uno de los ejes de la argumentación fue el de la dignidad entendida como autonomía^[8] del enfermo para decidir sobre su vida en determinadas circunstancias. En la sentencia T-461 de 1998, la Corte decidió que la práctica consistente en limitar la actividad del trabajador a acudir al sitio de trabajo y no permitirle desarrollar las labores para las cuales fue contratado, al estar dirigida a configurar despido indirecto, afecta^[9] la dignidad humana en tanto imposibilita al trabajador el despliegue de la actividad y el “desarrollo de su ser”.

 

Segunda línea jurisprudencial:  la dignidad humana y  las condiciones materiales de  existencia.

4. En la Sentencia T-596 de 1992, la Corte ordenó realizar algunas reparaciones en un centro penitenciario a partir de la acción de tutela presentada por un recluso que dormía en un lugar incómodo expuesto a malos olores, con letrinas abiertas, etc., para la Corte en este caso la dignidad opera como calificativo^[10] de la forma de vida, de la cual se desprende una relación entre la dignidad y unas ciertas condiciones materiales de existencia. En la sentencia T-124 de 1993, la Corte tuteló el derecho de petición de una persona de la tercera edad que solicitaba el reconocimiento de la pensión. En esta oportunidad señaló la relación^[11] existente entre la igualdad material, las condiciones materiales de vida y la dignidad. En la sentencia C-239 de 1997, la Corte creó una causal de justificación o eximente de responsabilidad, en el caso del homicidio pietístico. Uno de los ejes de la argumentación fue el de la dignidad, pero ahora en función de las condiciones materiales^[12] de la vida del enfermo. En la Sentencia T-296 de 1998, la Corte revisó la acción de tutela presentada por una persona recluida en una cárcel con problemas de hacinamiento y que tenía que dormir sobre un piso húmedo, lugar de paso de otros reclusos. Aunque en este caso la Corte no concedió la tutela por existir hecho superado (libertad del actor) si se pronunció sobre la relación^[13] entre el hacinamiento penitenciario la dignidad humana y las condiciones materiales de existencia. En la sentencia C-521 de 1998, la Corte declaró inexequible una norma del código de tránsito que disponía que para efectos de la capacidad de transporte de pasajeros, los niños menores de 7 años se considerarían como medio pasajero; las razones giraron en torno a las condiciones^[14] de comodidad y seguridad durante el transporte como predicados de la dignidad humana. En la sentencia T-556 de 1998, la Corte concedió la tutela del derecho a la salud y al desarrollo armónico físico y psíquico de una menor bajo la idea de la dignidad humana en función de las necesidades materiales^[15], por consiguiente ordenó el cumplimiento de la prescripción médica consistente en el suministro de silla de ruedas. En la sentencia T-565 de 1999, la Corte ordenó a una E.P.S. suministrar pañales (excluidos del POS) a una persona de la tercera edad con dificultades económicas y con un problema de control de esfínteres; en este caso es clara la relación^[16] existente entre la dignidad humana y las condiciones materiales de existencia. En la sentencia C-012 de 2001, la Corte revisó la constitucionalidad de un tratado internacional sobre repatriación de presos; en este caso consideró que la dignidad no se restringe a la creación de las condiciones^[17] de vida digna sino que se extiende a la obligación de velar por que se alcance tal resultado.

Tercera línea jurisprudencial: la dignidad humana y la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral.

5. En la sentencia T-401 de 1992, la Corte resolvió el caso de reclusos inimputables por demencia cuya medida de seguridad de internación psiquiátrica se había prolongado indefinidamente lo cual constituía una pena o trato cruel, inhumano o degradante, que claramente afecta^[18] la dignidad humana. En la sentencia T-402 de 1992, la Corte revisó la tutela interpuesta por la madre de un niño a quien su profesora le castigó poniéndole un esparadrapo en la boca, la humillación^[19] padecida por el menor fue una de las razones para determinar la procedencia de la tutela de sus derechos. En la sentencia T-123 de 1994, la Corte al estudiar un caso de violencia intrafamiliar, tuteló los derechos de una menor a partir del enunciado normativo “respeto a la dignidad humana” del cual se desprende^[20] el derecho fundamental “a la integridad física y moral”. En la sentencia T-036 de 1995, la Corte puso de presente la relación entre la noción normativa de dignidad y la integridad física. De tal forma que es la prohibición^[21] de someter a persona alguna a la realización de “trabajos forzados” la que permite perfilar el contenido del llamado derecho a la “dignidad humana.” En la sentencia T-645 de 1996, la Corte resolvió el caso de una señora a quien después de varias revisiones médicas no le resolvían sus problemas de salud. La Corte tuteló el derecho a la integridad física el cual es “manifestación directa del principio de la dignidad humana”^[22], ordenando la revisión de la actora por parte de un especialista. En la sentencia T-572 de 1999, la Corte al resolver el caso de una mujer que perdió la fisonomía de su cuerpo después de una operación de senos, concedió la tutela del derecho a la integridad física en relación^[23] con el derecho a la dignidad humana, ordenando la realización de una cirugía estética. En la sentencia T-879 de 2001, la Corte al resolver el caso de un delincuente gravemente herido que fue esposado a la cama del hospital por el policía custodio, tuteló los derechos del herido bajo el argumento según el cual, tal situación constituía un trato cruel que representaba una “vulneración de la dignidad humana”^[24].

 

Síntesis de las líneas jurisprudenciales acerca del contenido material de la expresión normativa «dignidad humana».

6. A partir de esta serie de pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Sala concluye que el referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de vida).

Estos tres ámbitos de protección integran, entendidos en su conjunto, el objeto protegido por las normas constitucionales desarrolladas a partir de los enunciados normativos sobre “dignidad”, principalmente el contenido en el artículo 1 (Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,…fundada en el respeto de la dignidad humana...), y de manera secundaria los contenidos en los artículos 25 (Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas), 42 (la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables) y 51 (Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna).

7. Sin embargo, para la construcción de las normas en función del objeto de protección delimitado, la Corte no se ha valido únicamente de los enunciados normativos de los artículos 1, 25, 42 y 51 en los cuales las palabras “dignidad” y “dignas”, ya como sustantivo, ya como adjetivo, aparecen de manera literal; la Corte, por el contrario, ha recurrido a la delimitación de los referidos ámbitos de protección, a partir de múltiples enunciados normativos o disposiciones constitucionales. Ilustrativo es el caso de la contenida en el artículo 12 (Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes) de la cual la Corte, junto con el enunciado normativo del “respeto a la dignidad humana” ha extraído la norma consistente en el derecho fundamental a la integridad física y moral.^[25]

Igualmente ilustrativo es el caso del enunciado normativo contenido en el artículo 13 (el estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva), el cual junto con el enunciado normativo del “respeto a la dignidad humana” ha servido para perfeccionar el objeto de protección de la dignidad entendida como  posibilidad real de acceder a ciertos bienes o servicios materiales^[26] o de disfrutar de ciertas condiciones de vida^[27], situaciones que en principio deben ser garantizadas por el Estado mediante la distribución de bienes y servicios^[28].

En el mismo sentido se puede mostrar el caso del enunciado normativo contenido en el artículo 16 (todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad) del cual la Corte junto con el enunciado normativo del “respeto a la dignidad humana” ha delimitado el objeto de protección de la dignidad entendida como posibilidad de autodeterminarse^[29] según el propio destino^[30] o la idea particular de perfección^[31], con el fin de darle sentido a la propia existencia^[32].

Esta descripción de los ámbitos de protección a partir de ciertas relaciones existentes entre los enunciados normativos contenidos en los artículos 1 (dignidad humana), 12 (prohibición de tratos inhumanos), 13 ( principio de igualdad material) 16 (derecho a la libertad); plantea el problema de la delimitación del ámbito de protección de las normas jurídicas que consagran derechos fundamentales, el cual una vez resuelto, permite racionalizar los contenidos de la Constitución, y lograr la protección efectiva de los mismos.

9. Pasará ahora la Corte a definir el aspecto de la funcionalidad del enunciado normativo «respeto a la dignidad humana» en el ordenamiento jurídico colombiano. En este sentido se han identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo.

La funcionalidad del enunciado constitucional «respeto a la dignidad humana» en el ordenamiento jurídico colombiano. Y en primer lugar, de la “dignidad humana” como valor fundante del ordenamiento jurídico y del Estado colombianos.

1. Para la Sala es claro que cuando la Corte Constitucional se pronuncia sobre valores, pasa inmediatamente del plano normativo al plano axiológico. Esta duplicidad de planos impide adelantar el análisis o el tratamiento de un enunciado normativo, en este caso el de la dignidad humana, a partir del marco conceptual propio de la ciencia normativa del derecho.

Esta distinción igualmente le permite a la Corte evitar rupturas metodológicas de otra manera insalvables, pues mientras el plano axiológico opera bajo la lógica de “lo mejor” el plano normativo opera bajo la lógica de “lo debido”. De esta forma consideraciones que bien cabrían en el plano axiológico no serían de recibo en el plano normativo.

Sin embargo, para efectos prácticos estas diferencias se diluyen, pues los predicados de la dignidad humana comparten también naturaleza normativa. La distinción es importante para la comprensión del concepto como fenómeno lingüístico, de tal forma que cuando se afirma que la dignidad humana es el fundamento del ordenamiento jurídico y del Estado, o que constituye el valor supremo de los mismos, la operatividad del concepto pasa del plano prescriptivo al plano descriptivo, en este sentido la dignidad humana constituye un elemento definitorio del Estado social y de la democracia constitucional, existiendo entonces una suerte de relación conceptual necesaria entre dignidad humana y Estado social de derecho.

Pasará la Sala a revisar la funcionalidad del enunciado normativo “dignidad humana” en el plano axiológico a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

 

1. Para la Corte en la sentencia T-401 de 1992, la dignidad humana es el principio fundante del ordenamiento jurídico que constituye el presupuesto esencial^[33] de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías de la Constitución. En la sentencia T-499 de 1992, la Corte toma la dignidad humana como el valor fundante constitutivo del orden jurídico. En la sentencia T-011 de 1993, la dignidad humana constituye la base axiológica^[34] de la Carta. En la sentencia T-338 de 1993, la dignidad humana se muestra como el principio fundante de la Constitución y a la vez es una garantía^[35] de las personas. En la sentencia T-472 de 1996, la Corte lo toma como un principio del que derivan^[36] derechos fundamentales de las personas naturales. En la sentencia C-045 de 1998 la dignidad humana es el fundamento^[37] del ordenamiento jurídico. En la sentencia C-521 de 1998 la dignidad humana constituye el valor superior al cual están anejos^[38] los derechos fundamentales. En la Sentencia T-556 de 1998 es un principio constitucional^[39] elevado a nivel de “fundante” del Estado, base del ordenamiento jurídico y de la actividad de las autoridades públicas. En la Sentencia T-1430 de 2000 la dignidad humana constituye a partir del Estado social de derecho, el pilar ético fundamental^[40] del ordenamiento.

2. En conclusión, para la Sala es claro que la dignidad humana caracteriza de manera definitoria al Estado colombiano como conjunto de instituciones jurídicas. La importancia práctica de esta “faceta” de la dignidad humana está mediada simplemente por la posibilidad de claridad conceptual.

El enunciado normativo «respeto a la dignidad humana», y las normas jurídicas  constitucionales.

3. Para la Sala es palmario que la nuda expresión “fundada en el respeto a la dignidad humana” no permite la identificación inmediata de una norma jurídica. En este sentido recuerda la Sala que la identificación de normas jurídicas a partir de enunciados normativos es la más importante tarea del intérprete, y en el caso de los enunciados normativos constitucionales, es una de las más importantes tareas de la Corte Constitucional como la máxima intérprete de la Constitución.

Este proceso de identificación de normas, se presenta por lo general como un proceso implícito, en el cual a partir de enunciados normativos determinados, al realizar el análisis de hechos particulares, se perfilan argumentos de tipo normativo, que concluyen con una decisión obligatoria. Es obvio que el racionamiento del juez constitucional no es el del lógico del silogismo. Sin embargo el juez constitucional interpreta y aplica normas jurídicas, las cuales se estructuran a partir de mandatos, prohibiciones, permisiones o potestades. Y frente a las cuales el ordenamiento prevé la posibilidad de materializar consecuencias. En últimas la estructura lógica de las normas permite reconducir las hipótesis de los enunciados a ciertos supuestos fácticos comprensivos de lo ordenado, prohibido o permitido y a ciertas consecuencias jurídicas más o menos determinables.

Como conclusión, del tema que ocupa a la Sala, en aras de la identificación de las normas constitucionales a partir de los enunciados normativos constitucionales sobre el respeto a la dignidad humana, se afirmará la existencia de dos normas jurídicas que tienen la estructura lógico normativa de los principios: (a) el principio de dignidad humana y (b) el derecho a la dignidad humana. Las cuales a pesar de tener la misma estructura (la estructura de los principios), constituyen entidades normativas autónomas con rasgos particulares que difieren entre sí, especialmente frente a su funcionalidad dentro del ordenamiento jurídico.

la definición de la estructura de las normas jurídicas extraídas a partir del enunciado normativo “respeto a la dignidad humana».

 

(a) la configuración de la norma con funcionalidad de principio, a partir del enunciado normativo «respeto a la dignidad humana”, o el principio de dignidad humana.

4. El principio de dignidad humana, se constituye como un mandato constitucional, un deber positivo, o un principio de acción, según el cual todas las autoridades del Estado sin excepción, deben, en la medida de sus posibilidades jurídicas y materiales, realizar todas las conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y legales con el propósito de lograr las condiciones, para el desarrollo efectivo de los ámbitos de protección de la dignidad humana identificados por la Sala: autonomía individual, condiciones materiales de existencia, e integridad física y moral.

5. Pasará entonces la Sala a revisar la funcionalidad de la norma jurídica identificada a partir del enunciado normativo “dignidad humana”, consistente en el principio constitucional de dignidad humana, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En la sentencia T-499 de 1992, afirmó la Corte:

«El respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Los funcionarios públicos están en la obligación de tratar a toda persona, sin distinción alguna, de conformidad con su valor intrínseco (CP arts. 1, 5 y 13).».

En la sentencia T-596 de 1992, afirmó la Corte:

 «Los derechos fundamentales no incluyen sólo derechos subjetivos y garantías constitucionales a través de los cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones de las  autoridades públicas, también incluye deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder público. No sólo existe la obligación negativa por parte del Estado de no lesionar la esfera individual, también  existe la obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de tales derechos. La razón jurídica que explica este compromiso positivo del Estado se encuentra en el mandato constitucional según el cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana, lo cual determina, no sólo un deber negativo de no intromisión sino también un deber positivo de protección y mantenimiento de condiciones de vida digna.».

En la Sentencia  T-461 de 1998, afirmó la Corte:

«El respeto a la dignidad, es un mandato que obliga no sólo a las autoridades públicas sino a los particulares, cualesquiera que sea la relación que exista entre éstos. Es, en si mismo, un principio mínimo de convivencia y expresión de tolerancia.».

  

En la Sentencia C-328 de 2000, afirmó la Corte:

  «Ahora bien, el principio de dignidad humana y el derecho a la paz no sólo imponen el deber de prevenir la guerra sino que, en caso de un conflicto inevitable, obligan al Estado a morigerar sus efectos.   De igual manera, siguiendo la cláusula Martens, y en evidente conexión con el principio de dignidad humana, el Estado colombiano estará obligado a lograr la no utilización de medios que tengan efectos desproporcionados contra los no combatientes o que afecten la población civil.».

  

En la Sentencia C-012 de 2001, afirmó la Corte:

«La efectividad de sus derechos constitucionales de carácter prestacional y el real respeto por el principio de dignidad humana, no se traduce en la mera creación de condiciones de vida digna, también obliga a que las medidas adoptadas por el Estado efectivamente se dirijan a dicho resultado y, además, a que el Estado se abstenga de tomar decisiones que impongan mayores cargas a los asociados.». 

