DERECHO AL HABEAS DATA EN COLOMBIA

 El habeas data es  un derecho relativamente nuevo en nuestro ordenamiento jurídico, que tuvo que ser implementado y reglamentado principalmente en favor de los usuarios de servicios financieros en nuestro país. La mayoria de los colombianos nos vemos obligados por lo menos una vez en la vida a adquirir un préstamo crediticio de alguna entidad financiera, en consecuencia muchos de nosotros por diferentes razones del diario vivir nos vemos en la molesta situación de dejar pasar una cuota del pago del crédito y en muchas ocasiones dejar congelado ese pago para poder subsistir con los medios económicos con los que contamos en determinada situación. Cuando estas situaciones se presentan las entidades financieras cuentan con bases de datos para tachar de deudores morosos al cliente que no ha pagado oportunamente la cuota correspondiente al préstamo y los respectivos interés, el problema se presenta cuando estas bases de datos son publicadas y permanece por largos periodos de tiempo, afectando de esta manera toda actividad financiera del deudor. En el presente artículo se estudiara la normatividad vigente en nuestro país y las respectivas actuaciones legales que todo ciudadano puede adelantar para evitar abusos de las entidades financieras.

Sentencia T-847/ “DERECHO AL HABEAS DATA-Definición/DERECHO AL HABEAS DATA-Derecho de naturaleza autónoma

El derecho al hábeas data es definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que otorga la facultad al titular de datos personales de exigir de las administradoras de esos datos el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, de conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de datos personales.  Este derecho tiene naturaleza autónoma y notas características que lo diferencian de otras garantías con las que, empero, está en permanente relación, como los derechos a la intimidad y a la información. “

MARCO CONSTITUCIONAL

 “Los derechos al buen nombre y al hábeas data como derechos fundamentales constitucionales:

  La Constitución Política de 1991, en su artículo 15, consagra los derechos fundamentales al buen nombre y al hábeas data, los cuales, si bien tienen una estrecha relación, poseen rasgos específicos que los diferencian, de tal suerte que la vulneración de alguno de ellos no siempre supone el quebrantamiento del otro. Al respecto, esta Corporación de antaño ha escindido el núcleo de protección de tales derechos en los siguientes términos:

“[D]ebe decirse que en lo relativo al manejo de la información, la protección del derecho al buen nombre se circunscribe a que dicha información sea cierta y veraz, esto es, que los datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos. Por su parte, la garantía del derecho a la intimidad hace referencia a que la información no toque aspectos que pertenecen al ámbito de privacidad mínimo que tiene la persona y que sólo a ella interesa. Finalmente, el derecho al habeas data salvaguarda lo relacionado con el conocimiento, actualización y rectificación de la información contenida en los mencionados bancos de datos”^]

“El derecho al buen nombre puede definirse como la reputación o fama de una persona, esto es, como el concepto que el conglomerado social se forma de ella. Así, constituye un derecho de raigambre fundamental y un elemento valioso dentro del patrimonio moral y social, a la vez que es un factor intrínseco de la dignidad humana. Respecto de él, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que “el derecho al buen nombre se encuentra ligado a los actos que realice una persona, de manera que a través de éstos, el conglomerado social se forma un juicio de valor sobre la real dimensión de bondades, virtudes y defectos del individuo”.

Tal derecho se estima vulnerado “cuando se difunde información falsa o errónea sobre las personas, de tal suerte que se distorsione la imagen que éstas tiene ante la sociedad en su diferentes esferas generando perjuicios de orden moral o patrimonial”

Teniendo en cuenta que el derecho del habeas data está relacionado con el derecho constitucional al buen nombre es obligación de las entidades financieras hacer un uso responsable y acorde a la ley de dicha información de sus clientes, en pro de beneficiar al usuario y permitirle el acceso oportuno a los diferentes servicios financieros que de otra forma afectaría su subsistencia en un mundo moderno donde los créditos se constituyen como una solución viable a los diferentes problemas económicos que afectan las sociedades.

“Sobre el tema, esta Corporación ha señalado que “sólo se desconoce el derecho al buen nombre cuando la información suministrada por la entidad pertinente, registre un hecho o un comportamiento carente de veracidad. En consecuencia, si los datos económicos de carácter histórico son fidedignos y muestran el comportamiento crediticio de un sujeto, no puede violar el derecho al buen nombre, pues en caso contrario, estaría la Corte protegiendo en pie de igualdad, a quienes cumplen con sus obligaciones, frente a quienes no lo hacen, no habiendo entonces una diferencia de trato entre la probidad comercial y el manejo descuidado de estos asuntos, lo cual se constituiría en el ejercicio abusivo y arbitrario de las decisiones judiciales”

 

Como se percibe del párrafo anterior el derecho al buen nombre solo será violado por le entidad cuando la información suministrada a una central de riesgo a otras entidades financieras carezcan de veracidad. Esta situación se presenta con mucha frecuencia en nuestro país, pues las entidades financieras incluyen inmediatamente a su cliente en las bases de datos de deudores, pero demoran muchos meses y a veces años en excluirlos de esas bases de datos una vez realizan el pago y se ponen al día con la obligación.

 

• HABEAS DATA FINANCIERO

 

Sentencia C-1011/08 “El derecho fundamental al hábeas data financiero respecto de las informaciones que suministran las fuentes sobre datos bancarios y crediticios a las centrales de riesgo:

 

En línea de principio, debemos señalar que el derecho fundamental al hábeas data financiero fue definido por la Sala Plena de esta Corporación en sentencia C-1011 de 2008, como “el derecho que tiene todo individuo a conocer, actualizar y rectificar su información personal comercial, crediticia y financiera, contenida en centrales de información públicas o privadas, que tienen como función recopilar, tratar y circular esos datos con el fin de determinar el nivel de riesgo financiero de su titular”. Esta clasificación especial no opera como un derecho fundamental distinto, sino que simplemente es una modalidad de ejercicio del derecho fundamental, este sí autónomo y diferenciable, al hábeas data. Tal derecho confiere al individuo distintas facultades para que, en ejercicio de la cláusula general de libertad, pueda controlar los datos de que sí mismo ha recopilado una central de información.

Tratándose de la información en sí misma considerada, esta Sala de Revisión debe señalar que la jurisprudencia constitucional la ha clasificado bajo los siguientes parámetros: una, relacionada con el nivel de protección del derecho a la intimidad, que divide los datos en información personal e impersonal, y otra que divide los datos personales con base en un carácter cualitativo y según el mayor o menor grado que pueden ser divulgados. Así, se establece la existencia de información público, semiprivada, privada y reservada.

Para nuestro estudio, interesa profundizar en la información semiprivada, que es aquel dato personal o impersonal que, al no pertenecer a la categoría de información pública, sí requiere de algún grado de limitación para su acceso, incorporación en base de datos y divulgación. A esa información solo puede accederse por orden judicial o administrativa y para los fines propios de sus funciones, o a través del cumplimiento de los principios de la administración de datos personales. Ejemplo de estos datos son la información relacionada con el comportamiento financiero, comercial y crediticio de las personas. Por consiguiente, podemos concluir que el objeto de protección del derecho al hábeas data financiero es la información semiprivada o datos sobre los comportamientos bancarios y crediticios que tiene una persona.

Dichos datos financieros pueden ser positivos, en tanto versan sobre el historial crediticio del sujeto concernido que da cuenta del cumplimiento satisfactorio en la amortización de sus obligaciones comerciales y de crédito, y negativo porque reflejan el tiempo de mora, el tipo de cobro, el estado de la cartera o las obligaciones incumplidas que tiene una persona. No obstante, el dato financiero negativo se rige por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirado de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder a la información^.

Dentro de las personas o entidades que se relacionan directamente con los datos personales de contenido financiero, encontramos a los titulares de la información, las fuentes de la información los operadores de la información y a los usuarios de la misma. Al respecto, importa resaltar que el titular de la información es sujeto del derecho de hábeas data y que la fuente de la información responde por la calidad de los datos que suministre a los operadores de la información.

Así las cosas, se concluye que los administradores informáticos deben obtener autorización previa y expresa de los titulares del dato financiero que se pretende recopilar, tratar o divulgar. Y de la misma manera, deben permitir las solicitudes de rectificación y actualización por parte de los titulares de los mismos.”