 

En la Sentencia T-958 de 2001, afirmó la Corte:

«El principio de dignidad humana, base última del sistema jurídico, exige del Estado y de los particulares un compromiso permanente por respetar los valores de igualdad, libertad y solidaridad…  el respeto por la dignidad humana supone un reparto igualitario (sea formal o material) de las condiciones de ejercicio de la libertad. En este punto, ha de tenerse presente que la realización de la libertad depende, en gran medida, de las condiciones materiales, de suerte que la interpretación de los derechos constitucionales, sean fundamentales o no, ha de tener por norte la consecución de la real igualdad.».

(b) La configuración de la norma con funcionalidad de derecho fundamental, a partir del enunciado normativo «respeto a la dignidad humana”, o el derecho fundamental a la dignidad humana.

6. El derecho a la dignidad humana, se constituye como un derecho fundamental autónomo, y cuenta con los elementos de todo derecho: un titular claramente identificado (las personas naturales), un objeto de protección más o menos delimitado (autonomía, condiciones de vida, integridad física y moral) y un mecanismo judicial para su protección (acción de tutela). Se consolida entonces como verdadero derecho subjetivo.

Sin embargo, la Sala se pregunta si efectivamente la dignidad humana, según los ámbitos protegidos constituye como tal un derecho fundamental, y no se trata en cambio de un fundamento^[41] de los derechos fundamentales, a partir de una determinada concepción antropológica de la Carta. En este último sentido la Corte se ha pronunciado en varias oportunidades. Sin embargo, también se ha referido a la dignidad humana como un derecho fundamental autónomo.

7. Pasará entonces la Sala a revisar la funcionalidad de la norma jurídica identificada a partir del enunciado normativo “dignidad humana”, consistente en el derecho constitucional fundamental a la dignidad humana, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En la Sentencia T-124 de 1993, afirmó la Corte:

  «La dignidad  (artículo 1o. Constitución Política) es un atributo de la persona y, en cuanto tal, todos tienen derecho a que sean tratados conforme a esa dimensión específicamente humana.».

 

En la Sentencia T-036 de 1995, afirmó la Corte:

«En estas circunstancias, la actuación en que incurrió Elver García al cerrar el camino, obligando a los petentes a arrastrarse bajo el alambrado y a cargar lo que sus cansadas espaldas pueden soportar, sobrepasa el ámbito del derecho real de servidumbre y deviene en una violación del derecho fundamental a la dignidad humana, en un desconocimiento del deber de solidaridad exigible a todo individuo en un Estado Social de Derecho, y obliga al juez de tutela a hacer efectiva la especial protección que otorga nuestra Carta Política a las personas de la tercera edad.».

 

En la Sentencia T-477 de 1995, afirmó la Corte:

«El derecho a la  identidad, y mas específicamente a la identidad sexual , presupone la existencia de un derecho constitucional a la Dignidad. Este derecho “Opera  aún cuando caduquen los demás derechos  personales emergentes  de la Constitución”. El derecho a la dignidad, se constituye a su vez  en fuente de otros derechos. Razón por la cual, toda  violación al derecho a la identidad, es a su vez  una vulneración al derecho a la dignidad Humana.».

 

En la Sentencia T-796 de 1998, afirmó la Corte:

«En consecuencia, en el caso concreto del menor cuya protección se solicita, se requiere garantizar la aplicación efectiva de las normas constitucionales que amparan los derechos a la vida, a la dignidad humana, a la integridad física, a la salud, y en particular, los derechos de los niños,…».

En la Sentencia T-1700 de 2000, afirmó la Corte:

«Lo anterior permite a la Sala concluir que, si bien es cierto que el derecho a la salud en principio es un derecho prestacional, no lo es menos que, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, adquiere el carácter de fundamental cuando con su vulneración resulten afectados o amenazados derechos fundamentales como la vida, la integridad de la persona, la dignidad humana u otros que, de manera autónoma, ostenten la calidad de fundamentales.».

 

En la Sentencia T-888 de 2001, afirmó la Corte:

«Ello deja ver otra vulneración grave a entidades constitucionales como el derecho a la dignidad, en la medida en que tratándose de una persona que no cuenta con ninguna fuente de ingresos y que no tiene la capacidad de operar en el mercado laboral, negarle una pensión de invalidez, equivale a someter arbitrariamente su bienestar a la voluntad o capacidad de terceras personas, lo que compromete seriamente la dignidad, la igualdad y la autonomía.» 

Síntesis

8. En la mayoría de los fallos en los cuales la Corte utiliza la expresión «dignidad humana» como un elemento relevante para efecto de resolver los casos concretos, el ámbito de protección del derecho (autonomía personal, bienestar o integridad física), resulta tutelado de manera paralela o simultánea con el ámbito de protección de otros derechos fundamentales con lo cuales converge, sobre todo, con aquellos con los cuales guarda una especial conexidad, como el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad personal, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la propia imagen o el derecho al mínimo vital, entre otros.

Esta situación merecería una revisión frente a la determinación de la naturaleza jurídica de la dignidad humana, porque si bien, para la solución correcta de los asuntos constitucionales, basta la invocación y la protección de un derecho fundamental nominado o innominado específico, no parece adecuado acudir a la artificiosa construcción de un llamado derecho a la dignidad. Más aún, si la propia Corte ha concluido que la dignidad es un principio constitucional, y un elemento definitorio del Estado social de derecho colombiano, al que como tal, le corresponde una función integradora del ordenamiento jurídico, constituye un parámetro de interpretación^[42] de los demás enunciados normativos del mismo y sobre todo es la fuente última, o el “principio de principios” del cual derivan el fundamento de su existencia-validez buena parte de los llamados derechos innominados.

Sin embargo, el cauce abierto por la Corte tiene una especial importancia en el desarrollo del principio de la eficacia de los derechos fundamentales y de la realización de los fines y valores de la Constitución, sobre todo en lo relativo a la concepción antropológica^[43] del Estado social de derecho. Porque si bien la Sala ha identificado tres ámbitos concretos de protección a partir del enunciado normativo del “respeto a la dignidad humana,” ámbitos igualmente compartidos por otros enunciados normativos de la Constitución (artículos 12 y 16),  una interpretación más comprensiva de la Constitución permite y exige la identificación de nuevos ámbitos de protección que justifican el tratamiento jurisprudencial del enunciado sobre la dignidad, como un verdadero derecho fundamental.

9. En este sentido, considera la Corte que ampliar el contenido de la dignidad humana, con tal de pasar de una concepción naturalista o esencialista de la misma en el sentido de estar referida a ciertas condiciones intrínsecas del ser humano, a una concepción normativista o funcionalista en el sentido de completar los contenidos de aquella, con los propios de la dimensión social de la persona humana, resulta de especial importancia, al menos por tres razones: primero, porque permite racionalizar el manejo normativo de la dignidad humana, segundo, por que lo presenta más armónico con el contenido axiológico de la Constitución de 1991, y tercero, porque abre la posibilidad de concretar con mayor claridad los mandatos de la Constitución.

Con esto no se trata de negar el sustrato natural del referente concreto de la dignidad humana (la autonomía individual y la integridad física básicamente), sino de sumarle una serie de calidades en relación con el entorno social de la persona. De tal forma que integrarían un concepto normativo de dignidad humana, además de su referente natural, ciertos aspectos de orden circunstancial determinados por las condiciones sociales, que permitan dotarlo de un contenido apropiado, funcional y armónico con las exigencias del Estado social de derecho y con las características de la sociedad colombiana actual.

En conclusión, los ámbitos de protección de la dignidad humana, deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural, sino como contenidos concretos, en relación con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente.

De tal forma que integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de la autonomía individual), la libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle. Libertad que implica que cada persona deberá contar con el máximo de libertad y con el mínimo de restricciones posibles, de tal forma que tanto las autoridades del Estado, como los particulares deberán abstenerse de prohibir e incluso de desestimular por cualquier medio, la posibilidad de una verdadera autodeterminación vital de las personas, bajo las condiciones sociales indispensables que permitan su cabal desarrollo.

Así mismo integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de las condiciones materiales de existencia), la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades, bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad real de desarrollar un papel activo en la sociedad. De tal forma que no se trata sólo de un concepto de dignidad mediado por un cierto bienestar determinado de manera abstracta, sino de un concepto de dignidad que además incluya el reconocimiento de la dimensión social específica y concreta del individuo, y que por lo tanto incorpore la promoción de las condiciones que faciliten su real incardinación en la sociedad.

El tercer ámbito también aparece teñido por esta nueva interpretación, es así como integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de la intangibilidad de los bienes inmateriales de la persona concretamente su integridad física y su integridad moral), la posibilidad de que toda persona pueda mantenerse socialmente activa. De tal forma que conductas dirigidas a la exclusión social mediadas por un atentado o un desconocimiento a la dimensión física y espiritual de las personas se encuentran constitucionalmente prohibidas al estar cobijadas por los predicados normativos de la dignidad humana; igualmente tanto las autoridades del Estado como los particulares están en la obligación de adelantar lo necesario para conservar la intangibilidad de estos bienes y sobre todo en la de promover políticas de inclusión social a partir de la obligación de corregir los efectos de situaciones ya consolidadas en las cuales esté comprometida la afectación a los mismos.

Para la Sala la nueva dimensión social de la dignidad humana, normativamente determinada, se constituye en razón suficiente para reconocer su condición de derecho fundamental autónomo, en consonancia con la interpretación armónica de la Constitución.

 

1. Características del servicio público de suministro de energía eléctrica en el contexto del Estado social de derecho.

 

1. Para la Corte la «inherencia» de los servicios públicos predicable de la finalidad social del Estado, según la disposición del artículo 365 de la Constitución, pone de presente la especial relevancia política que el Constituyente de 1991 le atribuyó a los servicios públicos. En este sentido, es evidente la existencia de un verdadero mandato constitucional encaminado a asegurar la prestación eficiente de los mismos a todos los habitantes del territorio nacional.

La Corte igualmente ha considerado que los servicios públicos al encontrarse en el marco del Estado social de derecho, constituyen “aplicación concreta del principio fundamental de solidaridad social”^[44], se erigen como el principal instrumento mediante el cual “el Estado realiza los fines esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales,^[45]” y son la herramienta idónea para “alcanzar la justicia social y promover condiciones de igualdad real y efectiva^[46]”, así como para asegurar unas “condiciones mínimas de justicia material”^[47].

Los servicios públicos deben mantener un nivel de eficiencia^[48] óptimo, que permita dar respuesta  a las necesidades sociales imperantes de justicia material y de condiciones reales de igualdad. Dicho nivel de eficiencia se concreta en la “continuidad, regularidad y calidad del mismo”^[49] frente a lo cual su prestación “no puede tolerar interrupciones”^[50] y mucho menos cuando la interrupción se acomete con el objeto de “hacer prevalecer el interés económico del particular o entidad pública prestataria del servicio frente a los interese públicos sociales que representa el Estado.”^[51]

1. Frente al servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica^[52], se predican en la misma medida, las características generales de los servicios públicos, especialmente la de «continuidad en la prestación del servicio»^[53]. Toda vez que con el mismo se garantiza la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas^[54] y el goce del derecho fundamental a la dignidad humana en el sentido social o de otros derechos fundamentales^[55], sobre todo cuando de su prestación efectiva dependen las condiciones normales de prestación de otros servicios públicos, o las condiciones necesarias para el funcionamiento de la sociedad.

En función del caso bajo estudio (racionamientos periódicos de energía en centro penitenciario y suspensión del servicio de energía en hospitales, acueductos y establecimientos de seguridad), la Sala reiterará la jurisprudencia sobre las características del servicio público de energía, especialmente en lo relativo al imperativo de continuidad de la prestación, dada la existencia de una especial relación entre la necesidad de garantizar los fines del Estado, la eficacia del principio de la dignidad humana y el goce cabal de los derechos fundamentales. Especial relación que se hace evidente dada la situación en la que se encuentran, las personas privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de Cartagena, y las personas del municipio del Arenal, que se vieron privadas del servicio de salud y de agua. Sobre todo cuando es imperativo, como parte integrante de una adecuada administración de justicia, el deber de velar por el correcto funcionamiento y la seguridad del centro penitenciario, y, cuando es imperativo, como parte integrante de una adecuada administración pública, el deber de velar por el normal funcionamiento del centro hospitalario, del acueducto y de los establecimientos de seguridad en el municipio del Arenal.

 

 

1. Los deberes constitucionales, la obligación de pago en el ámbito de los servicios públicos y el principio de solidaridad.

2. La modificación del modelo de Estado operada por la Constitución de 1991, impone una dinámica diferente en términos de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. A la concesión de un catálogo ampliamente generoso de derechos le corresponde una serie no menos importante de deberes de rango constitucional.

En este orden de ideas y a partir del principio de solidaridad (CP art. 1), consustancial al Estado social de derecho, deben interpretarse y concebirse las obligaciones constitucionales. En este sentido, es importante resaltar la existencia-validez de verdaderos deberes constitucionales entre los que se cuentan: la obligación social del trabajo (CP art. 25), las obligaciones propias de la seguridad social (CP art. 48), las obligaciones derivadas de la función social de la propiedad (CP art. 58) y de la empresa (CP art. 333), las obligaciones tributarias (CP art. 95-9), la obligación de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, y la obligación de obrar conforme al principio de solidaridad (CP art. 95-1,2), entre otros.

Una promoción normativa de los deberes, que los torna controlables en sede judicial, resulta armónica con la fórmula de Estado propuesta por el Constituyente de 1991, que además de proclamar una concepción del ser humano inspirada en el principio de dignidad y de autonomía individual, se aleja definitivamente de una concepción paternalista bajo la cual el Estado todo lo debe.

3. Esta dinámica derechos-deberes se realiza de manera especial en el ámbito de la prestación de los servicios públicos cuyo funcionamiento se encuentra constitucionalmente informado por el principio de solidaridad. Es así como en el caso del servicio público de seguridad social o en el caso de los servicios públicos domiciliarios esenciales, la posibilidad de su prestación efectiva, depende en buena medida del cabal funcionamiento de los mecanismos de solidaridad. En consecuencia, el deber de cumplir con las obligaciones contractuales surgidas en virtud de contratos de condiciones uniformes o de contratos de prestación de servicios públicos, o el deber de cumplir con la obligación de realizar legalmente el pago de los aportes al régimen integral de seguridad social, por la importancia del servicio y la condición sistémica que impone la lógica de la solidaridad, abandona su carácter de deber o de obligación puramente contractual, para elevarse a una obligación de rango constitucional, en virtud del principio de solidaridad.

En este orden de ideas al verse comprometida la prestación del servicio público en condiciones de regularidad, calidad y universalidad, la situación patrimonial de las empresas de servicios públicos, de la que depende la operatividad del sistema y la prestación del servicio, pasa de ser un asunto exclusivamente patrimonial y privado a un asunto de extrema importancia pública y social.

La Sala considera que, en el ámbito de los servicios públicos, recargar o imponer toda la responsabilidad al particular encargado de su prestación, resulta contrario a la Constitución. Para la Sala es claro que la posibilidad de prestación efectiva de los servicios está condicionada a la viabilidad financiera de las empresas privadas o públicas encargadas de su prestación, de tal forma que la reiteración de prácticas ilegales de no pago deterioran no sólo el interés económico de las empresas, reflejado en la depauperización de su patrimonio, sino que pueden incluso conducir al colapso de las mismas y por esta vía a la imposibilidad material de la prestación general del servicio público. Nada más alejado de la finalidad social del Estado en términos del artículo 365 de la Constitución.

En consecuencia, el pago de las facturas correspondientes a la prestación de los servicios públicos por parte de los usuarios y directos beneficiarios se impone como un deber de rango constitucional, en tanto y en cuanto del mismo depende el normal funcionamiento de los mecanismos de solidaridad constituidos como  el sustrato irremplazable del sistema, y de cuya operatividad depende la prestación efectiva de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional.

 

Si bien existe un consenso en el sentido de aceptar que los servicios públicos constituyen el principal instrumento mediante el cual el Estado realiza sus fines esenciales y pretende alcanzar la justicia material, tanto como que su prestación debe mantenerse en condiciones de eficiencia continuidad, regularidad y calidad, el propio principio de solidaridad impone la concurrencia tanto del Estado como  de la sociedad (el conjunto de usuarios de los servicios), para que directamente y mediante la ejecución cumplida de sus deberes y en especial el del pago individual, racional, estratificado y proporcional, se puedan realizar de manera plena, integral y universal aquellos mandatos constitucionales.

 

1. Relaciones contractuales con efectos directos sobre terceros. El incumplimiento no se discute.

 

4. En el caso bajo estudio las causas mediatas e inmediatas de los racionamientos tienen origen en múltiples incumplimientos contractuales. En el caso del INPEC, se presentan por un lado el incumplimiento de la obligación de pagar una suma de dinero, proporcional al incremento de los costos por el uso de los servicios públicos de los contraventores, por parte del Distrito de Cartagena al INPEC; y por el otro, el incumplimiento de la obligación de pagar las sumas de dinero relacionadas en las facturas originadas en la prestación del servicio de energía eléctrica por parte del INPEC a la empresa Electrocosta S.A. E.S.P.

Para la Sala está completamente demostrado tanto el incumplimiento del Distrito como el incumplimiento del INPEC, situación contraria a los principios rectores de la administración pública (art., 209 superior), y contradictoria con los fines del Estado (art., 2 superior). Por lo cual se conminará a las entidades públicas responsables para que  adelanten todo lo pertinente con el fin de alcanzar la solución definitiva de las obligaciones contraídas con la empresa prestadora de energía. Además compulsará copias a la autoridad competente, con el propósito de que investigue los hechos que dieron origen a los incumplimientos contractuales y establezca la responsabilidad respectiva de encontrarse procedente.

Es entonces claro para la Sala que ni el incumplimiento de las obligaciones contractuales, ni la obligación de pagar las sumas adeudas, son objeto de discusión en sede de Tutela, como bien lo señaló el ad quem en este caso. Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto la situación actual de las personas privadas de la libertad, que en su condición de terceros ajenos a la relación negocial, sufren las consecuencias de las conductas contractuales tanto del INPEC como de Electrocosta S.A. E.S.P.

5. Por otro lado, en el caso del municipio del Arenal, el incumplimiento se encuentra igualmente demostrado. En este sentido la Sala observa que el servicio de energía ha sido prestado al Municipio del Arenal desde que Electrocosta asumió las obligaciones de comercialización y distribución de energía en la región de la Costa Caribe colombiana y que efectivamente ni el municipio del Arenal, ni ninguno de sus habitantes han cumplido con su deber constitucional de pagar por el servicio público de energía.

Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto la situación eventual de las personas que requieren atención médica en el municipio del Arenal, igualmente la de aquellas personas miembros de la Fuerza pública, quienes se ven expuestos a sufrir riesgos prohibidos por la Constitución sobre sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal, a partir de la privación del servicio de suministro de energía eléctrica.

Por estas razones la Sala conminará al Municipio como entidad pública responsable, para que  en adelante se abstenga de incurrir en conductas violatorias del deber constitucional de cancelar las obligaciones contraídas con la empresa prestadora de energía. Además, compulsará copias a la autoridad competente, con el propósito de que investigue los hechos que dieron origen a los incumplimientos contractuales y establezca la responsabilidad respectiva de encontrarse procedente.

Así mismo, compulsará copias a la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios, a la gobernación de Bolívar, a Electrocosta E.S.P. y al propio municipio del Arenal con el fin de que adopten las medidas necesarias para separar e instalar contadores de energía según cuantos usuarios o grupos de usuarios existan, con el fin de individualizar el cobro de la energía y permitir el cumplimiento de los deberes que impone el principio de solidaridad; y en adelante evitar la afectación de sus derechos por la conducta contractual negligente de terceros.

1. La prestación de los servicios públicos esenciales, los derechos fundamentales y los establecimientos constitucionalmente protegidos.

6. En principio, Sala considera que no puede sobreponerse el interés contractual, que por lo general se concreta en los intereses económicos de las partes, a los intereses de los terceros directamente relacionados con la ejecución de ciertos contratos. Y menos aún cuando la conducta contractual de aquellos, tiene la virtud de poner en riesgo o incluso de vulnerar los derechos fundamentales de éstos, y el objeto contractual es la prestación de un servicio público.

Sobre este asunto se ha pronunciado la Corte en varias oportunidades: a propósito del caso de incumplimiento de un convenio sobre prestación del servicio de salud a terceros^[56], o en el del incumplimiento de algunas obligaciones del contrato de matrícula^[57], e incluso también en el caso del incumplimiento del contrato de condiciones uniformes de prestación del servicio de energía por parte de establecimientos educativos^[58]. En este último, la Corte consideró inconstitucional la  suspensión del servicio de energía por parte del prestador, en el entendido de que con la misma se generaba un perjuicio a terceros consistente en limitar o eliminar las posibilidades de goce de los derechos fundamentales de los estudiantes.

Es por estas razones que, como ya lo ha afirmado la Corte, el interés económico del prestador del servicio, empresa prestadora de servicios de salud, establecimiento educativo, o empresa prestadora del servicio de energía, debe ceder ante la necesidad de protección de los intereses de las personas que persiguen el goce efectivo de sus derechos fundamentales  (en estos casos a la salud y a la educación).

7. Sólo cuando se presenta un riesgo cierto e inminente sobre derechos fundamentales, tanto el interés económico como el principio de solidaridad, deben ceder en términos de oportunidad que no de negación, frente a los intereses que involucran los referidos derechos. En este sentido, considera la Sala que existe un mandato constitucional de especial protección a ciertos establecimientos de cuyo normal funcionamiento en términos absolutos, depende la posibilidad del goce efectivo in abstracto de los derechos fundamentales de las personas que integran la comunidad. De tal forma que del funcionamiento normal y ordinario de dichos establecimientos, dependen en buena medida las posibilidades reales de goce del cúmulo de derechos fundamentales que están a la base de la lógica ordenación de sus funciones (hospitales, acueductos, sistemas de seguridad, establecimientos de seguridad terrestre y aérea, comunicaciones, etc.) y en un sentido macro, del correcto funcionamiento de la sociedad.

Esta protección especial torna constitucionalmente injustificada la conducta de las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, que alegando ejercicio de atribuciones legales proceden a efectuar como simples medidas de presión para el pago de sumas adeudadas, racionamientos o  suspensiones indefinidas del servicio, en establecimientos penitenciarios, o indiscriminadamente en establecimientos de salud o establecimientos relacionados con la seguridad ciudadana.

1. Alcance del enunciado normativo del artículo 45 del decreto 2591 de 1991.

 

8. Sobre el alcance del enunciado normativo del artículo 45^[59] del decreto 2591 de 1991, la Corte se ha pronunciado en varias ocasiones. Esta Sala reiterará algunas de las características de la figura contenidas en la sentencia T-017 de 1995.

En aquella oportunidad la Corte afirmó que en el artículo 45 del decreto 2591 de 1991 no se consagraba una causal de improcedencia de la acción, sino una causal de improcedencia de la tutela de los derechos fundamentales, de tal forma que aun cuando la acción sea procedente en el caso concreto, sería posible negar el amparo, previo estudio de los hechos aducidos y de las circunstancias de los mismos, a la luz de la normatividad vigente.

Para la Corte el objetivo de dicho enunciado es el de reservar la orden de tutela para la protección de los derechos fundamentales, cuya vulneración tenga origen en “acciones u omisiones contrarias al ordenamiento jurídico”^[60]. En este sentido constituye un “desarrollo” de la disposición del artículo 6 de la Constitución, según la cual “los particulares sólo son responsables por infringir la Constitución y las leyes,” en estrecha relación con el principio de seguridad jurídica, que a su vez le permite a las personas que ajustan su conducta a las normas existentes y no abusan de sus derechos, no verse sometidas a la imposición de sanciones, a la limitación de derechos  o a la deducción de responsabilidad.^[61]

Por otro lado, para la Sala el adjetivo “legítima” que califica la conducta del particular contra el cual se ejerce la acción de tutela, se refiere a la posibilidad de identificar el origen de la conducta en las normas de autorización vigentes al momento de la realización de la misma, de tal forma que exista armonía entre la conducta y el ordenamiento jurídico entendido como un todo normativo. De esta forma la conducta no se puede considerar como legítima si la misma encuentra sustento en una norma de autorización de rango legal pero al mismo tiempo se encuentra en abierta contradicción con normas de prohibición de rango constitucional.

Igualmente, como lo ha sostenido la Corte^[62] “Quien invoca un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico únicamente puede llevar su ejercicio hasta los límites que el mismo ordenamiento establece. Una vez traspasados esos linderos, deja de ejercerse un derecho y, en cuanto se causa daño a la colectividad o a personas en concreto, se pierde legitimidad y se debe responder.” Es por esto que a pesar de que en principio se pueda predicar el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de empresa por parte de Electrocosta, tal afirmación se desvanece ante la generación de un riesgo grave y cierto a partir de su conducta, que no sólo apareja en el primer caso, la amenaza de los derechos fundamentales de los actores, sino también la afectación de las condiciones materiales para el correcto funcionamiento de la Cárcel Distrital de Cartagena en estrecha relación con la posibilidad de cumplir los fines esenciales del Estado; y que en el segundo, implicó la amenaza de los derechos fundamentales de los habitantes del Arenal, sobre todo en lo que tuvo que ver con las condiciones materiales para el correcto funcionamiento del Municipio entero en lo que atañe a la salubridad pública (hospital y acueducto), así como a los establecimiento de seguridad.

La Sala concluye que la pretendida legitimidad alegada por Electrocosta no es de recibo, máxime si a la misma se enfrentan tanto la obligación constitucional de no afectar los derechos fundamentales de terceros, como la de garantizar el correcto funcionamiento de los establecimientos constitucionalmente protegidos.

1. Implicaciones constitucionales de las llamadas “relaciones especiales de sujeción.”

9. De la existencia, identificación y régimen de las llamadas “relaciones especiales de sujeción”^[63] entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función de la ilustración del caso bajo estudio.

De la jurisprudencia de la Corte Constitucional la Sala identifica seis elementos característicos qué procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación^[64] de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) Esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial^[65] (controles disciplinarios^[66]y administrativos^[67] especiales y posibilidad de limitar^[68] el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado^[69] por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad^[70] del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos ( mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v)  Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales^[71] (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser^[72] especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar^[73] de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).

Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposiblidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo^[74] en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo^[75] en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias^[76] que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización^[77] de los reclusos.

En este sentido, del perfeccionamiento de la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado que se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y ante cuya inadvertencia este último resulta convertido en una sombra ridícula de los valores y principios propios  del Estado social de derecho.

De los casos concretos.

 

Expediente T-542060

 

Procedibilidad de la acción.

1. En este caso es procedente la acción de tutela al haberse reconocido como sujeto pasivo de la misma a Electrocosta S.A. E.S.P., sociedad anónima, cuyo objeto social principal es la prestación de los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica. Para la Sala es evidente la relación entre la actividad objeto de la prestación del servicio público (suministro de energía eléctrica), la acción u omisión del particular prestatario del servicio (racionamientos diarios en el suministro de energía de hasta seis horas o repentinos y prolongados) y la amenaza o vulneración al o a los derechos fundamentales (derechos a la vida, a la integridad física y moral, a la salud y a la dignidad humana) de los actores, por las especiales condiciones existenciales a las que se encuentran sometidos en la Cárcel Distrital de Cartagena.

 

 

Derechos fundamentales invocados, derechos fundamentales protegidos.

 

1. En el escrito de acción los actores señalaron como derechos fundamentales vulnerados: El derecho a la vida (artículo 11), el derecho a ser protegido por el Estado por la indefensión física derivada de la privación de la libertad (artículo 13), el derecho a la salud (artículo 49) y el derecho a gozar de un ambiente sano (artículo 79).

La Sala reconduce el análisis del caso concreto a la situación fáctica que señalan los actores en su escrito de acción: Inoperancia de los servicios sanitarios, por la imposibilidad de operar las motobombas. Dificultades en la cocción y preparación de los alimentos por la imposibilidad de encender las estufas. Imposibilidad de uso de abanicos. Inseguridad en el penal por falta de iluminación en las zonas oscuras. Todos problemas  generalizados (el número de reclusos asciende a 1200).

Del hecho de encontrarse los actores y los demás reclusos sometidos a las referidas condiciones existenciales originadas en la suspensión periódica del suministro de energía eléctrica, deriva una incuestionable vulneración a sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud por conexidad con la vida y a la integridad física.

Derecho fundamental a la dignidad humana.

2. La Vulneración al derecho fundamental a la dignidad humana (en el ámbito de las condiciones especiales de existencia), derecho a su vez vinculado al derecho a la vida en condiciones dignas, y al derecho fundamental al ambiente sano, invocado; se concreta en la penosa situación de los actores quienes en algunos días del mes, en una situación que se ha prolongado en el tiempo (desde el mes de septiembre de 2001 hasta el mes de marzo de 2002 fecha del último informe), durante las horas del racionamiento, se han visto privados de la posibilidad de suministro de agua potable, (que permite además el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios), les resulta entorpecida la posibilidad de la alimentación en las condiciones ordinarias del penal y se les ha hecho imposible disfrutar de los abanicos o ventiladores.

Para la Sala es evidente la existencia de una estrecha relación entre la posibilidad del goce efectivo del derecho a la dignidad humana (ámbito de la condiciones materiales de existencia) y la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía eléctrica al centro penitenciario como bien constitucionalmente protegido. No sólo porque de la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía  dependa la posibilidad del mantenimiento de las condiciones materiales de existencia de los actores, sino también porque frente a la interrupción del servicio, el centro de reclusión por sus especiales características (lugar de ubicación, empleo de motobombas para la reconducción del agua, empleo de estufas eléctricas, lugares oscuros, etc.) sufre una grave alteración en sus condiciones ordinarias de funcionamiento, lo cual se traduce en una vulneración del derecho a la dignidad humana en el sentido social o funcional, en los términos de la parte motiva de esta sentencia, si se tiene en cuenta que los reclusos están en imposibilidad de adelantar normalmente sus actividades ordinarias.

Derecho fundamental a la salud por conexidad con el derecho fundamental a la vida.

3. Simultáneamente a la vulneración del derecho a la dignidad humana (ámbito de las condiciones especiales de existencia) a partir de los racionamientos de energía practicados por Electrocosta S.A. E.S.P., encuentra la Sala que se configura una amenaza seria y fundada del derecho a la salud por conexidad con el derecho fundamental a la vida de los actores e incluso de los demás reclusos, ante la posibilidad de que surja una epidemia en el penal debido a la precariedad de las circunstancias sanitarias.

Derecho fundamental a la integridad física.

4. Más aun, la Sala también encuentra fundada la amenaza al derecho fundamental a la integridad física y a la vida de los actores e incluso de los demás reclusos, debido a la verosimilitud de la potencialidad del riesgo, ya que al tratarse de un centro de reclusión en el cual la capacidad de alojamiento se encuentra desbordada, la posibilidad de ejecución de actos de violencia se incrementa, los cuales pueden degenerar, en la lesión física o incluso en la muerte de reclusos o de guardias.

 

La pretendida legitimidad de la conducta.

5. Por otro lado, y como bien lo afirmó la Sala en el literal G de las consideraciones del presente fallo, no se considerará como legítima la conducta de Electrocosta consistente en la práctica de racionamientos periódicos, porque la misma a pesar de encontrar fundamento en la norma de autorización del artículo 140 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 19 de la ley 689 de 2001, no resulta compatible con el principio constitucional derivado de los artículos 2 y 86 de la Constitución consistente en la eficacia de los derechos fundamentales y sobre todo porque como la ha señalado la Sala, con dicha conducta se han afectado gravemente el goce y posibilidad de ejercicio de los derechos fundamentales a la dignidad humana (ámbito de las condiciones materiales de existencia) a la integridad física, a la vida y a la salud en conexidad con la vida de los actores.