DEBERES DE LOS OPERADORES, LAS FUENTES Y LOS USUARIOS DE LA INFORMACION

LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008 ^[1]

(diciembre 31)

ARTÍCULO 7o. DEBERES DE LOS OPERADORES DE LOS BANCOS DE DATOS. Sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en la presente ley y otras que rijan su actividad, los operadores de los bancos de datos están obligados a:

1. Garantizar, en todo tiempo al titular de la información, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data y de petición, es decir, la posibilidad de conocer la información que sobre él exista o repose en el banco de datos, y solicitar la actualización o corrección de datos, todo lo cual se realizará por conducto de los mecanismos de consultas o reclamos, conforme lo previsto en la presente ley.
2. Garantizar, que en la recolección, tratamiento y circulación de datos, se respetarán los demás derechos consagrados en la ley.
3. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que, de conformidad con lo previsto en esta ley, pueden tener acceso a ella.
4. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares.
5. Solicitar la certificación a la fuente de la existencia de la autorización otorgada por el titular, cuando dicha autorización sea necesaria, conforme lo previsto en la presente ley.
6. Conservar con las debidas seguridades los registros almacenados para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento.
7. Realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los datos, cada vez que le reporten novedades las fuentes, en los términos de la presente ley.
8. Tramitar las peticiones, consultas y los reclamos formulados por los titulares de la información, en los términos señalados en la presente ley.
9. Indicar en el respectivo registro individual que determinada información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o actualización de la misma y no haya finalizado dicho trámite, en la forma en que se regula en la presente ley.
10. Circular la información a los usuarios dentro de los parámetros de la presente ley.
11. Cumplir las instrucciones y requerimientos que la autoridad de vigilancia imparta en relación con el cumplimiento de la presente ley.
12. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley.

ARTÍCULO 8o. DEBERES DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN. Las fuentes de la información deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad:

1. Garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable.
2. Reportar, de forma periódica y oportuna al operador, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada.
3. Rectificar la información cuando sea incorrecta e informar lo pertinente a los operadores.
4. Diseñar e implementar mecanismos eficaces para reportar oportunamente la información al operador.
5. Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada por los titulares de la información, y asegurarse de no suministrar a los operadores ningún dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, cuando dicha autorización sea necesaria, de conformidad con lo previsto en la presente ley.
6. Certificar, semestralmente al operador, que la información suministrada cuenta con la autorización de conformidad con lo previsto en la presente ley.
7. Resolver los reclamos y peticiones del titular en la forma en que se regula en la presente ley.
8. Informar al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o actualización de la misma, con el fin de que el operador incluya en el banco de datos una mención en ese sentido hasta que se haya finalizado dicho trámite.
9. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control en relación con el cumplimiento de la presente ley.
10. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley.

Eliminar reportes de las centrales de riesgos. (datacredito y cifin)

• De la norma anterior es fácil identificar que los deberes de las entidades que tiene acceso a los bancos de información se puede resumir en la obligación de absoluta reserva y veracidad de los datos que tienen a sus disposición, pues de no manejar negligentemente esta información pueden verse inmersas en violación de derechos constitucionales que podrían ocasionarles fuertes sanciones como veremos a continuación además la entidad financiera está obligada a investigar el caso y a realizar las debidas correcciones si así es el caso, so pena de incurrir en faltas que la lleven a ser sancionada por la súper intendencia financiera.

¿Le hicieron un reporte equivocado a las centrales? de riego recuerde que existe la ley de habeas data una orientación básica seria PRIMERO: hacer la petición a la empresa que la reporto solicitando la eliminacion del reporte en las centrales de riesgo con argumentos jurídicos..

SEGUNDO: si no procede el derecho de petición es necesario instaurar acción de tutela.

¿Por que debe contratar un abogado para elaborar una acción de tutela? Si bien es cierto la acciòn de tutela no debe ser presentada por abogados, tenga presente que es mejor que se asesore por uno.

La acción de tutela por estos hechos solo se podrá presentar una sola vez, y si la tutela esta indebidamente sustentada referente a hechos o Derecho, se puede perder.

¿cual es la sanciòn permitida por la ley?

La sanción que la ley habeas data impone, la cual es el doble de tiempo que se duró en Mora hasta un plazo máximo de 4 años.

EL DERECHO DEL CONFLICTO ARMADO

Las normas que regulan el conflicto armado entre naciones se puede encontrar  en tratados internacionales, pactos y normas internas de cada nación. Sin embargo existen normas generales imperativas del derecho internacional que están llamadas a regular el fenómeno de la guerra entre estados, en pro de una solución pacífica a las diferencias existentes.

Este derecho está regulando un fenómeno político y social: guerra. La guerra es una situación de violencia acompañada de ruptura de las relaciones pacíficas entre dos o más estados. Este derecho tiene 2 grandes divisiones:

 

IUS ADBELLUM: es el derecho de la pre guerra. Estas normas señalan cuando es lícito hacer la guerra. Se deben observar antes de la guerra. En el derecho clásico era lícito hacer la guerra para defender o resolver un conflicto internacional. Ahora se prohíbe el uso de la fuerza (guerra) por parte de los estados (norma imperativa de derecho internacional).

Mecanismos que tiene la ONU en caso de que haya amenaza de usar la fuerza contra la integridad:

·         Prevenir que se den estos casos.

·         Eliminar las amenazas.

·         En caso de agresión de un estado a otro tiene que tomar una serie de medidas (intervención). La ONU interviene a través de una decisión que tome el consejo de seguridad (sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para los estados parte de la ONU).

o   Se hace:

§  Cuando se da una situación de esta, el consejo de seguridad envía una resolución donde insta a las partes para que tomen medidas provisionales.

§  La ONU solicita bloqueos de los otros países (económicos), ruptura de relaciones cuando no se frena la agresión. Medidas que no implican el uso de la fuerza.

§  Ejercer a través de las fuerzas armadas de los países una acción conjunta de la ONU.

Las decisiones de la intervención tienen que ser votadas por 9 miembros (5 de ellos son los que tienen derecho al veto).

 

·         IUS INBELLO: es el derecho de la guerra, puede ser invocado como excepción en los siguientes casos

 

La legítima defensa: es la resistencia por la fuerza al ataque armado (repeler el ataque). Derecho natural que tienen los estados para defenderse. Esa agresión que me hace el otro estado puede ser:

 

·         Directa: el estado directamente lo hace.

·         Indirecta: se mandan mercenarios, ejercito irregular (a través de otro).

Existen 2 clases de legítima defensa:

·         Individual

·         Colectiva: para que exista se requiere: 1) que el estado en cuyo favor se va a ejercer esa legítima defensa colectiva declare que está siendo víctima, 2) le pide intervención a la ONU.

 

La legítima defensa es el último recurso que tiene el estado para defenderse. Tiene que ser de manera razonable y mesurada, hasta que el Consejo de Seguridad me venga a apoyar y se restablezca la paz. Para que sea conforme al derecho internacional público se requiere: 1) la inmediatez de la reacción defensiva, 2) no está autorizada la legítima defensa preventiva, 3) proporcionalidad de la respuesta armada.

 

Intervención armada de carácter humanitario: se da cuando se está dando conflictos y hay violación a los derechos humanos. Se han dado muchas intervenciones de la ONU por la fuerza para ayudar a los estados donde se está violando los derechos humanos. Para que las Naciones Unidas pueda entrar a repeler esto se requiere que:

1.     La situación de violencia sea grave, masiva y reiterada.

2.     El consejo de seguridad haya conminado al estado de manera repetido e infructuosamente.

3.     Que se demuestre que se hicieron intentos y esfuerzos que fueron inútiles.

4.     La fuerza debe hacerse por un conjunto de estados.

5.     Se requiere que la mayoría de la asamblea general no se oponga al ataque por la fuerza.

 

Teniendo en cuenta que en el derecho internacional el uso de la fuerza va en contra de una norma imperativa de derecho y que el uso de la misma solo es legal como excepción, es posible plantear la pregunta : ¿ se puede usar la fuerza en caso de terrorismo internacional?  Para responder este interrogante es preciso saber que el terrorismo es un fenómeno que tiene que estar vigilado y reglamentado por el derecho internacional público y tiene que tener una respuesta desde este derecho. ¿Solo con la fuerza se puede combatir el terrorismo con el uso de la fuerza?: definitivamente no, para dar mayor claridad a este fenómeno, pondré como ejemplo el caso de Septiembre 11 de 2001: ataque a Estados Unidos. En esta ocasión el Mensaje de la ONU decía que había que unirse y cooperarse para enfrentar el terrorismo (no hacer guerra).  En este caso las actuaciones de la ONU en concordancia con las formalidades exigidas en estos casos fueron las siguientes:

·         Resolución 1368 de 2001: se le reconoce a USA el derecho a la legítima defensa. El consejo de seguridad lo acepta. Le dice a todo el estado miembro que tenemos que ayudarnos para que no haya cooperación con estos grupos terroristas.