 

Los deberes positivos del Estado a partir de las “relaciones especiales de sujeción”

 

6. Por encontrarse los actores en la circunstancia de sujetos pasivos de la relación de especial sujeción que su estado de privación de la libertad apareja, y como lo demandan en el escrito de acción al invocar “el derecho a ser protegidos por el Estado”. Esta Sala conminará a las autoridades encargadas de la administración de la Cárcel Distrital de Cartagena y a la dirección del INPEC Regional Norte, para que ajusten su comportamiento a los mandatos de la Constitución en el contexto de las relaciones de especial sujeción que sostienen como parte activa con la población carcelaria de la Cárcel Distrital de Cartagena, especialmente para que provean lo necesario (y en principio efectúen el pago de las facturas de energía adeudadas) para optimizar tanto, las condiciones materiales de existencia en términos de calidad de vida de los actores y de los demás reclusos, como las condiciones generales de seguridad del penal.

Por último, la Sala Séptima de revisión de la Corte Constitucional, con el fin de proveer a la eficacia de los derechos fundamentales involucrados, conminará a Electrocosta por medio de la notificación del presente fallo al representante legal de la misma, para que se abstenga en adelante de realizar cualquier tipo de conductas dirigidas al racionamiento, suspensión o corte en el servicio de suministro de energía a la Cárcel Distrital de Cartagena, sin importar que tengan o no su origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del INPEC. Así mismo prevendrá al INPEC a las directivas de la Cárcel Distrital de Cartagena y al Distrito de Cartagena, para que realicen todas las conductas encaminadas a ajustar su conducta a los términos de los contratos celebrados, con el fin de enervar definitivamente la causa mediata de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por los actores, consistente en el pago efectivo de las obligaciones contraídas.

 

Expediente T-602073

 

Procedibilidad de la acción.  

7. Para la Sala, es procedente la acción de tutela al haberse reconocido como sujeto pasivo de la misma a Electrocosta S.A. E.S.P., sociedad anónima, cuyo objeto social principal es la prestación del servicio públicos de distribución de energía eléctrica. Toda vez que es evidente la relación entre la actividad objeto de la prestación del servicio público (distribución de energía eléctrica), la acción u omisión del particular prestatario del servicio (suspensión en el suministro de energía) y la amenaza o vulneración al o a los derechos fundamentales (derechos a la vida, a la salud y a la dignidad humana) de los habitantes del municipio del Arenal, por las condiciones a las que resultaron sometidos.

 

Carencia actual de objeto y hechos superados.

 

8. De las pruebas solicitadas en el caso concreto, la Sala pudo establecer, que desde el día 16 de julio de 2002, el municipio del Arenal y todos sus habitantes, han gozado sin mayor perturbación del servicio de energía eléctrica, debido al acuerdo de pago celebrado entre Electrocosta S.A. E.S.P., y el municipio de El Arenal. Lo cual permite a la Sala concluir que se han superado los hechos que fundamentaron la presente acción de tutela objeto de revisión, sin embargo, considera importante pronunciarse sobre las pretensiones de la solicitud de tutela y sobre los hechos de la misma.

 

 

Derechos fundamentales invocados, derechos fundamentales protegidos.

 

9. En el escrito de acción el Personero señaló como derechos fundamentales vulnerados: El derecho a la vida (artículo 11), el derecho a la salud (artículo 49) y el derecho al trabajo (Artículo 25) de los habitantes del municipio El Arenal

 

La Sala reconduce el análisis del caso concreto a la situación fáctica que señala el Personero en su escrito de acción, reseñada en los antecedentes del presente fallo, así: Imposibilidad de prestación del servicio médico y de correcto funcionamiento del Hospital del Arenal (falta de energía, equipos médicos dañados por deficiencias en el fluido eléctrico). Imposibilidad del funcionamiento del acueducto única fuente de agua potable del municipio (funciona con motobombas). Ausencia de iluminación en los establecimientos de la fuerza pública en las horas de la noche.

Para la Sala, del hecho de haberse visto sometidos los habitantes del municipio de El Arenal, a las referidas condiciones existenciales originadas en la suspensión del suministro de energía eléctrica, derivó una incuestionable amenaza a sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud por conexidad con la vida y a la integridad física.

Derecho fundamental a la dignidad humana.

1. La amenaza al derecho fundamental a la dignidad humana (en el ámbito de las condiciones especiales de existencia), derecho a su vez vinculado al derecho a la vida en condiciones dignas invocado por el personero; se concretó en la penosa situación de los habitantes del Arenal que se vieron privados de los servicios de salud que presta el hospital del Arenal, así como, en la imposibilidad de gozar ordinariamente de suministro de agua potable.

Para la Sala es evidente en este caso al igual que en el anterior, la existencia de una estrecha relación entre la posibilidad del goce efectivo del derecho a la dignidad humana (ámbito de la condiciones materiales de existencia) y la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía eléctrica.

No sólo porque de la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía depende la posibilidad del mantenimiento de las condiciones materiales de existencia de los habitantes del Arenal, sino también porque frente a la interrupción del servicio, el Hospital, el Acueducto, y los establecimientos de seguridad, bienes constitucionalmente protegidos, sufrieron una grave alteración en sus condiciones ordinarias de funcionamiento, lo cual se tradujo en una amenaza del derecho a la dignidad humana, en tanto y en cuanto los habitantes estuvieron en imposibilidad de gozar normalmente de sus actividades ordinarias.

Derecho fundamental a la salud por conexidad con el derecho fundamental a la vida.

1. Simultáneamente a la amenaza del derecho a la dignidad humana (ámbito de las condiciones especiales de existencia) a partir de la suspensión del suministro de energía practicado por Electrocosta S.A. E.S.P. al municipio del Arenal, encuentra la Sala que se configuró una amenaza seria y fundada del derecho a la salud e incluso del derecho a la vida del Personero y de los demás habitantes del Arenal, ante la posibilidad de que de presentarse una emergencia médica, por la imposibilidad de prestar el servicio y la atención médica en condiciones normales, la protección de tales derechos resultare inoportuna o imposible.

Derecho fundamental a la integridad física.

2. Más aun, la Sala también encuentra fundada la amenaza al derecho fundamental a la integridad física y a la vida de los habitantes del municipio del Arenal, y sobre todo de los miembros de la fuerza pública, debido a la verosimilitud de la potencialidad del riesgo, ya que al estar ubicado el municipio del Arenal en «zona roja», la posibilidad de incursiones de grupos al margen de la ley y en general de actos de violencia se incrementa, los cuales pueden degenerar en la lesión física o incluso en la muerte de los miembros de la fuerza pública o incluso de los demás habitantes del municipio.

 

En conclusión, la conducta contractual de Electrocosta S.A. E.S.P., tuvo una grave y directa incidencia en la posibilidad real del goce de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio del Arenal a la dignidad humana (ámbito de las condiciones materiales de existencia), a la salud en conexidad con la vida, y a la vida y a la integridad física, por lo cual la Tutela sería procedente.

 

3. En este orden de ideas, la Sala conminará a las entidades encargadas de la comercialización y de la distribución del servicio de suministro de energía eléctrica (entidades territoriales (Departamento de Bolívar y Municipio del Arenal) y Electrocosta), para que diseñen y adapten los sistemas técnicos de contabilización e individualización del consumo de energía, que permitan el funcionamiento ordinario de los establecimientos constitucionalmente protegidos (Hospital, acueducto y establecimientos de seguridad del municipio del Arenal), de tal forma que el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los habitantes del Arenal, no dependan de ninguna manera de la conducta contractual del municipio del Arenal frente a la empresa distribuidora de Energía.

En el mismo sentido conminará a las entidades encargadas de la comercialización y de la distribución del servicio de suministro de energía eléctrica (entidades territoriales (Departamento de Bolívar y Municipio del Arenal) y a Electrocosta), para que en la medida de sus posibilidades, instalen contadores individuales, con el fin de posibilitar las condiciones materiales que permitan la individualización del consumo de energía por parte de los habitantes del municipio del Arenal, y el cumplimiento de sus deberes constitucionales, principalmente el del pago cumplido de las facturas por concepto de prestación de los servicios públicos.

4. Finalmente y mientras no se adapta un sistema que permita mantener de manera continua la prestación del servicio de energía a los establecimientos constitucionalmente protegidos: Hospital, acueducto y establecimientos de seguridad terrestre, en el municipio de El Arenal, esta Sala prevendrá a la empresa Electrocosta S.A. E.S.P., por medio de la notificación del presente fallo al representante legal de la misma, para que se abstenga de realizar conductas que tengan como consecuencia mediata o inmediata, la privación del suministro de energía a los referidos establecimientos constitucionalmente protegidos, sin importar que dicha conducta tenga o no su origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las mismas entidades o del Municipio del Arenal.

 

III.  DECISIÓN.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo colombiano y por mandato de la Constitución Política de 1991,

RESUELVE:

 

Primero. Revocar la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente T-542060, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia y en su lugar, confirmar la sentencia proferida por la Sala de decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, en el sentido de ordenar a la sociedad Electrocosta S.A. E.S.P., abstenerse en lo sucesivo de realizar cortes o racionamientos de energía eléctrica en la Cárcel Distrital de Cartagena, por tratarse de un bien constitucionalmente protegido en los términos de esta sentencia.

Segundo. Adicionar la sentencia proferida por la Sala de decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, en el sentido de que la tutela se predica además, de los derechos fundamentales a la dignidad humana (ámbito de las condiciones materiales de existencia) y a la salud en conexidad con el derecho fundamental a la vida de los señores Austreberto Ávila Ríos, Rafael Julio Morales, Juan Porras, Alberto Rivera, Renso Manrique Batista, Rodrigo Torres, Daniel Anzoategui, Rafael Lagarejo, Fadalgo Ochoa Ariza, Pablo Suárez y Alberto de Arco.

Tercero. Prevenir en los términos de esta sentencia, al director del INPEC Regional norte y a las autoridades encargadas de la dirección y administración de la Cárcel Distrital de Cartagena, con el fin de que adelanten todas las conductas enderezadas a realizar el pago efectivo de la obligación contraída con  la sociedad Electrocosta S.A. E.P.S., por concepto de suministro de energía eléctrica.

Cuarto. Prevenir en los términos de esta sentencia al Alcalde del Distrito turístico y cultural de Cartagena, con el fin de que adelante todas las conductas enderezadas al cumplimiento del convenio interadministrativo No. 1580 de 2000 celebrado con el INPEC-Cárcel Distrital de Cartagena, en lo relativo al pago de las obligaciones relacionadas con el uso de los servicios públicos por parte de los contraventores.

Quinto. Remitir por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, las copias pertinentes del expediente T-542060, con destino al Procurador General de la Nación, con el objeto de que por su ministerio se adelanten, si lo encuentra pertinente, las investigaciones disciplinarias del caso, con el fin de establecer la responsabilidad respectiva a partir  del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del INPEC, la Cárcel Distrital de Cartagena, y el Distrito turístico y cultural de Cartagena, que sirvieron de causa mediata a la vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos de la Cárcel Distrital de Cartagena, en los términos de esta sentencia.

Sexto. Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití (Bolívar) dentro del expediente T-602073, en el sentido de denegar la tutela de los derechos fundamentales del personero y de los habitantes del Arenal, por carencia actual de objeto, al encontrarse actualmente superados los hechos objeto de la solicitud de tutela, en los términos de la presente sentencia.

Séptimo. Prevenir a Electrocosta, para que se abstenga en adelante de realizar cualquier tipo de conductas dirigidas al racionamiento, suspensión o corte en el servicio de suministro de energía al Hospital, al Acueducto y a los establecimientos de seguridad terrestre (bienes constitucionalmente protegidos), del municipio del Arenal (Bolívar), sin importar que las mismas tengan o no su origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los mencionados establecimientos o del Municipio del Arenal.

Octavo. Prevenir al Gobernador del Departamento de Bolívar, al Alcalde del municipio del Arenal, al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y al Representante legal de Electrocosta, para que en la medida de sus posibilidades realicen todas las conductas encaminadas a implementar un sistema individual de prestación, contabilización y cobro, del servicio público de suministro de energía eléctrica a los habitantes del municipio del Arenal (Bolívar).

Noveno. Prevenir al Alcalde del Municipio del Arenal (Bolívar) para que ajuste su conducta a los términos de los contratos y acuerdos de pago celebrados con Electrocosta, con el fin de enervar definitivamente la causa mediata de la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de su municipio.

Décimo. Remitir por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, las copias pertinentes del expediente T-602073, con destino al Procurador General de la Nación, con el objeto de que por su ministerio se adelanten, si lo encuentra pertinente, las investigaciones disciplinarias del caso, con el fin de establecer la responsabilidad respectiva a partir del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Municipio del Arenal (Bolívar), que sirvieron de causa mediata a la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio del Arenal, en los términos de esta sentencia.

Undécimo. Librar por Secretaría General de esta Corporación las comunicaciones de que trata el decreto 2591 de 1991.

Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Magistrado.

ÁLVARO TAFUR GALVIS

Magistrado.

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Magistrada.

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General.

Sentencia SU-062/99

 

TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional/INDEFENSION-Alcance

Sobre el alcance de lo que ha de entenderse por indefensión, esta Corporación ha señalado que tal concepto hace referencia a la carencia de medios físicos o jurídicos que permitan a quien intenta la acción de tutela repeler la violación o amenaza de violación de sus derechos fundamentales. De esta manera, cuando un particular no tiene los medios físicos o jurídicos eficientes y suficientes para repeler las agresiones de las cuales viene siendo objeto por parte de un particular que atenta contra sus derechos fundamentales, la acción de tutela surge como el mecanismo judicial excepcional idóneo y efectivo que protege los derechos violentados, respecto de los cuales la agresión se hace ya incontenible. A lo anterior, han de agregarse las consideraciones subjetivas relativas a desprotección especial, a circunstancias económicas, sociales, culturales y los antecedentes personales de los sujetos procesales que deben ser valorados por el juez de tutela para determinar el grado de indefensión que hace procedente la acción.

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA-Alcance/DERECHO A LA VIDA DIGNA-Contenido

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. La dignidad, como es sabido, equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás  un trato acorde con su condición humana. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado colombiano. Desarrollando los conceptos anteriores, la jurisprudencia constitucional en torno del derecho a la vida ha hecho énfasis en que éste no hace relación exclusivamente a la vida biológica, sino que abarca también las condiciones de vida correspondientes a la dignidad intrínseca del ser humano. Ha tratado entonces del derecho a la vida digna, y se ha referido al sustrato mínimo de condiciones materiales de existencia, acordes con el merecimiento humano, llamándolo mínimo vital de subsistencia.

DERECHO A LA VIDA DIGNA DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD-Protección de los servicios personales domésticos

SERVICIO DOMESTICO-Afiliación al régimen de pensiones/SERVICIO DOMESTICO-Protección del mínimo vital de subsistencia de persona de avanzada edad

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD-Fundamental por afectación del mínimo vital/DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Protección del mínimo vital

Tratándose de personas de la tercera edad, cuyas capacidades laborales para procurarse su propio sustento se encuentran prácticamente agotadas,  y cuyo mínimo vital se encuentra afectado como consecuencia de la ausencia total o parcial de una seguridad social que le permita unas condiciones de vida dignas y justas, la tutela surge como el mecanismo judicial idóneo y eficaz para proteger su derecho constitucional fundamental.

 

ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias laborales

TUTELA TRANSITORIA PARA EXEMPLEADA DEL SERVICIO DOMESTICO-Pago de suma equivalente al salario mínimo y afiliación al POS

DEFENSORIA DEL PUEBLO-Asistencia jurídica y legal necesaria

 

Referencia: Expediente T-168219

Peticionarios: María Cleofe Rodríguez Vda. de Ruíz

Magistrado Ponente:

Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA

 

Santa Fe de Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del magistrado ponente, resuelve sobre el proceso de tutela instaurado por MARÍA CLEOFE RODRÍGUEZ VDA DE RUÍZ contra HERLINDA ORDÓÑEZ VDA DE MILLÁN Y FEDERICO MILLÁN ORDÓÑEZ.