·         Resolución 1373 de 2001: le dice a los estados miembros hay que cortar las raíces económicas del terrorismo (que no utilicen los bancos a los terroristas). Se creó una red de cooperación entre los estados en este sentido.

·

La legítima defensa: la carta prohíbe el uso de la fuerza, salvo en legítima defensa. Haciendo uso de este derecho estados unidos puso en marcha la misión  tempestad del desierto (fue el ataque a Irak cuando entro a Kuwait). El consejo de seguridad dijo que se podían utilizar medios para responder a una agresión.

Estados Unidos exigió a la ONU que les concediera el uso de la legítima defensa. Se la conceden contra Afganistán y Alkaeda, por lo que a pesar de las críticas internacionales estados unidos ha venido actuando en las guerras del medio oriente con el aval de la comunidad internacional.

Es importante saber  la legitima defensa nunca es para reprimir (es para repeler). Prevenir ataques futuros.

 

De esta manera podemos concluir que la guerra como fenómeno humano que ha estado presente desde el inicio de nuestras civilizaciones hoy en día está regulada bajo parámetros internacionales comunes que canalizan su normatividad hacia la búsqueda de la paz y evitan avalar la guerra hasta que esta sea inminente. Cabe decir que el consejo de seguridad es el órgano internacional encargado de dar el aval para un ataque de un estado a otro después de estudiar las circunstancias particulares del caso.

 

 

 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA EN CONTRATO LABORAL A TERMINO INDEFINIDO

En el presente artículo se desarrollara como cuestionamiento central si existe derecho a indemnización cuando el trabajador vinculado mediante contrato de trabajo a término indefinido es despedido sin justa causa. Tenemos entonces que según el artículo 28 de la ley 789 de 2002 que reemplaza el art 64 del código sustantivo de trabajo, subrogado por el artículo 6 de la ley 50 de 1990, los contratos de trabajo cualquiera que sea su modalidad llevan implícitamente la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado por las partes, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte culpable. Es claro que según la norma esta indemnización lleva la liquidación del lucro cesante y del daño emergente.

Para mayor claridad en cuanto al momento y la forma en que se deben pagar las indemnizaciones por despido sin justa causa en contrato de trabajo a término indefinido, expondré a continuación las variantes que se pueden presentar para la realización de este pago.

En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así:
a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales:

1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año.
2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción;
3. b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10), salarios mínimos legales mensuales.
4. Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor a un (1) año.
5. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.

Para los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la mencionada Ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales b), c) y d) del Artículo 6° de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, que se aplica únicamente para los trabajadores que tenían diez (10) o más años el primero de enero de 1991

De acuerdo a lo anteriormente expuesto es pertinente recalcar la importancia de manejar el vínculo contractual existente fruto del contrato de trabajo a término indefinido con la misma seriedad y responsabilidad que se le da al contrato de trabajo a término definido, pues como se presentó, en nuestro ordenamiento jurídico las obligaciones y deberes que surgen del contrato de trabajo a término indefinido son idénticas a las que surgen del contrato de trabajo a término definido. Por lo que la respuesta a la pregunta planteada es básicamente que si existe indemnización por despido sin justa causa en esta modalidad de contrato de trabajo al estar tipificada y claramente explicadas las variaciones en el pago según sea el caso específico.

LOS ABOGADOS NO PUEDEN BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA GRATIS

Es frustrante e imposible que un abogado te de una solución GRATIS sin recibir nada a cambio, ¿Tu como trabajador, o profesional  independiente trabajarías gratis?   y si un abogado  le da  asesoría gratis puede ser presuntamente  de mala fe,o por que es inexperto, es decir no están preparados y necesita conseguir clientes como sea (una oportunidad) .

¿por que las personas tienen una visión negativa de los abogado?

obviamente existe un desanimo  de los clientes que consultan abogados gratis que se dedican a hablar sin conocimiento,  como se denomina a esta clase «tinterillos» que se dedican a enredar a la gente, pero esto se debe a que no analizaron a el abogado de manera objetiva.

Como abogado litigante expreso mi desanimo y  le pido que entienda la perspectiva objeto de  la consulta gratis, el hecho de que un abogado brinde asesoría gratis es de gran preocupación eso no te garantiza un trato adecuado, ¡debemos corregir esto!.

Ahora bien cuando pagas por la consulta a un abogado, reconoces que necesitas ayuda y valoras la asesoría del profesional del derecho, ademas estas en todo el derecho de exigir calidad por la misma.

De la misma manera en que un auto necesita un conductor, una empresa  o una persona  necesita un abogado que le indique las soluciones legales, preventivas y correctivas. desde lo mas simple a los mas complejo.
Bienvenidos a Www.Calijuridica.com

Según la necesidad que su empresa requiera deberá contratar por ejemplo: para contratar un empleado necesitaras del derecho  laboral, para crear un contrato  derecho civil, para generar una empresa, derecho comercial.

el hecho cierto es que un abogado bien sea de Colombia,Panamá,Argentina, brasil,mexico,argentina  no puede dar una solución gratis  porque no es la esencia de nuestra carrera, nosotros como abogados tenemos que ayudarlos a dar buenas decisiones  y una excelente  asesoría para enfocarlo dentro del contexto legal no debe ser gratis.

 Un abogado cuida tu seguridad jurídica es decir tu patrimonio, cumplimos con una función preventiva y correctiva..

 

SEÑORES:  INMOBILIARIA ………………………………….

Atención:  Señor(a)   ……………

E.S.D.

DIR:  ……………………………………………………….

 

 

HECHOS

 

 

PRIMERO: el dia …….. se celebro un contrato de arrendamiento con Ustedes el primero de …………. de ……………..

SEGUNDO: El día….de…………de ………………. recibió una carta con referencia “ Prorroga contrato de arrendamiento” de conformidad con la normatividad esta prorroga deja sin efecto  la notificación enviada el…. de a….de …………………..

TERCERO:  Ustedes no pueden solicitar la restitución del inmueble sin ocasionar un perjuicio del cual Ustedes serían  responsables, adicionalmente al perjuicio que se puede llegar a demostrar con el material probatorio,  prosigue  compulsar una copia  a  la secretaria de convivencia,  “el control, inspección y vigilancia a todas las inmobiliarias de la ciudad y a investigar, sancionar e imponer las medidas correctivas cuando se vulneren los derechos de los arrendatarios” la queja concreta es por violar una relación contractual generando perjuicios y el debido proceso e incertidumbre.

CUARTO: Pongo este evento en su conocimiento para los fines pertinentes toda vez que su continuas notificaciones afectan el normal desarrollo de la tranquilidad y a la dignidad humana mía, y de mi familia (hijos).  (dado a que no han pagado la cuota de amisnistraciòn, sabiendo que estoy al dia) el no pago por parte de Ustedes como inmobiliaria genera  consecuencias garrafales  dado a que la unidad, decide no entregarme la correspondencia.

 

 

PRETENSIONES.

PRIMERO: Solicito de manera taxativa  cuales son las razones por las cuales renovaron el contrato el dia …………………………………………………………………..: Anexo copia de la renovación del contrato de arrendamiento,  y de igual forma solicito me informen cuales son las acciones jurídicas piensan tomar si existe un contrato de arrendamiento renovado por Ustedes como consta en el material probatorio que  mi poderdante tiene en su poder, razón  por la cual legitima  a mi cliente para continuar el contrato de arrendamiento.

TERCERO: Solicito me informe si el propietario del inmueble tiene conocimiento de la renovación del contrato que enviaron el dia ………………………………………………

CUARTO: dentro del contexto de  la ley, se renovo el contrato, y posteriormente Ustedes solicitan la terminación unilateral, deberán  guiarse bajo los parámetros de la ley 820/2003 “Artículo 23. Requisitos para la terminación unilateral por parte del arrendador mediante preaviso con indemnización. Para que el arrendador pueda dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento en el evento previsto en el numeral 7 del artículo anterior, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. a) Comunicar a través del servicio postal autorizado al arrendatario o a su representante legal, con la antelación allí prevista, indicando la fecha para la terminación del contrato y, manifestando que se pagará la indemnización de ley;
2. b) Consignar a favor del arrendatario y a órdenes de la autoridad competente, la indemnización de que trata el artículo anterior de la presente ley, dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha señalada para la terminación unilateral del contrato. La consignación se efectuará en las entidades autorizadas por el Gobierno Nacional para tal efecto y la autoridad competente allegará copia del título respectivo cl arrendatario o le enviará comunicación en que se haga constar tal circunstancia, inmediatamente tenga conocimiento de la misma.
   El valor de la indemnización se hará con base en la renta vigente a la fecha del preaviso;
3. c) Al momento de efectuar la consignación se dejará constancia en los respectivos títulos de las causas de la misma como también el nombre y dirección precisa del arrendatario o su representante;
4. d) Si el arrendatario cumple con la obligación de entregar el inmueble en la fecha señalada, recibirá el pago de la indemnización, de conformidad con la autorización que expida la autoridad competente.

Parágrafo 1º. En caso de que el arrendatario no entregue el inmueble, el arrendador tendrá d erecho a que se le devuelva la indemnización consignada, sin perjuicio de que pueda iniciar el correspondiente proceso de restitución del inmueble.

Parágrafo 2º. Si el arrendador con la aceptación del arrendatario desiste de dar por terminado el contrato de arrendamiento, podrá solicitar a la autoridad competente, la autorización para la devolución de la suma consignada.”

 

CUARTO: Es importante que tengan presente, que no pueden vulnerar el debido proceso, además me parece importante recordarles las irregularidades dado que Ustedes como inmobiliaria  están bajo la inspección  y vigilancia están reguladas por la secretaria de convivencia, razón por la cual, si no encuentro una solución oportuna  acudiré  con el material probatorio para demostrar las inconsistencias que presentan Ustedes como inmobiliaria. Soportando la queja con la respuesta que Ustedes me den a este derecho de petición, a la carta de renovación del contrato, y a la posterior solicitud de no renovación generando incertidumbre, violación a la tranquilidad y a la dignidad humana, dado que Ustedes no han pagado la administración y la misma unidad toma como medida no entregarme la correspondencia.

 

QUINTO: Como inmobiliaria, si  es su intención de no prorrogar el contrato este se prorroga automáticamente por 12 meses, entonces al solicitar su cancelación en cualquier momento debes anunciarlo con 3 meses de antelación y pagar la indemnización (no multa) de tres cánones.  ¿Ustedes piensan pagar la multa?

SEXTO: Solicito copia de los comprobantes de pago de la administración.

Atentamente,

 

 

……………….

PROBLEMAS FRECUENTES EN LAS SOCIEDADES DE FAMILIA

Sociedades de Familia

El presente artículo de investigación inicia con el propósito de reconocer el concepto de sociedades de familia, ¿Quienes la conforman?, ¿Qué influencia tienen este tipo de sociedades en la economía colombiana? y ¿cuáles son los principales problemas que se generan dentro de ella?

La empresa de familia o sociedad de familia se crea con la intención de un desarrollo económico en unión con miembros de la misma; en algunos de los estudios realizados se comprueba cómo lo que en principio se formo para la unión de la familia y su bienestar , conlleva también problemas especiales y diferentes de las demás sociedades, por estar cargada de un alto nivel de emociones y subjetividades derivadas de los socios; problemas que llegan a generar el desvanecimiento del mayor porcentaje de las empresas registradas, impidiéndolas llegar a un verdadero crecimiento.

Este trabajo analiza los principales problemas que se generan dentro de la empresa como lo son la falta de conocimiento de algunos dirigentes o administradores, la mala toma de decisiones por parte de los mismos, la confusión entre los patrimonios de la empresa y la familia y la indebida utilización de estos patrimonios en aspectos no relacionados con la reinversión de capitales, entre otros que pueden llegar a causar la disolución de estas.

Durante mucho tiempo, las sociedades de familia, han sido de gran importancia en la economía Colombiana, al ser las empresas más grandes y exitosas del país, de propiedad de una sola familia, como es el caso del Grupo Santodomingo, Carvajal, el Grupo Aval, Leonisa, Corona, Haceb.

En un estudio realizado por la superintendencia de sociedades sobre la influencia de estas sociedades en la economía Colombiana, se muestra como el 68% de las empresas registradas en

las Cámaras de Comercio, son de propiedad de una misma familia; así mismo, el porcentaje que demuestra que dichas sociedades desaparecen fácilmente en el tiempo, es alarmante, dado que en estas sociedades se generan una serie de relaciones personales, que generan a su vez, que estas tengan dificultades, ya que la propiedad de la empresa o sociedad va a estar en manos de varios miembros de la familia, ocasionando la dificultad en la administración y toma de decisiones de la empresa y limitando el acceso al capital.

¿Que son entonces las sociedades de familia? ¿Por quién está compuesta? ¿Que norma jurídica regula estas sociedades?¿Que requisitos exige la ley? Para entender un poco mas de que se tratan estas sociedades, a continuación desarrollar  el tema expuesto.

Decreto 410 de 1971:

Actualmente este decreto se encuentra vigente y es el que regula la materia de sociedades anónimas, lo que implica que derogó todas las normas acerca de las mismas, entre ellas, la sociedad anónima de familia. Este decreto a su vez no incluyó ninguna disposición acerca de la constitución o reconocimiento de estas sociedades y aunque sí reconoce la existencia de estas, existe un vacío en la norma mercantil, que nos impide determinar las características, requisitos y procedimientos para crear una sociedad anónima de familia.

Los artículos que reconocen la existencia de la sociedad anónima de familia son:

«Articulo 102 Será válida la sociedad entre padre e hijos o entre cónyuges, aunque unos y otros sean los únicos asociados».

«Articulo 435 No podrá haber en las juntas directivas una mayoría cualquiera formada con personas ligadas entre sí por matrimonio, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil, excepto en las sociedades reconocidas como de familia».

En este orden de ideas, derogada expresamente la regulación de sociedades anónimas de familia y no habiendo tenido esta consagración legal dentro de la actual legislación mercantil, se hace necesario acudir respaldados en el principio de analogía, a lo consagrado en la legislación tributaria, en donde el decreto reglamentario 187 de 1975 en su artículo 6° determina el carácter familiar de una sociedad con base en los siguientes requisitos.

1. La existencia de un control económico ,financiera o administrativo
2. Que dicho control sea ejercido por personas ligadas entre sí por matrimonio o por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o único civil.

Estos parámetros están acordes con el concepto de familia, que se desprende de algunas disposiciones legales, tales como el artículo 874 del código civil y la ley 1971. Que lo acoge como agrupación de personas formadas por padres e hijos.

En consecuencia para que una sociedad tenga el carácter de familia debe existir entre dos o más socios un parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado (padre, madre, hijo o hermanos) o único civil (padre, madre, adoptante o hijo adoptivo) o estar unidos entre sí matrimonialmente, siempre y cuando los socios así relacionados, ejerzan, sobre la sociedad un control económico,financiero o administrativo.

 PROBLEMAS FRECUENTES EN LAS SOCIEDADES DE FAMILIA

En Colombia el concepto de familia es de gran importancia ya que por tradición nos hemos enfrentado a una cultura en la que por regla general, el bienestar familiar se camina hacia un objetivo común. Es por eso que en nuestro territorio y en muchas otras partes del mundo este ánimo de unidad, es el que conlleva a crear las denominadas Sociedades de Familia, motivo por el cual alrededor del 68% de las sociedades registradas obedecen a ésta índole en nuestro País1.

Como se había afirmado anteriormente en un estudio realizado por la superintendencia de sociedades sobre la influencia de estas sociedades en la economía Colombiana, se muestra como el 68% de las empresas registradas en las Cámaras de Comercio, son de propiedad de una misma familia; así mismo, el porcentaje que demuestra que dichas sociedades desaparecen fácilmente en el tiempo, es alarmante, ya que el porcentaje para que dichas sociedades sobrevivan en la segunda generación es del 65% y las de tercera generación solamente el 14%2. En estas sociedades se generan una serie de relaciones personales, entre otras cosas, que generan a su vez, que estas tengan dificultades, ya que la propiedad de la empresa o sociedad va a estar en manos de varios miembros de la familia, ocasionando la dificultad en la administración y toma de decisiones de la empresa y limitando el acceso al capital.