 

1. ANTECEDENTES

 

1. Hechos y pretensiones.

De manera general, los hechos que sirvieron de base para iniciar la presente tutela, se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

1. La actora fue contratada verbalmente por la señora Herlinda Ordóñez de Millán, el 16 de diciembre de 1979, como empleada de servicio doméstico.

2. Las labores que debía cumplir la tutelante eran las de aseo, cocina, lavado y planchado de ropa, cuidar del señor Eduardo Millán quien se encontraba enfermo, así como también, atender a las señoras Herlinda Ordóñez de Millán e Isabel Millán.

3. Según afirma la demandante, su labor como empleada doméstica en dicha familia se prolongó hasta el 30 de julio de 1997, es decir, diecisiete (17) años, seis (6) meses y quince (15) días, cuando de manera unilateral la señora Herlinda Ordóñez Vda de Millán decidió dar por terminada la relación laboral, argumentando  que los servicios de la actora ya no se necesitaban.

4. Al año de 1997, el salario que devengaba la demandante era de treinta y cinco mil pesos ($ 35.000) mensuales.

5. Días después del despido, la demandante llamó al señor Federico Millán Ordóñez para solicitarle le fueran canceladas sus prestaciones sociales y la correspondiente pensión. Según afirma la actora, la respuesta obtenida se concretó en que ella no tenía ningún derecho a lo solicitado. Sin embargo, el día 21 de noviembre de 1997, mediante consignación que se hiciera en oficina del Banco Popular (Depósitos Oficiales) a ordenes del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, recibió la suma de $1´483.000.oo pesos, supuestamente por concepto de la liquidación de prestaciones sociales a que tenía derecho.

6. A la fecha, según afirma la accionante, la demandada le adeuda el último mes de salario, las prestaciones sociales, seguridad social y demás derechos adquiridos.

7. Señala la petente que las labores domésticas inicialmente encomendadas, posteriormente se modificaron, pues en los últimos años estas cargas se aumentaron sustancialmente. Primero, se instaló un consultorio médico y psicológico en el primer piso, donde debía estar pendiente de la recepción de los pacientes, así como también de los diferentes oficios que allí se requirieran. Segundo, a la casa se pasó a vivir el hijo mayor de la familia, Señor Federico Millán Ordóñez, junto con sus cuatro (4) hijos, duplicándose sus labores domésticas, sin consideración alguna por la avanzada edad de la demandante, razón por la cual su salud se fue minando.

8. Así mismo, afirma que nunca estuvo afiliada a una institución médica, ni contó con servicio de salud por parte de la empleadora, pues las veces que en que tuvo que acudir a un médico, debió pagarlo por su propia cuenta. Además, nunca estuvo afiliada al Seguro Social o a una institución que le permitiera obtener posteriormente una pensión, y nunca le fueron pagadas vacaciones ni cesantías.

9. En estos momentos la demandante, cuenta sesenta y nueve (69) años de edad, y se encuentra en una precaria situación, viéndose obligada a pedir ayuda en la calle, pues no tiene familia en la ciudad, y sólo cuenta con una hermana que vive lejos y que carece de recursos económicos.

Ante tales hechos, la actora considera violados sus derechos fundamentales a la igualdad, protección a la tercera edad, seguridad social y remuneración mínima, vital y móvil, así como a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Por lo anterior, solicita le sean tutelados tales derechos, y se ordene a los demandados pagarle su pensión y demás acreencias laborales.

1. Decisión judicial que se revisa.

Mediante sentencia del ocho (8) de mayo de 1997, el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá resolvió denegar la presente tutela. Consideró que la demandante tiene otro mecanismo de defensa judicial ante la justicia laboral ordinaria. Además, de acuerdo a lo señalado por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, los hechos aquí expuestos no encuadran en ninguna de las nueve causales existentes para que proceda la tutela contra particulares.

La anterior decisión no fue impugnada.

1. Pruebas practicadas por la Corte Constitucional

Con el fin de comprobar los supuestos de hecho que dieron origen a la presente acción de tutela, la presente Sala de Revisión procedió a citar a los demandados Herlinda Ordóñez Vda de Millán y Federico Millán Ordóñez y a la demandante, señora María Cleofe Rodríguez Vda de Ruíz, para que, bajo la gravedad del juramento, declararan ante esta Corporación, actuación que se cumplió el día 19 de octubre de 1998.

Convocados los demandantes rindieron su declaración los señores Federico Millán Ordóñez y la señora María Cleofe Rodríguez Vda de Ruíz. La señora Herlinda Ordóñez Vda de Millán se excusó de asistir a la diligencia, para lo cual hizo llegar certificación médica que se anexó al expediente.

1. Declaración del señor Federico Millán Ordóñez.

Expuestos los generales de ley, el señor Millán Ordóñez dió respuesta a las preguntas formuladas por la Sala en los siguientes términos:

• Desconoce desde cuándo fue contratada la actora para presentar sus servicios como empleada doméstica.
• No sabe cuál era el salario que ésta devengaba al momento del despido, si existía o no un acuerdo previo sobre el monto a pagar en dinero y en especie, ni sí estuvo afiliada a la seguridad social en riesgos profesionales.
• En relación con la pensión, expresó que en razón a la edad, ella “no encajaba” en el sistema general de pensiones, razón por la cual nunca se la afilió. Además, sostiene que la actora siempre se negó a que la afiliaran al Instituto de lo Seguros Sociales (ISS), por considerar que el servicio prestado por dicha entidad era de muy baja calidad, razón por la cual no se cumplió con dicho trámite. Indicó que por ser médico, los servicios de salud que la actora requirió se los prestó directamente él mismo, incluso con la ayuda de otros colegas y de familiares también médicos.
• Sostiene que la demandante siempre se negó a firmar recibos por los dineros que se le cancelaban por concepto de cesantías, vacaciones o salarios. Sin embargo, en documentación que hizo llegar a esta Corporación el día 3 de noviembre del presente año, incluyó las fotocopias de algunos recibos en los que consta el pago de algunas cesantías y vacaciones, los cuales fueron firmados por la actora.
• Afirmó que efectivamente sí se le pagaron cesantías e intereses sobre las mismas, así como vacaciones ; no obstante, desconoce el monto de dichos pagos.
• En relación con la suma consignada en la cuenta judicial a ordenes del Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá, manifestó que cree que corresponde a la liquidación de salarios y prestaciones sociales de su antigua empleada;
• Por último, anota que él ya residía en la casa de su madre, junto con sus cuatro hijos, cuando se produjo el despido de la actora, señalando que fue él quien tomó la decisión. Fundamentó tal medida, en las constantes y prolongadas ausencias del lugar de trabajo por parte de la demandante.

2. Declaración de la señora María Cleofe Rodríguez Vda. de Ruíz.

Expuestos los generales de ley, la señora Rodríguez Vda. de Ruíz, procedió a dar respuesta al cuestionario presentado por la Sala en los siguientes términos:

• Indicó que entró a laborar en la casa de la señora Herlinda Ordóñez desde el 16 de diciembre de 1979, permaneciendo, como encargada de las labores del servicio doméstico, hasta el 20 de junio de 1997. (diecisiete años, seis meses).
• Señaló que al finalizar su contrato, la suma líquida que recibía como salario era de treinta y cinco mil pesos ($35.000.00), no existiendo acuerdo sobre el porcentaje que se pagaba en especie.
• Anotó que nunca fue afiliada al sistema general de salud, ni de pensiones; además, jamás recibió sus elementos de dotación para el trabajo. Cuando se enfermaba, debía ir por su propia cuenta al Hospital San José (Bogotá). Aceptó, sin embargo, que ante dolencias menores, el mismo señor Federico Millán la atendía.
• Advirtió que nunca se le pagaron cesantías, intereses sobre las mismas, ni vacaciones, y que la suma cancelada a través de depósito judicial, no sabe a qué conceptos corresponde.
• Señaló que las razones para dar por terminada la relación laboral fueron los cambios que se comenzaron a presentar en la casa; el aumento de carga laboral desde la llegada del señor Federico Millán y de sus cuatro hijos, agudizándose los conflictos por la alimentación dada a los cuatro menores.
• Finalmente, indicó que solamente se ausentaba de su lugar de trabajo para adquirir sus objetos de uso personal, razón por la cual dichas ausencias no eran prolongadas. Además, cuando el señor Federico Millán viajó a México, época en la cual él le reprocha ausencias prolongadas, ya la relación laboral se había dado por terminada.

3. El día 3 de noviembre del presente año, el señor Federico Millán Ordóñez allegó a esta Corporación los siguientes documentos :

• Escrito dirigido al despacho del Magistrado Ponente (2 folios).
• Fotocopia del recibo del depósito judicial realizado a nombre del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá (1 folio).
• Escrito dirigido al señor juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá (1 folio).
• Fotocopias donde se señalan los pago realizados a la demandante por concepto de cesantías y vacaciones. (No todos los recibos se encuentran firmados por la demandante).

1. COMPETENCIA DE LA SALA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar el fallo de la referencia. Su examen se hace en virtud de la selección que de las sentencias de tutela practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se efectuó de conformidad con el reglamento de esta Corporación.

 

III.CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

1. Procedencia de la tutela contra particulares respecto de los cuales existe indefensión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Carta Política, la procedencia de la acción de tutela contra particulares está supeditada a la existencia de uno de los siguientes supuestos :

1. Que el particular esté a cargo de un servicio público ;
2. Que el particular afecte gravemente y de manera directa el interés colectivo
3. Que el solicitante se halle en estado de subordinación o de indefensión frente al particular contra quien intenta la acción.

Sobre el alcance de lo que ha de entenderse por indefensión, esta Corporación ha señalado que tal concepto hace referencia a la carencia de medios físicos o jurídicos que permitan a quien intenta la acción de tutela repeler la violación o amenaza de violación de sus derechos fundamentales. En este sentido, mediante Sentencia T-265 de 1997^[78], señaló lo siguiente :

 

“El estado de indefensión  se manifiesta cuando la persona ofendida por la acción u omisión del particular se encuentra inerme o desamparada, es decir sin medios físicos o jurídicos de defensa o con medios y elementos insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental. El juez de tutela debe apreciar los hechos y circunstancias del caso a fin de establecer si se presenta la indefensión a que se refieren los numerales 4 y 9 del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, para que proceda la acción de tutela contra particulares”

 

Y en lo que tiene que ver con la configuración del estado de indefensión como presupuesto jurídico de la procedencia de la acción de tutela en los casos concretos, esta Corporación tuvo oportunidad de sentar la siguiente jurisprudencia :

“De donde se ha concluido que el concepto de indefensión no es un predicado abstracto del cual puedan hacerse generalizaciones que se distancien de la realidad que ofrecen los hechos. Es por el contrario una “situación relacional, intersubjetiva  en la cual el demandante es uno de los extremos y el demandado es otro. El primero ha sido ofendido o amenazado por la acción del segundo. Adicionalmente, el demandado no tiene posibilidades ni de hecho ni de derecho para defenderse de esta agresión injusta”. ( Sentencia T- 172 de 1997, M.P Carlos Gaviria Díaz).

Precisando aun más el alcance del concepto de indefensión, la Corte lo ha distinguido del concepto de subordinación en los siguientes términos :

“Esta Corporación en múltiples decisiones judiciales^[79] ha expuesto reiteradamente que la acción de tutela procede contra particulares, cuando  el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, porque así lo dispone expresamente el artículo  86 de la Carta Política, en concordancia con los numerales  1 a 9 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

 

“La Corte ha entendido, y así lo ha expuesto en su jurisprudencia, que la indefensión hace referencia a una situación relacional que implica la dependencia de una persona respecto de otra, no tiene origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado se configura sobre situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa por acción u omisión para proteger sus derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; es decir que la indefensión es entendida como la posibilidad de dar respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate. Así mismo, ha dicho también esta Corte que el estado de indefensión o impotencia  se analizará teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, de las personas involucradas,  de los hechos relevantes tales como las condiciones de desprotección, circunstancias económicas, sociales, culturales y los antecedentes personales de los sujetos procesales, por ello el concepto de indefensión es esencialmente relacional. Ello significa que el estado de indefensión en que se encuentra el ciudadano en relación con otros particulares habrá que determinarlo, por parte del juez de tutela de acuerdo al tipo de vínculo que existe entre ambas partes.

 

“En este orden de ideas, estima la Sala que la tutela contra particulares extrae su fundamento socio-político del desvanecimiento de la distinción  entre lo público y lo privado que caracteriza a la comunidad contemporánea; el fenómeno de la indefensión está encaminado a proteger a las  personas de los abusos provenientes de cualquier poder:  económico, social, religioso, cultural, etc..” ( Sentencia T-351 de 1997, M. P. Dr.  Fabio Morón).

De esta manera, cuando un particular no tiene los medios físicos o jurídicos eficientes y suficientes para repeler las agresiones de las cuales viene siendo objeto por parte de un particular que atenta contra sus derechos fundamentales, la acción de tutela surge como el mecanismo judicial excepcional idóneo y efectivo que protege los derechos violentados, respecto de los cuales la agresión se hace ya incontenible. A lo anterior, han de agregarse las consideraciones subjetivas relativas a desprotección especial, a circunstancias económicas, sociales, culturales y los antecedentes personales de los sujetos procesales que deben ser valorados por el juez de tutela para determinar el grado de indefensión que hace procedente la acción.

En el caso bajo examen, la Sala tiene en consideración que  la demandante es una persona de la tercera edad (cerca de 70 años de edad), grupo humano al cual el Estado otorga una especial protección a nivel constitucional (artículo 13 de la C.P.); adicionalmente, pertenece a un estrato socioeconómico y cultural en el cual el acceso a los medios de defensa judiciales resulta difícil, dependiendo prácticamente de la caridad de quien se haga cargo de sus intereses en este campo, y se encuentra en un estado de debilidad manifiesta por estar comprometido su mínimo vital al carecer de trabajo, de familia y de seguridad social.  Circunstancias estas que hacen que se configure una situación fáctica de indefensión evidente.

Visto lo anterior, la Sala estima que la presente acción es procedente en contra de los particulares demandados.

2. El derecho fundamental a la vida en condiciones dignas

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. La dignidad, como es sabido, equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás  un trato acorde con su condición humana. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado colombiano.

Desarrollando los conceptos anteriores, la jurisprudencia constitucional en torno del derecho a la vida ha hecho énfasis en que éste no hace relación exclusivamente a la vida biológica, sino que abarca también las condiciones de vida correspondientes a la dignidad intrínseca del ser humano. Ha tratado entonces del derecho a la vida digna, y se ha referido al sustrato mínimo de condiciones materiales de existencia, acordes con el merecimiento humano, llamándolo mínimo vital de subsistencia.

La Corte encuentra que en el caso bajo examen, por no haberse reconocido, durante el tiempo que duró la relación laboral, unas condiciones de trabajo justas, y finalizada esa relación,  un mínimo vital que le permita a la tutelante sobrevivir en condiciones acordes con su situación de persona de la tercera edad, se ha desconocido su dignidad. La normatividad jurídica de rango legal aplicable al servicio doméstico,  consagra mecanismos de previsión social que tienden a proteger a las personas de la tercera edad cuando han perdido su capacidad laboral. Estas normas, desde el año de 1988^[80], imponen al empleador el deber de afiliar al servicio doméstico al régimen de pensiones, obligación que se ha mantenido en las disposiciones de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 100 de 1993, y cuyo incumplimiento hace responsables a los empleadores, quienes pueden verse obligados a pensionar por su cuenta a los trabajadores no afiliados oportunamente, o a pagar la denominada por la ley “pensión sanción”. Y aun por fuera de estas prescripciones legales, cuya aplicación al caso presente debe ser decidida por la justicia ordinaria, el deber constitucional de solidaridad que se impone a todo ciudadano en virtud de lo dispuesto por el artículo 95 superior, obligaba a los demandados a atender el mínimo vital de subsistencia de la persona de la tercera edad que, viviendo bajo su mismo techo,  les prestó sus servicios personales durante más de diecisiete años.

En virtud de lo anterior, la Corte encuentra que el derecho fundamental a la vida digna, prevalente por tratarse de una persona de la tercera edad, puede ser objeto de protección a través de la presente acción de tutela.

3. Del derecho constitucional a la seguridad social como derecho fundamental por conexidad necesaria.

Determinada la procedibilidad de la acción en contra de los particulares demandados, pasa la Sala a estudiar si los derechos cuya protección se invoca, son derechos fundamentales objeto de amparo por la vía de la acción de tutela.

La Carta Política de 1991 estableció en su artículo 48 que la seguridad social es un derecho irrenunciable catalogado como económico y social, cuya eficacia, por lo tanto, no es directa, sino que su reconocimiento requiere ser regulado por el legislador a quien compete establecer las circunstancias en que debe ser reconocido. Por ello, en  principio, no es exigible del Estado por la vía de la acción  de tutela, ya que no se reviste de la connotación de derecho fundamental. Sin embargo, la reiterada jurisprudencia de esta Corporación ha definido que los derechos derivados de la seguridad social adquieren su connotación de fundamentales cuando las circunstancias fácticas hacen que su reconocimiento sea imprescindible para la vigencia de otros derechos estos si, de carácter   fundamental.^[81] Adicionalmente, esta misma jurisprudencia ha definido también que el alcance de la seguridad social como derecho fundamental, surge igualmente cuando quien pretende hacerlo valer es una persona que requiere de una especial protección por parte del Estado, como es el caso de los niños, las personas de la tercera edad y las mujeres cabeza de familia, entre otras.

De esta manera, tratándose de personas de la tercera edad, cuyas capacidades laborales para procurarse su propio sustento se encuentran prácticamente agotadas,  y cuyo mínimo vital se encuentra afectado como consecuencia de la ausencia total o parcial de una seguridad social que le permita unas condiciones de vida dignas y justas, la tutela surge como el mecanismo judicial idóneo y eficaz para proteger su derecho constitucional fundamental. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia T-426 de 24 de junio de 1992^[82] , en la cual señaló lo siguiente:

 “El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho establecido de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de manera específica respecto de las personas de la tercera edad (CP art. 46 inc. 2), adquiere el carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida (CP art. 11), la dignidad humana (CP art.1), la integridad física y moral (CP art. 12) o el libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16) de las personas de la tercera edad (CP art. 46).”

 

“Ahora bien, cuando quien interpone la tutela es una persona de la tercera edad, ha de entenderse, que su capacidad laboral se encuentra prácticamente agotada, no pudiendo por lo tanto, generarse mediante su trabajo una fuente de ingresos. De esta manera la pensión entra a constituirse en ese sustento económico, único para muchas de esas personas, que les permite llevar una vida en condiciones dignas y justas. Esta Corporación, mediante sentencia T-347 del 3 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell, dijo lo siguiente:

 

“Como se expresó por esta Sala de Revisión en la sentencia   T-111/94, ante la pérdida de su capacidad laboral las personas de la tercera edad muchas veces se encuentran limitadas e imposibilitadas para obtener un mínimo vital de ingresos económicos que les permita disfrutar de una especial calidad de vida. En estas circunstancias, el no reconocimiento de las prestaciones a su favor por las entidades de previsión social, su no pago oportuno o la suspensión de éste, pueden significar atentados contra los aludidos derechos y principios; ello justifica plenamente la especial protección que la Constitución ha dispuesto para las personas de la tercera edad (arts. 46,47 y 48), la cual se traduce en la imperatividad de la norma del inciso 3 del art. 53, que dice:

 

«El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales».

En el caso bajo examen, la actora demanda la protección de los derechos a la salud y la pensión de jubilación que estima vulnerados por los demandados, derechos que para ella, según lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta su edad, se erigen en derechos de carácter fundamental. Por consiguiente, la acción de tutela se erige como mecanismo judicial idóneo para impetrar la protección que demanda.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela, no obstante la existencia de otros medios de defensa judicial.

En su decisión de instancia, el a quo señaló como una de las consideraciones primordiales para la improcedencia de la presente tutela, la existencia de otro mecanismo de defensa judicial como lo son las acciones pertinentes ante la justicia laboral ordinaria.

Al respecto encuentra la Sala que en efecto la acción de tutela, por regla general, es improcedente para hacer efectivo el pago de acreencias laborales.^[83] No obstante, existen situaciones excepcionales que hacen urgente la protección mediante este mecanismo. Al respecto, ésta Corporación mediante Sentencia T-01 de 1997 (M.P. Dr.  José Gregorio Hernández Galindo), señaló lo siguiente:

 

“La jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en sostener que la liquidación y pago de obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en los términos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera específica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente.

 

“Así, ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el pago de su salario cuando resulta afectado el mínimo vital (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995 y T-437 del 16 de septiembre de 1996); que es posible intentar la acción de tutela para que se cancelen las mesadas pensionales dejadas de percibir por una persona de la tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su único ingreso (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-147 del 4 de abril de 1995, T-244 del 1 de junio de  1995, T-212 del 14 de mayo de 1996 y T-608 del 13 de noviembre de 1996); que cuando la entidad obligada al pago de la pensión revoca unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el derecho del afectado (Cfr. Sentencia T-246 del 3 junio de 1996); que es posible restaurar, por la vía del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelación de prestaciones, favoreciendo con un pago rápido a quienes se acogen a determinado régimen y demorándolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr. Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996); que resulta admisible la tutela para eliminar las desigualdades generadas por el uso indebido de los pactos colectivos de trabajo con el objeto de desestimular la asociación sindical (Sentencia SU-342 del 2 de agosto de 1995. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

 

“En todos los casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuaría la Carta Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial, el acceso efectivo a la justicia y el principio de economía procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera absoluta la vía contemplada en el artículo 86 de la Constitución.”^[84]

Visto que la presente situación involucra la afectación del mínimo vital de la demandante, la Sala encuentra es procedente la acción impetrada, no obstante existir otros medios judiciales de protección de los derechos cuyo amparo invoca.

5. Protección excepcional para el caso concreto.

Como se encuentra debidamente acreditado en el acervo probatorio que obra en el expediente,  la actora no sólo estuvo devengando un salario muy inferior al legalmente establecido por la legislación laboral colombiana, sino que, además, durante el período que estuvo empleada con la señora Ordóñez Vda de Millán, nunca fue vinculada a una institución prestadora de servicio de salud, ni tampoco a una institución de seguridad social en pensiones. Circunstancias que hacen que hoy carezca del reconocimiento efectivo del conjunto de derechos que se derivan de la seguridad social que para ella revisten el carácter de fundamentales, y que no tenga la posibilidad de llevar una vida en condiciones dignas, por haberse desconocido su mínimo vital.

De otro lado, advierte la Corte que están presentes en el caso bajo examen todas las siguientes circunstancias:

1. Omisión del empleador en vincular a la trabajadora al Sistema General de Pensiones, situación corroborada por el mismo demandado.
2. Despido sin justa causa. En efecto, no se encuentra demostrado dentro del expediente que el despido hubiese sido debidamente justificado. La terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa, impone al empleador poner en conocimiento del trabajador el motivo de dicha terminación, obligación inexcusable respecto de la cual esta Corporación ha dicho lo siguiente :

“Cuando ese parágrafo señala que la parte debe indicar la causal o motivo que fundamenta la decisión de terminar unilateralmente el contrato, no basta con invocar genéricamente una de las causales previstas por la ley laboral para tal efecto sino que es necesario precisar los hechos específicos que sustentan la determinación, ya que el sentido de la norma es permitir que la otra parte conozca las razones de la finalización unilateral de la relación de trabajo. Así lo ha entendido la doctrina y la propia jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, con criterios que la Corte Constitucional comparte plenamente. (Sentencia C-594 de 1997, M. P. Alejandro Martínez Caballero).

Como no obra en el expediente prueba alguna que demuestre el cumplimiento de la obligación anterior, la Corte no puede considerar que se está en presencia de un despido justificado.

3. De acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente la accionante laboró para los accionados por mas de 17 años aproximadamente.

4. Ser la tutelante una persona de la tercera edad, por tener 69 años de edad, situación que de por sí la ubica en circunstancias de debilidad manifiesta.

Por todo lo anterior, y considerando la situación en que se encuentra la demandante y la afectación de su mínimo vital, la presente Sala de revisión revocará la decisión proferida por el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá, y en su lugar concederá la presente tutela como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales a la dignidad, y a la seguridad social de la accionante. Se ordenará a la señora Herlinda Ordóñez Vda de Millán y al señor Federico Millán Ordóñez, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, empiecen a cancelar mensualmente una suma equivalente a un salario mínimo mensual vigente a la señora María Cleofe Rodríguez Vda de Ruíz, obligación que deberá cumplirse en lo sucesivo dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, y hasta cuando exista un  pronunciamiento por parte de la justicia ordinaria, que defina los derechos laborales de la tutelante. Dicho pago deberá hacerse en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado Catorce de Familia de Bogotá, juez de primera instancia en la presente tutela, el cual verificará el cumplimiento de todas las ordenes aquí impartidas, advirtiendo a los demandados que sí incumplieren se harán acreedores a las sanciones establecidas por los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.

El pago de la suma mensual aquí ordenado no tiene el carácter de salario, ni impone a la demandada la obligación de prestar servicios personales a los demandados.

A su vez, los demandados deberán afiliar a la demandante al Plan Obligatorio de Salud de alguna E.P.S autorizada legalmente para funcionar como tal, escogida por ella, a fin de proteger así su derecho a la salud, el cual adquiere el carácter de fundamental en razón a la situación especial de desamparo en que se encuentra la actora.

Por concederse la presente tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la presente Sentencia, la actora deberá iniciar el correspondiente proceso ante la jurisdicción  laboral ordinaria para que sea allí donde la autoridad competente verifique si tiene o no derecho al reconocimiento de su pensión y demás salarios y prestaciones dejadas de percibir. Para tal efecto será especialmente atendida por el defensor del Pueblo.

1. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

Primero. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá, y en su lugar CONCEDER la tutela como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales a la dignidad y la seguridad social de la accionante.

 

Segundo. ORDENAR a la señora Herlinda Ordóñez Vda de Millán y al señor Federico Millán Ordóñez, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente Sentencia, cancelen la primera suma equivalente al salario mínimo a la señora María Cleofe Rodríguez Vda de Ruíz, la cual deberá liquidarse con base en monto del salario mínimo legal vigente a la fecha  del pago y en lo sucesivo cancelarse dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, hasta cuando exista pronunciamiento por parte de la justicia ordinaria respecto de los derecho laborales de la accionante. Dicho pago deberá hacerse en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado Catorce de Familia de Bogotá, juez de primera instancia en la presente tutela.

Tercero. ORDENAR a los demandados, afiliar a la demandante al Plan Obligatorio de Salud que preste la E. P.S. legalmente autorizada que designe la demandante.

Cuarto. Solicitar al Juzgado Catorce de Familia de Bogotá, verificar el cumplimiento de las anteriores órdenes, advirtiendo a los demandados que el incumplimiento de la presente Sentencia dará lugar a imponer las sanciones establecidas por los artículo 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto. ORDENAR a la señora María Cleofe Rodríguez Vda de Ruíz, que dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la presente Sentencia, inicie ante la justicia laboral ordinaria el correspondiente proceso tendiente a definir si le asiste o no derecho al reconocimiento de salarios y prestaciones sociales.

Sexto. ORDENAR al defensor del Pueblo, prestar a la demandante toda la asistencia jurídica y legal necesaria para iniciar y llevar a término el proceso a que se hace referencia en el ordinal anterior, y mantener a la Corte constitucional informada del trámite procesal que se surta y de sus resultados.  Para tales efectos, notifíquese la presente providencia al señor defensor del Pueblo.

Septimo. SÚRTASE el trámite previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

VLADIMIRO NARANJO MESA

Presidente

ANTONIO BARRERA CARBONELL

Magistrado

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Magistrado

 EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

Magistrado

 CARLOS GAVIRIA DÍAZ

Magistrado

 JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Magistrada (E)

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

Magistrado

FABIO MORON DIAZ

Magistrado

PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ

Secretario General (E)

[1] La Corte en la sentencia T-406 de 1993, sobre esta relación y la continuidad del servicio público de salud afirmó: (…) “El artículo 365 de la Constitución Política  consagra que «los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado…».  La finalidad social del Estado  frente a la prestación eficiente de los servicios públicos, surge del análisis de los artículos  2º,  que establece como uno de los principios fundamentales los fines esenciales del estado «asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.” (…)  Así pues, los servicios públicos son el medio por el cual el estado realiza los fines esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes constitucionales.”

Sobre la misma relación la Corte en la sentencia T-380 de 1994, al revisar el caso de una empresa de energía que decidió suspender el suministro a un establecimiento educativo, y en el que finalmente tuteló el derecho a la educación, afirmó “Habiéndose dado al Estado colombiano por parte del constituyente de 1991 un carácter social, se hace indispensable que éste acometa acciones positivas en favor de la comunidad. En este contexto, la prestación de los servicios públicos para asegurar en forma igualitaria y sin interrupción el cumplimiento de actividades encaminadas a la realización de derechos fundamentales de los individuos que hacen parte de la comunidad, es una de las actuaciones positivas a las que está obligado el Estado colombiano. El carácter solidario de los servicios públicos se suma a la necesidad de que estos sean prestados ininterrumpidamente: es decir, que los inconvenientes particulares no tengan como efecto la suspensión en la prestación del servicio.”

[2] “El núcleo esencial de este derecho (derecho al libre desarrollo de la personalidad) protege la libertad general de acción, vinculada estrechamente con el principio de dignidad humana (CP art. 1). La autodeterminación se refiere al ser humano y a la potencialidad de desarrollarse según su propia naturaleza y aptitudes y acorde con su dignidad.”

[3]“Se invoca, para prohibir el pago del rescate, el argumento de la primacía del interés general. Pero es menester tener presente que, por su dignidad, el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar fines generales, a menos que él voluntaria y libremente lo admita. Por tanto, el principio de la primacía del interés general, aceptable en relación con derechos inferiores, como el de la propiedad, no es válido frente a la razón que autoriza al ser humano para salvar su vida y su libertad, inherentes a su dignidad.”

[4] “La verdadera libertad es signo del señorío del hombre sobre las contingencias de la vida, de suerte que la razón hace que el ser humano esté en manos de su propia decisión, y por eso es responsable, según se expresó. La dignidad humana requiere que el hombre actúe según su recta razón y libre elección, movido por la convicción interna personal y no bajo la presión que otros hagan sobre su libertad, porque entonces el acto no sería libre, y al no serlo, no puede estar amparado por la legitimidad. El hombre, pues, logra la dignidad cuando se libera totalmente de toda cautividad y cuando pone los medios para que sus semejantes no caigan en dicho estado indigno.”

[5]“… por tratarse de una órbita precisamente sustraída al derecho y, a fortiori, vedada para un ordenamiento que encuentra en la libre determinación y en la dignidad de la persona (autónoma para elegir su propio destino) los pilares básicos de toda la superestructura  jurídica. Sólo las conductas que interfieran con la órbita de la libertad y los intereses ajenos, pueden ser jurídicamente exigibles.”

[6] “En el derecho a la identidad la persona es un ser autónomo, con autoridad propia, orientado a fines específicos, que ejerce un claro dominio de su libertad y en consecuencia ninguna decisión tomada sin su consentimiento se torna valida. Tal autonomía, implica a la persona  como dueña de su propio ser. La persona  por su misma  plenitud, es dueña de si, es el sujeto autónomo y libre. En otros términos, el distintivo de ser persona y el fundamento de la dignidad de la persona es el dominio de lo que quiere ser.”