Después de haber consultado y analizado algunos de los diferentes puntos de vista acerca de los aspectos más relevantes en el deterioro de las sociedades de índole familiar, se ha sintetizado los factores de mayor trascendencia para el no desarrollo de este tipo de sociedad; Por ejemplo, uno de sus principales errores consiste en no preparar una sucesión y un cambio generacional y otro no menos importante tiene que ver con la imposibilidad de manejar las relaciones familiares y los negocios con madurez, pues la mayoría de los integrantes de esas unidades productivas no distinguen cuándo se está en un campo y cuándo en el otro.

En Colombia, al igual que muchos otros países, éste tipo de sociedades tiene gran influencia en la conformación de las empresas que conforman el territorio pero ocurre una pequeña cadena que es la que da origen a la no prosperidad de este tipo de sociedades debido a que la primera generación es la creadora y se dedica al impulso para un mejor progreso, la segunda generación es la que disfruta por decirlo de alguna manera y la tercera es la encargada de disolverla totalmente.

Si bien es cierto que la estadísticas apuntan a que las sociedades de familia tienden a desaparecer más rápido con relación a otro tipo de sociedades, también es cierto que en nuestro País hay algunas excepciones que son ejemplo de lo que debe ser una empresa familia como lo son los almacenes Éxito, Coltejer, Postobon y Bavaria entre otras han logrado permanecer vigentes en el mercado.

2.1. Problemas más evidentes:

2.1.1 Falta de conocimiento o aplicación en la separación de integrante tanto de la familia como de la sociedad

En una sociedad de familia están los propietarios, los administradores o dirigentes y los empleados que forman parte de la familia. El problema que se presenta aquí, es que los propietarios deben entender que no deben inmiscuirse indebidamente en la labor de dirigentes o administradores que toman las decisiones; los administradores o dirigentes a su vez, deben entender que no son los dueños de las acciones y los empleados deben tratar de desempeñar de la mejor manera su labor sin intervenir en la administración y dirección de la sociedad3.

2.1.2 Entrada y salida de los socios a la estructura de la empresa.

Esto obedece a los diferentes factores que se presentan en este tipo de sociedad, tales como el matrimonio, nacimiento, divorcio, que tienden fácilmente a dilatar la estructura social, aunque esto se puede presentar en otros tipos de sociedad pero como se mencionó anteriormente la sociedad familiar es particular porque hay gran influencia de sentimientos o relaciones personales.

2.1.3 El cambio de generación.

En términos generales dentro de la primera generación se encuentra el fundador, motivo por el cual la organización es impulsada, obedeciendo a los principios y expectativas de éste. Al pasar a la siguiente generación desaparecen ciertos elementos que hacen perder la consistencia y contundencia de la empresa por el desinterés de los socios en la preservación de la empresa, ya que la mayoría genera más interés en las utilidades que en la misma organización. La firma de abogados Garrigues Abogados en un documento de 2003 se refiere a la disminución de las empresas de este tipo, por el motivo del cambio generacional y afirman que de cada 100 empresas que se acercan a la segunda generación solamente 30 sobreviven y de éstas solo 15 continúan en la tercera generación4.

2.1.4 Mala integración de terceros por falta de preparación.

La mala elección a la hora de incorporar a directivos externos, obedece en gran parte que los familiares escogen a personas no idóneas para desempeñar la dirección y seguir ejerciendo poder dentro de la sociedad o por que en verdad se equivocan a la hora de tomar la decisión pensando que es la mejor alternativa para la dirección de la empresa.

2.1.5 Cargas tributarias

Las cargas tributarias por la transmisión de la sociedad son muy elevadas pueden poner en peligro la sociedad ya sea si se realiza en vida o por sucesión.

2.1.6 Indebida utilización de los patrimonios.

No existe una línea que separe debidamente los límites entre el patrimonio de la empresa y el familiar, lo que genera una mala administración de los recursos que sostiene la empresa, las utilidades se convierten en los dividendos y son distribuidas o entregadas a los socios en muchas ocasiones sin una debida y organizada retribución o reinversión al capital de la empresa.

Además es de saber que una empresa familiar se crea en propósito de crecer conjuntamente para ayudarse entre sí , lo que en principio suena bonito puede convertirse en un conflicto de frustración o envidia por alguno de los miembros, pues muchas veces, los padres cabezas del hogar y la empresa, tienen a remunerar a algún hijo solo por el hecho de ser parte de la familia, sin que en verdad haya un verdadero esfuerzo por parte de este para colaborar con las actividades que se realizan dentro del ámbito laboral.

Todas las sociedades afrontan determinados problemas que pueden poner en riesgo su estabilidad y en muchas ocasiones hasta su propia existencia, pero en el caso de las sociedades de familia es algo un poco más complejo ya que se interponen las diferentes manifestaciones de la subjetividad y además en algunos casos los socios consideran a la empresa como un elemento más de la familia y no como un círculo diferente. Esto se puede convertir en un obstáculo para que la sociedad obtenga una eficiente y excelente administración.

Si bien es cierto que la sociedad de familia está dentro de la normatividad colombiana, también es cierto que está de una manera muy generalizada, ya que esta legislación permite que los socios tengan un amplio rango en la toma de decisiones, es decir, se puede apreciar la subjetividad sin que ésta sea regulada y sería mejor que se hubiera profundizado un poco más en la normatividad, para que regule esta serie de inconvenientes dentro de una sociedad de familia.

Las empresas denominadas de familia, tanto en Colombia como en el mundo, incurren en sus propios errores, que éstos a su vez los están llevando a su disolución como lo hemos venido desarrollado en el anterior avance presentado.

Algunos especialistas tanto en Psicología como en materia de sociedades y economía, han logrado detectar otras falencias graves que se constituyen en un reto que deben superar los propietarios y los accionistas de esas compañías para sobrevivir. Los mencionados aducen que, además de definir la sucesión y gestionar una buena relación entre la familia y la empresa, se debe implementar el protocolo familiar, elaborar claras alternativas de financiación, tener una empresa legalmente constituida, diseñar estrategias para invertir más y mejor en desarrollo y afrontar los cambios políticos y culturales que rodean el negocio.

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE TRABAJO LEGAL

La jornada de trabajo legal es un tema de suma importancia para todas las personas que como empleador o empleado ha suscrito un contrato de trabajo amparado por la normatividad laboral vigente en nuestro país. El tiempo con el que cuenta cada persona para realizar las diferentes actividades de diario vivir es tasado por la legislación colombiano teniendo en cuenta diferentes aspectos que en ultimas determinan la jornada máxima de trabajo y la retribución legal a la que tiene derecho.

La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes, o a falta de convenio, la máxima legal.

La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las siguientes excepciones dispuestas en el Artículo 161 Del Código Sustantivo del Trabajo que dice:

“Artículo 161. Duración. La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las siguientes excepciones: a) En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto; b) La duración máxima legal de la jornada de trabajo del menor (…) c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana; En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un día de descanso remunerado. d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 Pm Parágrafo. El empleador no podrá, aun con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de dos turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo”.

Además una jornada diaria o semanal superior a la ordinaria, generaría trabajo suplementario o de horas extras

El trabajo suplementario o de horas extras tiene un límite ya que en ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre empleador y trabajador a diez (10) horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras. Las excepciones sobre jornada máxima legal que existen en la normatividad laboral son:

1. a) Los que desempeñan cargos de dirección, de confianza o manejo.
2. b) Los de servicio doméstico, ya se trate de labores en los centros urbanos o en el campo, que no puede superar las diez (10) horas diarias, en el caso que el trabajador resida en la casa del empleador.
3. c) Los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia, cuando residan en la casa del empleador.

Las actividades no contempladas sólo pueden exceder los límites de la jornada máxima legal se medía autorización expresa del Ministerio de Protección Social y de conformidad con los convenios internacionales de trabajo ratificados. Sin embargo en nuestro país el límite máximo legal de horas de trabajo puede ser elevado por orden del empleador y sin permiso del Ministerio de la Protección Social, por razón de fuerza mayor o caso fortuito, por amenazas u ocurrencia de algún accidente, o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en la dotación de la empresa; pero únicamente se permite el trabajo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal del establecimiento sufra una perturbación grave.