[7] “En efecto, la dignidad de la persona debe ser considerada, primariamente, como aquel valor constitucional que busca proteger al individuo en tanto ser racional y autónomo, capaz de adoptar las decisiones necesarias para dar sentido a su existencia y desarrollar plenamente su personalidad y, de conformidad con ello, determinar sus acciones sin coacciones ajenas de ninguna índole. El objeto fundamental del principio de la dignidad de la persona es, entonces, la protección del individuo como fin en sí mismo, el individuo como universo único e irrepetible con capacidad para darse sus propias leyes morales, las cuales, en razón de que los otros son, también, fines en sí mismos, deben ser compatibilizadas con las de las otras personas. De este modo, la dignidad humana se refleja de manera más inmediata en aquellos derechos que se fundan en las decisiones racionales y autónomas del sujeto. El primero y más importante de estos derechos es el derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P., artículo 16), en el cual se consagra -como lo ha manifestado la Corte- la libertad in nuce y, por ello, se constituye en el fundamento último de todos aquellos derechos que tienden a la protección de las opciones vitales que adopte cada individuo de manera autónoma.

[8] “…la Constitución se inspira en la consideración de la persona como un sujeto moral, capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben, debiendo el Estado limitarse a imponerle deberes, en principio, en función de los otros sujetos morales con quienes está avocado a convivir, y por tanto, si la manera en que los individuos ven la muerte refleja sus propias convicciones, ellos no pueden ser forzados a continuar viviendo cuando, por las circunstancias extremas en que se encuentran, no lo estiman deseable ni compatible con su propia dignidad…  El deber del Estado de proteger la vida debe ser entonces compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Por ello la Corte considera que frente a los enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos, este deber estatal cede frente al consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna.”

[9] “ El ser humano se diferencia de los demás seres vivientes, por tener la capacidad de discernimiento que le permite optar entre las varias alternativas que le están dadas. Entre ellas, escoger la actividad que le permita una proyección de su ser y su realización como persona… …debe decirse que la dignidad del trabajador no se circunscribe al reconocimiento por parte del empleador de un salario…  …el no permitir a un trabajador que realice las labores para las que fue contratado, restringiendo su actividad a la mera asistencia al sitio de trabajo, sin permitirle desplegar tarea alguna, es, en si mismo, un acto lesivo de la dignidad de quien es sometido a este trato. Pues, como se dijo, el hombre busca a través de la ejecución de su actividad laboral, cualesquiera que ella sea, el desarrollo de su ser.”

[10]“ Los derechos fundamentales no incluyen sólo derechos subjetivos y garantías constitucionales a través de los cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones de las  autoridades públicas, también incluye deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder público…  …La razón jurídica que explica este compromiso positivo del Estado se encuentra en el mandato constitucional según el cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana, lo cual determina, no sólo un deber negativo de no intromisión sino también un deber positivo de protección y mantenimiento de condiciones de vida digna. Las personas recluidas en establecimientos carcelarios se encuentran bajo la guardia del Estado. Ello implica, por un lado, responsabilidades relativas a la seguridad de los reclusos y a su conminación bajo el perímetro carcelario y, por el otro, responsabilidades en relación con las condiciones de vida de los reclusos.”

[11] “La dignidad humana, como ya se estableció, es fundamento de la organización social, tiene entre sus desarrollos, el derecho a la igualdad. Todo persona tiene derecho a la igualdad de oportunidades, dentro de la relación individuo-sociedad. Sin embargo, en razón de esa misma igualdad  se impone un trato compensatorio a aquellos grupos, que se encuentran en una situación particular de debilidad manifiesta, en cuanto éstos no pueden acceder fácilmente a los medios materiales que les permita hacer efectiva su dignidad en un marco de igualdad. … Existe un derecho de las personas a vivir dignamente. Este es inherente, es decir, hace parte de su esencia y como tal es un elemento perfeccionante que no puede ser renunciado…”

[12] “ Además, si el respeto a la dignidad humana, irradia el ordenamiento, es claro que la vida no puede verse simplemente como algo sagrado, hasta el punto de desconocer la situación real en la que se encuentra el individuo y su posición frente el valor de la vida para sí. En palabras de esta Corte: el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad… Por consiguiente, si un enfermo terminal que se encuentra en las condiciones objetivas que plantea el artículo 326 del Código Penal considera que su vida debe concluir, porque la juzga incompatible con su dignidad, puede proceder en consecuencia, en ejercicio de su libertad, sin que el Estado esté habilitado para oponerse a su designio, ni impedir, a través de la prohibición o de la sanción, que un tercero le ayude a hacer uso de su opción. No se trata de restarle importancia al deber del Estado de proteger la vida sino, como ya se ha señalado, de reconocer que esta obligación no se traduce en la preservación de la vida sólo como hecho biológico.”

[13] “Como primera medida, esta Sala de Revisión reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a la exigencia constitucional de otorgar un trato digno a la población carcelaria, pues el Estado Social de Derecho y la multiplicidad de tratados, convenios y acuerdos internacionales que han sido aprobados por Colombia, imponen el respeto efectivo por la dignidad de la persona privada de la libertad.  En este orden de ideas, en razón a que el juez de tutela, como autoridad constitucional «obligada a asumir la vocería de las minorías olvidadas», debe ser riguroso en la protección de la dignidad humana de los internos; lleva a un interrogante: es indudable que el hacinamiento en las cárceles atenta contra la dignidad humana, entonces ¿cómo debe resolverse este problema?… “

[14] “Siendo el niño un sujeto que merece un tratamiento especial  y privilegiado por el Estado, la sociedad y la familia, cuyos derechos prevalecen sobre los de los demás, no resulta acorde con los principios de la dignidad humana y de igualdad, que un menor de 7 años, no pueda viajar en un vehículo en las mismas condiciones de comodidad y seguridad en que lo hace cualquiera otra persona.”

[15] “La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio para lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es «un fin en sí misma». Pero, además, tal concepto, acogido por la Constitución, descarta toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y espirituales, todas las cuales merecen atención en el Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su existencia y la base y justificación del sistema jurídico. Ese concepto se traduce en la idea, prohijada por la Corte, de que no se garantiza bien ningún derecho de los que la Constitución califica de fundamentales -intrínsecos a la persona- si a un individuo de la especie se lo condena a sobrevivir en condiciones inferiores a las que la naturaleza le señale en cuanto ser humano. Es decir, cuando, como en los casos materia de examen, personas menores deben afrontar una evolución irregular de sus sistemas físico y psicológico en condiciones de desamparo.”

[16] “Sin embargo, en la sentencia que se revisa, el juez no examinó un aspecto que adquiere especial importancia: la relación entre lo pedido y la dignidad humana. No examinó que se trata de una anciana, que padece demencia senil, que no controla esfínteres y que la situación económica no le permite a su cónyuge suministrarle los artículos de aseo que su situación especial requiere. Y requiere tales pañales, precisamente por la enfermedad que padece. Es decir, existe una relación directa entre la dolencia (no controla esfínteres) y lo pedido. Al respecto, no se precisan profundas reflexiones para concluir que la negativa de la entidad, sí afecta la dignidad de la persona, en uno de sus aspectos más íntimos y privados, y que impide la convivencia normal con sus congéneres. En este caso, la negativa de la entidad conduce a menoscabarle la dignidad de persona y la puede llevar al aislamiento, producto, se repite, de la enfermedad que sufre.”

[17] “…la Corte reconoció el carácter eminentemente prestacional de las obligaciones que el Estado asumía para con las personas privadas de la libertad. Con fundamento en éste, no era exigible al Estado garantizar, de manera inmediata, condiciones de reclusión que respetaran la dignidad de los detenidos y condenados… La efectividad de sus derechos constitucionales de carácter prestacional y el real respeto por el principio de dignidad humana, no se traduce en la mera creación de condiciones de vida digna, también obliga a que las medidas adoptadas por el Estado efectivamente se dirijan a dicho resultado y, además, a que el Estado se abstenga de tomar decisiones que impongan mayores cargas a los asociados. Frente a este deber de abstención, los derechos prestacionales se tornan en fundamentales.”

[18] “Las violaciones a los derechos fundamentales que en los tres casos amparaban a los reclusos, inimputables incurables, abandonados sin justificación jurídica y durante varios lustros de su existencia en un anexo penitenciario cuya precariedad es públicamente conocida, evidencian la transformación de una pena o medida de seguridad, en un comienzo lícitamente impuesta, en pena o medida degradante y cruel y, por tanto, inconstitucional (CP art. 12). La dignidad humana fue aquí desconocida, olvidándose que toda persona, en razón de su condición humana, exige igual consideración y respeto y debe reconocérsele capacidad de autodeterminación y posibilidad de goce de los bienes inapreciables de la existencia.

[19] “Una práctica lesiva de la dignidad humana, con potencialidad de poner en peligro el desarrollo mental del menor, es aquel castigo que por su gravedad degrada o humilla a la persona y hace que ella pierda autoestima a los ojos de los demás o a los suyos propios. En tal evento, nos encontramos ante una múltiple violación de derechos fundamentales (CP art. 12, 16 y 44), que genera una falla en el servicio público de la educación y puede dar lugar a sanciones y condenas contra el Estado y el funcionario o particular encargado de la educación  (CP arts. 67 y 68).”

[20] “La dignidad humana exige pues que al hombre, en el proceso vital, se le respeten también su salud y su integridad física y moral, como bienes necesarios para que el acto de vivir sea digno. De ahí que el derecho a la integridad física y moral consiste en el reconocimiento, respeto y promoción que se le debe a todo individuo de la especie humana de su plenitud y totalidad corpórea y espiritual, con el fin de que su existencia sea conforme a la dignidad personal. En el caso materia de estudio, es conveniente considerar  la armonía que debe haber entre el derecho-deber de corrección que tienen los padres con respecto a sus hijos y el derecho a la integridad física y moral de que son titulares todos los seres humanos.”

[21] “En estas circunstancias, la actuación en que incurrió Elver García al cerrar el camino, obligando a los petentes a arrastrarse bajo el alambrado y a cargar lo que sus cansadas espaldas pueden soportar, sobrepasa el ámbito del derecho real de servidumbre y deviene en una violación del derecho fundamental a la dignidad humana, en un desconocimiento del deber de solidaridad exigible a todo individuo en un Estado Social de Derecho, y obliga al juez de tutela a hacer efectiva la especial protección que otorga nuestra Carta Política a las personas de la tercera edad.”

[22] “…en razón a que el derecho a la integridad física es una prolongación del derecho a la vida, que además es una manifestación directa del principio de la dignidad humana, impone tanto el respeto por el derecho a la no violencia física y moral, como el derecho al máximo trato razonable y la mínima disminución del cuerpo y el espíritu.  Así pues, el Estado debe proteger al individuo y, cuando se trata de preservar razonablemente y en condiciones óptimas posibles la salud, integridad y vida de personas, el Estado debe colocar todos los medios económicos posibles para obtener la mejoría de los administrados. 

[23] “En consecuencia, con fundamento en las pruebas que obran dentro del proceso, y atendiendo los problemas que viene sufriendo la actora, estima la Sala que la cirugía que ella requiere, tiene como finalidad esencial, garantizarle su derecho a la integridad física y a la dignidad humana, afectados por la pérdida de sus mamas, y es por ello que resulta evidente que por tratarse de derechos fundamentales tan importantes que inciden además en la dignidad humana, se dan los presupuestos necesarios para conceder la tutela formulada. … En esas condiciones, es claro, para la Sala, que la cirugía requerida tiene fines curativos, de rehabilitación y de restablecimiento físico, y encuadra dentro del concepto de salud como derecho fundamental, por su conexidad con la dignidad humana, la vida en condiciones dignas y los derechos de la mujer.

[24] “No puede aceptar de ninguna manera la Sala como excusa válida la simple afirmación de que el Departamento de Policía de Norte de Santander carencia de efectivos suficientes… mucho menos cuando esa situación representaba la vulneración de la dignidad humana de esa persona que si bien se hallaba sindicada de la comisión de unos hechos punibles, no podía ser sometida a un trato que bien podía calificarse como cruel ante las condiciones de salud por las que atravesada, las que perfectamente podía deducir el juez constitucional con la simple lectura del reconocimiento médico legal…”.

[25] Cfr., sentencias T-123 de 1994 y T-556 de 1998.

[26] Cfr., sentencias T-124 de 1993 y T-958 de 2001.

[27] Cfr., sentencias T-596 de 1992, T-296 de 1998, C-012 de 2001 y T-796 de 1998.

[28] Cfr., sentencia T-1430 de 2000.

[29] Cfr., sentencias T-532 de 1992, C-542 de 1993 y T-477 de 1995.

[30] Cfr., sentencias C-221 de 1994 y T-090 de 1996.

[31] Cfr., sentencia T-124 de 1993.

[32] Cfr., sentencias T-472 de 1996 y C-239 de 1997.

[33] “La dignidad humana…es en verdad principio fundante del Estado (CP art.1). Más que derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución. La dignidad, como principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia…”.

[34] “En la base axiológica de la Carta se encuentra en última instancia la dignidad de la persona en el marco de un Estado social de derecho.”  En el mismo sentido, en la sentencia T-123 de 1994, afirmó la Corte “La Constitución establece un marco de valores y principios materiales, que se estructuran como fundamento de un verdadero sistema axiológico. Este sistema se basa en la dignidad humana, como principio que indica que el hombre es un ser que tiende hacia su perfeccionamiento, al desarrollar plenamente lo que por naturaleza se le ha dado como bienes esenciales: la vida, la salud, el bienestar, la personalidad, entre otros.».

[35] “La dignidad como principio fundante de la Constitución Política se refleja en el ejercicio de todos los derechos y deberes. Es una garantía que no puede ser desconocida en ninguna circunstancia y por ninguna persona.”.

[36] “A juicio de la Sala, en razón de sus características y naturaleza y, especialmente, por constituir una derivación directa del principio de dignidad humana, las personas jurídicas no pueden ser titulares de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. En pocas palabras, el valor dignidad no puede predicarse de las personas jurídicas y, en consecuencia, no serán titulares de aquellos derechos fundamentales que sólo se explican como mecanismos concretos de defensa de la dignidad de la persona humana.”.

[37] “Se ordenó entonces retirar del ordenamiento esa expresión por considerar que ella es incompatible con el concepto de dignidad humana, cuyo respeto constituye el fundamento de todo nuestro ordenamiento jurídico ( artículo 1º de la Constitución).”.

[38] “De lo expuesto fluye que cuando el Estado, independientemente de cualquier consideración histórica, cultural, política o social, establece normas sustanciales o procedimentales dirigidas a regular las libertades, derechos o deberes del individuo, sin tener presente el valor superior de la dignidad humana, serán regulaciones lógica y sociológicamente inadecuadas a la índole de la condición personal del ser humano y, por contera, contrarias a la Constitución, en la medida en que se afectarían igualmente los derechos fundamentales, dado que éstos constituyen condiciones mínimas para la «vida digna» del ser humano; en efecto, cuando se alude a los derechos fundamentales se hace referencia a aquéllos valores  que son anejos a la dignidad humana.”.

[39] “Es que el concepto de dignidad humana no constituye hoy, en el sistema colombiano, un recurso literario u oratorio, ni un adorno para la exposición jurídica, sino un principio constitucional, elevado al nivel de fundamento del Estado y base del ordenamiento y de la actividad de las autoridades públicas. En virtud de la dignidad humana se justifica la consagración de los derechos humanos como elemento esencial de la Constitución Política (art. 1 C.P.).”.

[40] “En primer término, debe anotarse que el concepto de Estado Social de Derecho (artículo 1 C.P.) no es apenas una frase ingeniosa ni una declaración romántica del Constituyente sino un rasgo esencial del sistema jurídico que se proyecta más allá de los mismos textos superiores y cobija la totalidad del sistema jurídico, debiendo por tanto reflejarse en las normas legales, en la actividad del Gobierno y de las autoridades administrativas, no menos que en las decisiones judiciales. (…) En concordancia con lo anterior, el Estado y la sociedad deben asumir un papel activo en la redistribución de bienes y servicios con el fin proteger la dignidad humana, pilar ético fundamental de nuestro ordenamiento.”.

[41] En la jurisprudencia de la Corte es recurrente la afirmación según la cual la dignidad humana se constituye como el fundamento de validez de los derechos innominados e incluso en ocasiones como el fundamento de los nominados, así en la sentencias T-401 de 1992: “Más que derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución.”, en la  Sentencia T-472 de 1996: “…Por constituir una derivación directa del principio de dignidad humana, las personas jurídicas no pueden ser titulares de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre”.,  y en la Sentencia T-645 de 1996: “En este orden de ideas, en razón a que el derecho a la integridad física es una prolongación del derecho a la vida, que además es una manifestación directa del principio de la dignidad humana, impone tanto el respeto por el derecho a la no violencia física y moral, como el derecho al máximo trato razonable y la mínima disminución del cuerpo y el espíritu.” 

[42] En este sentido ver la sentencia T-645 de 1996.

[43] Esta llamada “concepción antropológica” surge de la interpretación que ha realizado la Corte Constitucional del enunciado normativo de la dignidad humana, en estrecha relación con el tercero de los imperativos categóricos kantianos, en el que se postula uno de los principios básicos de la filosofía práctica kantiana así: “obra de tal forma que la máxima de tu actuación esté orientada a tratar a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro como un fin y nunca como un medio”, del cual la Corte ha extraído la idea según la cual el “hombre es un fin en sí mismo”, lo que ha significado prácticamente una concepción antropológica de la Constitución y del Estado, edificada alrededor de la valoración del ser humano como ser autónomo en cuanto se le reconoce su dignidad, así en las sentencias C-542 de 1993, T-090 de 1994, C-045 de 1998, C-521 de 1998, T-556 de 1998 y T-587 de 1998.

[44] Cfr., sentencia T-540 de 1992.

[45] Cfr., sentencia T-380 de 1994.

[46] Cfr., sentencia T-540 de 1992. Entendida también como condiciones mínimas justicia material en la sentencia T-058 de 1997.

[47] Cfr., sentencia T-058 de 1997.

[48] Cfr., sentencias T-380 de 1994 y T-406 de 1993.

[49] Cfr., sentencias T-406 de 1993 y T-058 de 1997.

[50] Ibid.

[51] Cfr., sentencia T-235 de 1994.

[52] A pesar de ser un lugar común, así en la ley 142 de 1994, y desde los primeros pronunciamientos sobre el tema. Al respecto véase las sentencias T-406 de 1993, T-235 de 1994, y T-380 de 1994, entre otras.

[53] Cfr., sentencias T-406 de 1993, T-380 de 1994, T-058 de 1997, T-018 de 1998 y T-477 de 2001. La característica de continuidad en la prestación del servicio público de energía, fue catalogada como absoluta en la Sentencia T-406 de 1993.

[54] Cfr., sentencias T-528 de 1992 y T-477 de 2001.

[55] En la sentencia T-927 de 1999, la Corte reconoció la existencia del derecho fundamental a la «prestación del servicio público de energía» y ordenó su protección, toda vez que se encontraba en conexidad con otros derechos fundamentales.

[56] En la sentencia T-406 de 1993, la Corte resolvió el caso de un pensionado de una empresa pública, la cual había contratado con un tercero la prestación de los servicios médico-asistenciales para los pensionados, quien se ve privado de la prestación del servicio por el incumplimiento del contrato por parte de la empresa pública. La Corte ordenó al tercero prestar el servicio de salud y buscar formas alternas para el pago de las sumas adeudadas.

[57] En la sentencia T-017 de 1995, la Corte resolvió el caso de un estudiante a quien un establecimiento educativo se niega a entregarle la habilitación del grado, alegando que aquél no se encontraba a paz y salvo. La Corte ordenó al establecimiento facilitarle los documentos al estudiante y lo conminó a buscar el pago de lo adeudado por los medios judiciales ordinarios.

[58] En la sentencia T-018 de 1998, la Corte resolvió el caso de unos estudiantes que se vieron privados del servicio público de educación debido a que una empresa de energía alegando incumplimiento contractual suspendió el suministro al establecimiento educativo. La Corte ordenó al tercero restablecer el servicio de energía y buscar formas alternas para el pago de las sumas adeudadas.

[59] El tenor literal del enunciado normativo es el siguiente: Artículo 45 «Conductas legítimas. No se podrá conceder la tutela contra conductas legítimas del particular.»

[60] Cfr., sentencia T-017 de 1995.

[61] Ibid.

[62] Cfr., sentencia T-119 de 1995.

[63] Esta expresión en el contexto de las relaciones entre autoridades penitenciarias y personas privadas de la libertad, fue utilizada por primera  vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia T-596 de 1992, así mismo dentro de las sentencias más importantes al respecto cabe citar T-705 de 1996 y T-153 de 1998.

[64] La subordinación tiene su fundamento en la obligación especial de la persona recluida consistente en “cumplir una medida de aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la comisión de un hecho punible” citada de la Sentencia T-065 de 1995. O también es vista como el resultado de la “inserción” del administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda “sometido a un régimen jurídico especial”, así en Sentencia T-705 de 1996.

[65] Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la Corte identificó la existencia de un “regimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido ver Sentencia T-422 de 1992.

[66] Que se concreta por ejemplo,  en la posibilidad de implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en  la Sentencia T-596 de 1992.

[67] Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen especial de visitas, así en la sentencia T-065 de 1995.

[68] Sobre los tres regímenes de los derechos fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996.

[69] En este sentido véase la sentencia C-318 de 1995. La potestad administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, “debe estar expresamente autorizada en la ley que regule su ejercicio”, así en la sentencia T-705 de 1996.

[70] Sobre la finalidad de la limitación a los derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase especialmente la sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la posibililidad real de la resocialización véase la sentencia T-714 de 1996.

[71] Entre los especiales derechos de los presos y su correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno, del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros”, citada de la sentencia T-596 de 1992.

[72] Sobre los deberes especiales del Estado ver la sentencia T-966 de 2000.

[73] Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya que el recluso al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene limitado su derecho a escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en este sentido ver la sentencia T-522 de 1992,  además se encuentra en un estado de “vulnerabilidad” por lo cual la actividad del Estado en procura de la eficacia de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en este sentido ver la sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la sentencia T-420 de 1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia digna, así en la sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en estado de indefensión frente a terceros, así en la sentencia T-435 de 1997.

[74] Sobre el contenido de este deber positivo ver la sentencia T-153 de 1998.

[75] Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del Estado, véase las sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998

[76] Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la obligación  de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, así en la Sentencia T-522 de 1992.

[77] La posibilidad de reinserción social depende en buena medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios adecuados, este derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en sentencia T-153 de 1998.

[78] M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz

[79]   Sentencias T-605/92,  T-365/93, T-036/95, T-506/92, T-162/94 y T-602/96

[80]  Ley 11 de 1988, art. 1°

[81] Cfr. sentencia SU-111 de 1997, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

[82] M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

[83]  Cfr. sentencias T-161, T-123, T-613 y T-01 de 1997, y sentencia T-332/98.

[84]  Se reitera en las sentencias T-299 de 1997, T-031, T-103, T-107, T-118, T-123,   T-221 de 1998.

¿Por que te tienes que divorciar?

¿Te casaste en el exterior y no quieres registrar el matrimonio? ¿crees que si no lo registras no es valido?

Bueno efectivamente el matrimonio es un vinculo un ritual, que  independientemente si no se registro en su momento  igual  puede nacer a la vida legal con un simple registro, dejando nulo el otro matrimonio.

¿y en caso de que se muera uno de los conyuges sin registrar o sin realizar el divorcio que pasa?

En nuestro ordenamiento jurídico, no existe obligación de que en el proceso notarial o judicial de sucesión, una mujer o un hombre divorciado tenga que dejarla dinero o bienes a su ex pareja si al tiempo del fallecimiento esta en firme una sentencia de divorcio o una escritura publica de divrocio no puede reclamar nada. contrario sensu si se separo de cuerpos y nunca de una manera lega, ahí si puede reclamar su ex pareja sus propiedades, o bines..

ahora bien conforme a los hijos si fallece el ascendente (padre o madre) y son mayores o menores de edad, éstos se repartirán la herencia y en nada interviene la ex pareja.

Si su idea es no divorciarse o no registrar el matrimonio  para no realizar el divorcio. «RECONSIDERE SU CASO» EN UN FUTURO CUANDO ADQUIERA MAS PROPIEDADES SE ESTARA LAMENTANDO. MUCHAS PERSONAS HAN COMETIDO ESE ERROR ! USTED NO TIENE QUE COMETER LOS MISMO ERRORES DE LOS DEMAS!

Dato curioso….

En algunos países como EE. UU. o UK, hace años que se celebra el divorcio con una fiesta, las populares “Divorce Party”. en Colombia no es tan usual pero se hacen algunas fiestas privadas, pero  estoy seguro que en un futuro  serán cada vez más habituales,los divorcios son mas usuales en nuestras vidas, y en la sociedad muchos de nosotros vemos como algo mas, un paso adelante, que forma parte del ciclo vital de la vida en pareja.

Registro de matrimonio en Cali Colombia
1. Todos los colombianos independientes con quien se casen, es decir, sea la pareja colombiana o de otra nacionalidad, deben proceder al registro de matrimonio de conformidad con la ley 43 de 1993.

«Registro Civil de Matrimonio válido en Colombia en caso de que el solicitante sea casado(a) con colombiana(o), o la sentencia judicial proferida por el juez de familia para probar la conformación de la unión marital de hecho. Registro de nacimiento de los hijos nacidos en Colombia, si es el caso.»

2. El registro del matrimonio que se celebro en el extranjero  es un requisito de publicidad,  y el hecho de no registrarlo en una notaria Colombiana implica QUE EL DIVORCIO ES VALIDO, Y SI NO SE REGISTRA Y CONTRAE NUEVAS NUPCIAS SIN REGISTRARLO EL MATRIMONIO ACTUAL  SERA NULO.

3. Si desea registrar su matrimonio realizado en en el exterior nosotros podemos registrarlo sin necesidad de que Usted se desplace.

 4. En nuestro ordenamiento jurídico, no existe obligación de que en el proceso notarial o judicial de sucesion, una mujer o un hombre divorciado tenga que dejarla dinero o bienes a su ex pareja si al tiempo del fallecimiento esta en firme una sentencia de divorcio o una escritura publica de divrocio no puede reclamar nada. contrario sensu si se separo de cuerpos y nunca de una manera lega, ahí si puede reclamar su ex pareja sus propiedades, o bines..

ahora bien conforme a los hijos si fallece el ascendente (padre o madre) y son mayores o menores de edad, éstos se repartirán la herencia y en nada interviene la ex pareja.

¿por que es necesario el divorcio?

DEPENDENCIA JUDICIAL EN CALI COLOMBIA

La dependencia judicial surge como una necesidad vinculada a la profesión de abogado, todo abogado litigante además de necesitar una agenda debidamente estructurada y bien planificada urge por un asistente en los despachos judiciales. El dependiente judicial tiene la obligación de vigilar la evolución de los procesos e cada despacho judicial donde este se encuentre, para realizar correctamente esta labor, es indispensable que esta persona cuente con conocimientos jurídicos básicos que permitan el entendimiento de los estados judiciales así como del procedimiento jurídico ante los despachos judiciales.

Dicho lo anterior es preciso puntualizar que en la norma colombiana  el decreto 196 de 1971 en cuanto a los dependientes judiciales y el acceso a los expedientes crea la obligación de ostentar el título de estudiante universitario de derecho para poder tener acceso a los expedientes. La sentencia c – 619 de 1996 expresa al respecto:

 

“EXAMEN DE EXPEDIENTES-Estudiantes de derecho

El estatuto procesal civil fue modificado por el Decreto 196 de 1971, en punto a la exigencia de que los dependientes de los abogados que pueden acceder a los expedientes sean estudiantes de derecho. La conclusión anterior debe hacerse extensiva al ámbito del procedimiento administrativo y del laboral, toda vez que ni el Código Contencioso Administrativo ni el Código Procesal del Trabajo contemplan normas especiales relativas al acceso a los expedientes judiciales. El alcance y contenido de la restricción al acceso a expedientes contentivos de procesos penales por parte de los dependientes de los abogados son los mismos en el Código de Procedimiento Penal y en las normas demandadas, toda vez que en ambas normas se exige que los mencionados auxiliares sean estudiantes de derecho.”

Además la sentencia referida trata también la excepción en la materia de esta forma:

“EXPEDIENTES CON ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-Acceso

El Código Contencioso Administrativo, expedido con posterioridad al Decreto 196 de 1971, estableció el acceso de cualquier persona a los expedientes relativos a actuaciones administrativas, razón por la cual en este ámbito el examen de los mencionados expedientes por parte de los dependientes de los abogados no está condicionado a que éstos sean estudiantes de derecho. En tratándose del acceso de abogados y sus dependientes a expedientes contentivos de actuaciones administrativas sujetas a reserva, la Corte estima que los dependientes de abogados que eventualmente accedan a expedientes que contengan actuaciones administrativas reservadas deben ser estudiantes de derecho”.

 La excepción anterior expuesta por la corte constitucional tiene estrecha relación con la oponibilidad obligatoria que se debe manejar en toda actuación administrativa, teniendo en cuenta este importante postulado constitucional, el legislador en el decreto 196 de 1971consagro la posibilidad de acceder a los expedientes relativos a actuaciones administrativas a cualquier persona sin la necesidad de demostrar ser estudiante universitario de carreras jurídicas.

 Para concluir, tenemos que la corte en la sentencia c-619 de 1996 expone la finalidad que se persigue con la norma en cuestión que impone la obligación ser estudiante universitario de derecho a las dependientes judiciales que soliciten expedientes en despachos judiciales, al respecto la corte reza:

 “EXAMEN DE EXPEDIENTES-Finalidad legítima/DIFERENCIACION SUFICIENTE-Acceso a expedientes

 La necesidad de ordenar una mínima calificación para quienes actúen como agentes de los abogados en procesos judiciales o administrativos, tiende a la protección de bienes constitucionales de la mayor importancia, tales como el debido proceso, la celeridad, eficacia, eficiencia y moralidad de la administración de justicia y el derecho de acceso a la administración de justicia. Las labores deben ser adelantadas bajo estricta vigilancia del abogado, de lo cual se deduce la entera responsabilidad del profesional frente a los actos u omisiones de sus dependientes. Si bien el estudiante de derecho puede revisar integralmente los expedientes, no así puede asistir, en representación del abogado, a la totalidad de las actuaciones legales o administrativas. El criterio de diferenciación adoptado por el legislador, no obstante su amplitud, es suficiente para garantizar el mínimo de idoneidad que se requiere para asistir a un abogado en las actuaciones contenidas en la norma. Si bien un estudiante ordinario puede no tener una capacitación profesional,  lo cierto es que el medio en el cual convive, el proceso de aprendizaje en el que se encuentra inmerso, su especial vocación e interés por los asuntos de la profesión, permiten suponer que, a diferencia de quienes han optado por otra profesión u ocupación, están en capacidad de adquirir una serie de conocimientos, no sólo de tipo técnico y teórico, sino también de índole ética, que les permiten un manejo mucho más responsable de la información contenida en los expedientes en donde obran actuaciones judiciales o administrativas.”

 Se concluye entonces que esta imposición recae en el hecho objetivo de que una persona que esté cumpliendo con labores dentro de un despacho judicial debe tener conocimiento técnico básico de la profesión, además cumplir con requerimientos personales necesarios para el correcto desempeño en la labor encomendada, por esta razón es necesario que los dependientes judiciales en nuestro país ostenten como mínimo el título de estudiante universitario de derecho o de carreras jurídicas.

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