Además pueden repartirse las cuarenta y ocho (48) horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos (2) horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. Si el trabajo no exige actividad continua y pueda llevarse a cabo por turnos de trabajadores la duración de la jornada puede ampliarse en más de ocho (8) horas, o en más de cuarenta y ocho (48) semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado para un periodo que no exceda de tres (3) semanas, no pase de ocho (8) horas diarias ni de cuarenta y ocho (48) a la semana. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

La prestación del servicio ha de someterse a un tiempo determinado, dentro del cual el trabajador se halla obligado a desempeñar la función, o a poner en favor del empresario su capacidad laboral. Este último, de igual modo, no puede utilizar los servicios de aquél cuando venza el tiempo estipulado o definido en la ley, ya que la fijación de la jornada persigue defender la integridad del subordinado.

La jornada laboral evita el agotamiento del trabajador debido a la intensidad del trabajo, y da lugar a la recuperación de su capacidad laboral, que se debilita en el tiempo del servicio. El esfuerzo ilimitado ocasiona desgaste orgánico en la persona e inutiliza el buen ejercicio de la función, haciéndola improductiva. La pérdida de fuerza laboral debe recuperarse con el descanso, por lo que la jornada de trabajo necesita restringirse en el tiempo.

La jornada laboral se ha instituido para mejorar las condiciones humanas del esfuerzo, impedir el agotamiento del trabajador, acabar la tensión física y moral que genera el trabajo diario y permitir la recuperación de las energías del operario y de su eficiencia y capacidad productiva. En el fondo el concepto existen razones de humanidad, dignidad y economía; las primeras preservan al hombre en su salud e integridad, las segundas permiten el decoro y buena forma del trabajador y la excelencia en la actividad laboral, las terceras evitan los efectos contraproducentes de la fatiga en la producción empresarial. La limitación del trabajo en el tiempo estimula la calidad e intensidad del servicio y fomenta el ritmo operacional de la producción.

El tiempo diario de trabajo humaniza la actividad laboral, pues si ésta no se ejecuta de un límite temporal se atenta contra la seguridad y la integridad del trabajador.

La legislación colombiana, aceptando una recomendación de la Oficina Internacional del Trabajo, estableció en el año de 1931 la jornada de trabajo de ocho horas para el régimen de trabajo industrial. Más tarde la resolución N° 1 del Ministerio del Trabajo, de 1934 (Departamento Nacional del Trabajo), acogió el

Término legal de la jornada de trabajo de ocho horas y la hizo extensiva a casi todas las actividades oficiales y particulares, con algunas excepciones que más tarde ha recogido la legislación posterior. Después, en la ley 6 de 1945, se estableció también el principio de la jornada legal, y se advertía ya una distinción doctrinaria entre ella y la llamada jornada ordinaria.

Como conclusión vemos que es nuestro país la jornada máxima de trabajo se maneja así:

* La Jornada Ordinaria de trabajo podrá ser acordada entre las partes, sino se acuerda se tomara la máxima legal que es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo en los casos que establece el artículo 161 del C.S.T

* Cuando la jornada ordinaria se extiende de la máxima legal, será tomada como trabajo suplementario o de horas extras que tendrá un límite de máximo dos horas (2) diarias y doce (12) semanales.

* Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre empleador y trabajador a diez (10) horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras.

* En algunos casos especiales por requerimiento del trabajo o por calidades especiales de este, se podrá excluir algunos trabajadores de la regulación sobre la jornada máxima legal.

* Los trabajadores tienen descanso el día domingo a excepción de los trabajadores que a partir de la ley 50 de 1990 están vinculados a empresas o actividades que trabajen sin solución de continuidad, para lo cual las partes podrán hacer un acuerdo para trabajar por turnos, sin que estos excedan seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana ad siempre y cuando se le conceda al trabajador en la semana las veinticuatro (24) horas legales de descanso.

* El trabajo nocturno requiere más concentración y desgaste del trabajador, por lo que su remuneración debe ser mayor a la de una jornada común de día.

PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AMBITO INTERNACIONAL

Los ciudadanos de un estado social de derecho como lo es nuestro país tenemos el derecho constitucional de acceder a la jurisdicción ordinaria para proteger nuestros derechos, en la legislación colombiana el constituyente otorgo además otros medios idóneos para proteger y garantizar de manera inmediata los derechos fundamentales que son transgredidos. La acción de tutela se constituye actualmente en nuestro ordenamiento como medio idóneo de reclamar ante los jueces la protección de derechos fundamentales vulnerados que deben prevalecer por encima de otros derechos de inferior rango legal. Además de la tutela los colombianos contamos con la jurisdicción administrativa para realizar reclamos en cuanto a fallas de la administración que trascienden al plano civil y logran vulnerar derechos de los asociados. No obstante existe en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de acceder a cortes internacionales para buscar la protección, reparación de daños e indemnizaciones por daños ocasionados por el estado a personas individuales cuando se vulneran derechos fundamentales protegidos por los tratados internacionales que Colombia ha ratificado y que por ende hacen parte del bloque constitucional que impera la normatividad de nuestro ordenamiento.

Para empezar es importante aclara ciertos conceptos que se deben manejar para un mejor entendimiento del tema planteado, en efecto tenemos que el derecho internacional público es un conjunto de normas que regulan relaciones entre los sujetos del derechos internacional. Es un derecho político por excelencia es decir, que regula sociedades políticas (estados). Establece un control para que haya equilibrio de poderes, a fin de evitar una anarquía; aunque siempre van a haber diferencias de poderes entre los Estados. El derecho internacional les facilita la intercomunicación a los Estados, como deben ser las relaciones, la cooperación.

El derecho internacional regula las relaciones desde el punto de vista jurídico. Esas normas se convierten en la vía para solucionar cualquier clase de conflictos en materia internacional.

Los sujetos del derecho internacional son: Estados (sujeto ordinario, principal), organizaciones internacionales (OIT, OTAM, OEA), personas en el campo de los derechos humanos y la política exterior de los estados es regulada generalmente por el ministerios de relaciones exteriores (cancillería).

Los sistemas internaciones de protección de los derechos humanos están contenidos en una serie de tratados internaciones que son constitutivos de las organizaciones internacionales por medios de las cuales se tratan mecanismos que aseguren los derechos humanos.

Naciones unidas (ONU) creada en la conferencia de san francisco en 1948, es la organización  mundial que ha dedicado un esfuerzo majestuoso a la codificación de los derechos humanos mediante tratados internacionales que vinculan una gran numero de naciones alrededor del mundo y que por medio de ellos obliga a los estados a cumplir y velar por la verdadera eficacia de los tratados que se han ratificado. Existen tratados sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad, estatuto de refugiados, apátridas, derechos políticos para mujeres, trata de personas, entre otros; todos en busca de protección de los derechos humanos.

 El Primer Sistema para la protección de derechos humanos que maneja la ONU está vinculado al  Pacto internacional de derechos civiles y políticos: los pactos los hacen los estados pertenecientes a naciones unidas. En ese pacto se comprometen los estados a garantizarle a todos los individuos que se encuentren dentro de sus respectivos territorios todos los derechos como son los fundamentales (vida, dignidad humana, no torturas, prohibición de penas y tratos crueles, no esclavitud, igualdad, presunción de inocencia, libertad, asilo, entre otros). Así mismo los estados se comprometen a tomar las medidas necesarias para que esto se cumpla (disposiciones legislativas que hagan efectivo el cumplimiento de esos derechos fundamentales). También, asegurar la reparación del daño cuando una persona sea lesionada o le sean desconocidos sus derechos fundamentales.

El órgano de control que tiene la ONU es:

* Comité de derechos humanos: es el órgano que determina si los estados han tomado las medidas apropiadas para cumplir el pacto (adecuación de legislación, si la justicia está cumpliendo). Los mecanismos para que puedan funcionar son:

* Informes: es obligatorio. Es la forma que tiene el estado de presentar informes de gestión del tratado. Se tienen que presentar periódicamente: 1) después de ratificado: a los 2 años, 2) después es cada 5 años. Se presentan los progresos que se han alcanzado como estado, las dificultades para el cumplimiento del tratado. Se presenta al secretario general de la ONU, el cual se encarga de enviarlo al comité de derechos humanos. El comité evalúa el informe y lo hace conjuntamente con el dialogo del representante del estado. El comité realiza comentarios acerca del informe y se lo envía al estado y a los demás estados parte; además deberá ser enviado a la asamblea general y al comité económico y social.

* Sistemas de denuncias estatales: son facultativos u opcionales. Se aplica cuando un estado parte denuncia o reclama el cumplimiento de otro al pacto. Primero se tienen 6 meses para que entre los estados partes lleguen a un acuerdo, si no lo tienen el estado denuncia al otro. La denuncia se hace ante el comité de derechos humanos. El estado denunciado tiene que aceptar la competencia de dicho comité ante la secretaria general de la ONU. Cuando se acepta se tienen 12 meses para que el comité realice los buenos oficios y los estados lleguen a una solución amistosa. Si llegan o no a un acuerdo, el comité presenta un informe con una exposición de los hechos y se los envía a los estados interesados; así mismo al comité económico y social y a la asamblea general.

* Sistemas de denuncias individuales es el sistema que nos compete por ser el mecanismo que permite el acceso a las personas individuales para que el caso sea estudiado por organismos internacionales: son facultativos u opcionales. Son las quejas o denuncias de parte de los individuos. Reclamaciones que hacen las personas afectadas por la violación del pacto de parte del estado. El estado denunciado tiene que reconocer la competencia del comité. La denuncia se realiza ante el comité a través de la secretaria general. Protocolo facultativo del pacto: es un pequeño tratado que modifica o amplia un poco el pacto. Ese protocolo hay que ratificarlo para que el comité de derechos humanos tenga competencia. El estado denunciado tiene que haber ratificado el protocolo facultativo del pacto donde se establece que el estado acepta la competencia del comité de derechos humanos. Si hay ratificación el comité puede entrar a conocer los hechos y explicaciones que del individuo. El comité estudia los hechos, la denuncia, alegaciones y explicaciones; realiza un informe y se lo da a conocer al individuo y al estado denunciado, a la asamblea general y el comité económico y social. El informe es público (publicado por la asamblea general). La eficacia del sistema es la presión política y moral que sufre el estado en la comunidad internacional (no tiene un carácter vinculante).

o Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales: en este pacto los estados que lo ratifican se comprometen a asegurarle a todos los individuos que se encuentren dentro del territorio los derechos a la propiedad, seguridad social, trabajo en condiciones dignas, sindicatos, mejorar el nivel de vida, educación, religión, salud, participar en la vida cultural.

El órgano de control de la ONU es:

* Comité de derechos económicos, sociales y culturales: es el órgano de control que recibe el informe, lo examina y va a decir como el estado está cumpliendo el pacto. Las conclusiones del informe no tienen valor jurídico obligatorio, lo que vale es la publicidad, la presión moral en la comunidad internacional (no tiene sanción internacional ante el incumplimiento del informe). Este comité tiene unos mecanismos de control que son:

* Informes: son obligatorios. Presentados por los estados al comité periódicamente.

Segundo Sistema

O Consejo económico y social de Naciones Unidas (ECOSOC): es un órgano de la ONU. Dentro de este hay una comisión que recibe las quejas de la ONG que tienen carácter consultivo. Cuando se eleva una queja ante el ECOSOC, no se produce una sanción directa al estado.

Tercer Sistema

O Asamblea general de Naciones Unidas: dentro de esta se encuentra el alto comisionado para la promoción y protección de los derechos humanos, mantener el diálogo permanente con los estados para velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

*  la OEA u organización de estados americanos  se constituye actualmente como el medio más efectivo para que los ciudadanos de países miembros podamos acceder a la real protección de los derechos fundamentales al existir la posibilidad de denunciar al estado transgresor de derechos antes la corte interamericana así:

* Comisión Interamericana de Derechos Humanos: órgano principal y autónomo de la OEA creado en 1959. El objeto de esta es promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. Está compuesta por 7 miembros, escogidos por la asamblea general de la OEA. Esta comisión opera en Washington, D.C. Los escogidos

Mecanismos de control:

* Informes: presentados por los estados parte. Es obligación periódica de presentar un informe sobre la manera como ellos están cumpliendo la convención. Presentan el informe para que la CIDH lo examine y formule recomendaciones para el estado.

* Comunicaciones y peticiones: petición de que se están violando los derechos humanos.

O Individuales: la competencia es obligatoria cuando se trata de un individuo (grupo de individuos, ONG), que ha sido vulnerado en sus derechos humanos. Tiene que asumir obligatoriamente el conocimiento de la petición. Si esto prospera para ir a la corte, el estado tiene que aceptar la competencia de la CIDH.

O Interestatales: el estado denunciado debe aceptar la competencia de la CIDH para que reciba la denuncia. El reconocimiento se puede hacer cuando se ratificó la convención o posteriormente cuando se presente una denuncia.

La petición se presentar ante uno de los estados miembros de la OEA porque ha violado los derechos humanos por acción, aquiescencia (consentimiento tácito del estado o de los agentes del estado) o por omisión; en ningún caso se denuncian individuo. Lo que se requiere para que la petición sea aceptada:

1. Que se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna. Primero se debe demandar dentro de un proceso interno y tiene que haber un fallo ejecutoriado.
2. Que no hayan pasado más de 6 meses desde que el estado profirió un fallo definitivo.
3. Que sobre esa petición no esté presente la denuncia en otra corte. Se inadmite cuando hay otro proceso en curso en cortes internacionales.
4. Si es petición individual debe contener: nombre, domicilio, firma, nacionalidad, si tiene representante legal.
5. Si el estado no tiene dentro de su legislación establecido el debido proceso para la protección de los derechos humanos, el presunto lesionado no haya podido acceder a la jurisdicción interna se acude directamente a la comisión o cuando el estado retarda injustamente una decisión.

Cuando llega una petición la CIDH la puede admitir, o inadmitir cuando los hechos o el caso que se le exponga no tenga las características de una violación de derechos humanos consagrados en la convención; cuando la solicitud es manifiestamente infundada; cuando es la reproducción de otra petición que se hizo anteriormente y esta no funciono.

Cuando se admite la petición, la CIDH hace:

1. Solicita información al gobierno del estado al cual pertenece la autoridad que supuestamente violo los derechos humanos. Solicita que le informe y le fija un plazo para que el estado responda.
2. Si el estado envía la información dentro del plazo o no la envía, la CIDH mirara si subsisten o no los problemas. Si el problema dejo de existir, archivara todo el expediente. Si el problema subsiste le informa a las partes que va a asumir el conocimiento del tema y procede a investigar. Les dice a las partes que la CIDH es una especie de mediador para lograr una solución amistosa.
3. Si llegan a una solución amistosa se hace una publicación (CIDH hace un documento donde expone los hechos y las soluciones a las que se llegaron) que realiza el secretario general de la OEA.
4. Si no se llega a una solución, la CIDH redacta un informe donde se dice que no se pudo solucionar. El informe se lo envía a las partes. Las partes tienen 3 meses para mirar como solucionan el problema de conformidad con el informe. En esos 3 meses las partes pueden decir que someten el conflicto a la corte interamericana. También, si no dicen nada las partes, la comisión puede someterlo a la corte interamericana (ella directamente); somete eso a votación de mayoría absoluta de la comisión (5 miembros). Se tienen otros 3 meses para tomar en cuenta las consideraciones de la corte.

* Corte interamericana: creada en 1979. Integrada por 7 jueces (personas de ética versadas en temas de derechos humanos), abogados de los países que pertenecen a la OEA y nombrados por la asamblea general. Elegidos por 6 años y pueden ser reelegidos por 1 sola vez por los mismos 6 años. Las peticiones solo pueden ser interpuestas por los estados parte y la CIDH. Para llegar a la corte se tiene que haber agotado el procedimiento de la comisión. Tiene 2 tipos de competencia:

* Jurisdiccional: tiene competencia jurisdiccional cuando un estado viola los derechos protegidos por la convención interamericana de derechos humanos, la corte le tiene que garantizar el ejercicio de los derechos, que repare a través del proceso las consecuencias y que indemnice por lo sufrido. En casos graves de violación, la corte tiene que tomar medidas provisionales de urgencia para evitar que se violen los derechos humanos. Puede ser requerida por la CIDH para que tome las medidas de urgencia. El proceso termina con un fallo motivado, definitivo e inapelable. Se cumple con el fallo en el propio estado demandado. El fallo tiene que ser notificado a las partes para que puedan cumplir con eso.

* Consultiva: los estados miembros pueden consultarla sobre la interpretación de la convención. También que analice si son compatibles las leyes internas de los estados con la convención (instrumentos internacionales de derechos humanos).

Vemos entonces como los ciudadanos de los países que han ratificado los tratados internacionales de la ONU Y de la OEA contamos con la posibilidad de exigir internacionalmente el cumplimiento de las disposiciones que se encuentran dichos tratados para la protección de los derechos fundamentales reconocidos mundialmente, para que por medio de la intervención de organismos internacionales que a pesar de no contar con el poder jurídico suficiente para obligar a un estado el cumplimiento de los tratados logran crear una presión internacional de tal peso que en la mayoría de las ocasiones los estados acogen los requerimientos que aconsejan estas organizaciones. Además  se tiene la posibilidad acceder a la corte interamericana donde los ciudadanos de lograr un fallo favorable contarían con un título eficaz para obligar el cumplimiento del fallo al estado denunciado, ya que el fallo emitido por esta corte internacional, es definitivo e inapelable.

Derechos de autor en Colombia.

La propiedad recae sobre dos tipos de bienes: los tangibles, como es el caso de los bienes muebles e inmuebles, y los intangibles como la propiedad intelectual.

 La expresión “propiedad intelectual” se utiliza en términos amplios para hacer referencia a todas las creaciones del ingenio humano, y se define como la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades conexas.[1]

[1] ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. El Derecho de Autor y los Derechos Conexos en el marco de la Propiedad Intelectual. El Desafío de las Nuevas Tecnologías. ¿Adaptación o cambio?. Curso de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Quito. 1995.

«Tradicionalmente se ha realizado una división de la propiedad intelectual en dos grandes ramas, a saber, la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor» En virtud de la cual se otorga protección a las creaciones expresadas a través de los géneros literario o artístico, tiene por objeto las creaciones o manifestaciones del espíritu expresadas de manera que puedan ser percibidas, y nace con la obra sin que para ello se requiera formalidad alguna.[1]

[1]  ZAPATA LÓPEZ, Fernando. El Derecho de Autor y la Marca. La Propiedad Inmaterial, Revista del Centro de

Estudios de la Propiedad Intelectual. Universidad Externado de Colombia. Número 2. Primer Semestre 2001. p.10.

DERECHOS DE AUTOR EN COLOMBIA

 Es innegable que la tecnología moderna viene facilitándole el trabajo a las personas que se ganan la vida realizando copias de diferentes tipos de obras fruto de la creación intelectual de determinadas personas, es por esta razón que tanto la legislación internacional como la nacional  vienen evolucionando para garantizarle los derechos a las personas que se ven afectadas por esta actividad ilegal. El objeto principal de protección de los derechos de autor son las obras, entendidas por el derecho como “toda creación intelectual original, expresada en una forma reproducible”, la decisión andina 351 de 1993 se constituye actualmente como la principal fuente de normatividad respecto del derecho de autor y define en su articulado la obra como “toda creación intelectual originaria, de naturaleza artística, científica o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. La obra por ser el eje central de protección en los derechos de autor debe ser definida claramente por la norma, para permitir de esta forma una protección adecuada y acorde a los fines que se persiguen, por esta razón las características en común que debe cumplir la obra son :

1. se debe tratar de una creación intelectual del ingenio humano.
2. Que se innovadora u original, es decir la obra no puede tener margen de confusión, la originalidad es entendida como el sello personal del autor, una vez que mediante esta característica el autor plasma su personalidad y su desarrollo intelectual en la materia determinada.
3. Que la obra tenga carácter artístico o literario, este punto hace referencia a la forma de expresión de la obra, a partir de ahí se logra la individualización de la misma teniendo en cuenta el lenguaje utilizado en su creación.
4. Que a obra sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio.

En nuestro país la ley 23 de 1982 se constituye actualmente como la norma fuente sobre los derechos de autor y en su artículo 2 establece las obras sobre las cuales recae la protección de derechos de autor así:

“Las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer”

La protección legal de las obras nace desde el momento de la creación, sin que sea requisito legal ningún tipo de formalidad jurídica, desde este momento nacen a la vida jurídica dos tipos de derechos que enmarcan esta protección que a saber son:

Derechos morales: facultan al autor para reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra, oponerse a toda deformación que demerite su creación, publicarla o conservarla inédita, modificarla y a retirarla de circulación. Estos derechos se caracterizan por ser intransferibles, irrenunciables e imprescriptibles.

Derechos patrimoniales: son el conjunto de prerrogativas del autor que le permiten explotar económicamente la obra. En ejercicio de estos derechos patrimoniales, los autores o los terceros que por virtud de alguna transferencia sean los titulares de los derechos patrimoniales, tienen la facultad exclusiva, en los términos del artículo 13 de la decisión Andina 351 de 1993 (normativa vigente y aplicable a la materia en Colombia), de: realizar, autorizar o prohibir:

1. La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
2. La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
3. La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
4. La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
5. La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra”.

En el ordenamiento jurídico colombiano estos derechos encuentra garantía legal en dos tipos de acciones que el legitimado por activa puede emprender para lograr la protección de sus derechos, estas acciones pueden ser de orden civil o de orden penal.

Por un lado se dispone de la acción penal. Su regulación se encuentra en el Código Penal, Ley 599 de 2000, Título VIII, Capitulo Único, artículos 270 a 272, que a continuación se relacionan:

• “Art. 270. Violación a los derechos morales de autor”
• “Art. 271: Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos”
• “Art. 272. Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones”

La competencia para conocer de las denuncias e investigar los presuntos delitos contra el derecho de autor, se encuentra radicada en la Unidad Nacional de Fiscalías Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones.

En cuanto a las acciones civiles, debemos recordar que son atendidas por la jurisdicción ordinaria, en este escenario el afectado cuenta con una variedad de medidas civiles que fueron establecidas por el legislador para garantizarle al autor la protección del derecho especifico afectado; estas medidas son:

PROCEDIMIENTOS CAUTELARES: “Existen dos clases de procedimientos cautelares aplicables a los asuntos de derecho de autor: aquellos que se solicitan anunciando demanda, como en el caso de los artículos 244 y 246 de la Ley 23 de 1982, para el secuestro preventivo de toda obra, producción, edición y ejemplares o del producido de la venta y alquiler de tales obras, producciones, edición o ejemplares y del producido de la venta y alquiler de los espectáculos cinematográficos, teatrales, musicales y otros análogos. El evento del proceso cautelar sin demanda ocurre cuando se solicita la interdicción o suspensión de la obra teatral, musical, cinematográfica y otras semejantes. (Artículo 245, Ley 23 de 1982)

PROCESOS EJECUTIVOS: Es posible formular procesos ejecutivos para el cumplimiento de una prestación relacionada con un acto o un hecho vinculados al derecho de autor o los derechos conexos.

PROCESOS DECLARATIVOS: Si en el campo del derecho de autor se busca la imposición de una condena la declaración judicial de un derecho existente pero incierto o la constitución de una nueva situación jurídica al adoptarse una declaración, pueden adelantarse procesos declarativos.

Como la mayoría de las acciones integradas en nuestro ordenamiento jurídico, las acciones para proteger los derechos de autor cuentan con un tiempo límite para impetrarlas ante autoridad competente, en el caso de las acciones penales expuestas anteriormente tenemos el código penal establece que la “acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20). Siguiendo con esta línea tenemos que el código penal en los artículos 270 y 271 indica que las acciones penales por violación a los derechos de autor prescriben a los 5 años, en el caso de la vulneración de los derechos morales de autor y a los 8 años en los casos de violación a los derechos patrimoniales del autor.

En cuanto a las acciones civiles la normatividad colombiana estable la prescripción a los 10 años de la acción ordinario y la ejecutiva a los 5 años.

De esta manera queda claro como a pesar de que en nuestro país la piratería se ha convertido en un negocio más por optar de muchas personas desempleadas, existe una amplia normatividad activa que va desde convenciones de rango constitucional hasta normatividad civil y penal que ampara a toda persona a la que se le han vulnerado sus derechos de autor. A pesar de la legislación existente, es claro que la aplicación real y efectiva de las normas protectoras de los derechos de autor  en nuestra sociedad, presentan  aun una variedad de dificultades que deben ser resueltas con urgencia para ubicar el desarrollo intelectual y creativo de nuestro país a la altura de la competencia actual que se vive en el mundo desarrollado.

Es de vital importancia la protección  de  la creación  y del creador  dado su desarrollo  intelectual , en caso de no proteger  se estaria perdiendo el estimulo y motivaciòn para seguir desarrollando su actividad  innovadora  y creadoras y no lograrian seguir percibiendo   una remuneración económica que se deriva de la  creación y utilización de las obras.

 

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